Aragonès afirma que si Borràs militara en ERC se la suspendería

ERC redobla la presión contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que está a un paso de apertura de juicio por presunto fraccionamiento de contratos al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no se ha mordido la lengua este lunes y ha afirmado que los delitos que forman parte de la instrucción judicial contra Borràs "son los que son". "Lo que le puedo decir es lo que haríamos en ERC. Se pondría la institución por delante y se le apartaría. Se defendería su inocencia y si se resolviera de manera favorable se la restauraría en sus responsabilidades", ha añadido Aragonès en una entrevista a 'Onda Cero'. El presidente también ha remarcado que es "muy diferente" la acusación contra Borràs que otros casos relacionados con el 1-O.

Un mensaje contundente que contrasta con las palabras que pronunció la semana pasada durante la sesión de control al Govern. Entonces Aragonès evitó decir con precisión qué debería hacer Borràs, pero sí que envió un primer mensaje: "Estoy seguro de que todo el mundo tomará la decisión que convenga más a la vocación de servicio público", afirmó intentando no abrir un nuevo terremoto en una causa judicial que tensa las relaciones ERC-Junts desde que se abrió la investigación judicial a Borràs.

Los republicanos ya han dejado claro en más de una ocasión que la causa contra Borràs no es política sino que está relacionada con la corrupción. De hecho, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, afirmó el domingo en una entrevista a El Periódico, que si fuera ella quien se encontrara en la situación de Borràs, se haría "a un al lado mientras dure el proceso judicial", un extremo que la presidenta del Parlament ya ha rechazado, como manifestó en la comparecencia de la semana pasada.

En una entrevista el sábado en el programa FAQS de Tv3, Borràs contraatacó exigiendo que no solo no se le aplique el artículo 25.4 del reglamento de la cámara, que prevé la suspensión de la condición de diputados a quienes le abren juicio oral por delitos vinculados a la corrupción, sino que opinó se tendría que "anular". La presidenta del Parlamento argumentó que este artículo representa un "problema democrático" porque vulnera el derecho fundamental a la "presunción de inocencia" e imputa al parlamentario la condición de corrupto antes del juicio. "El 25.4 en un parlamento democrático se tiene que anular", insistió. Estas palabras marcan el terreno de juego a ERC y la CUP, que todavía no han dicho qué quieren hacer. También está la posibilidad de aplicar a Borràs el artículo 25.1 del mismo reglamento, que habla de suspender los diputados con un juicio oral abierto pero que no especifica por qué delitos.