No hacía mucho tiempo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto, cuando el profesor Marc Carrillo, catedrático de derecho constitucional en la UPF y gran experto en la historia jurídica contemporánea de España, nos avisó, en una reunión de trabajo del Grupo de Investigación sobre las Épocas Franquista y Democrática (GREFD-UAB; actualmente, Grupo de Investigación sobre las Dictaduras y las Democracias, GReDD-UAB), que todo aquello que hacía referencia a la lengua catalana en el ámbito público salía profundamente tocado. Dicho en términos no jurídicos, en este ámbito de la sentencia del TC se había impuesto el nacionalismo español más radical y retrógrado, aquel que siempre ha mantenido, desde los tiempos imperiales (volvidos a la actualidad y por los cuales el rey Felipe VI no tiene que pedir perdón porque, como escribía una novelista muy querida en España, sus antecesores les trajeron el urbanismo, las alcantarillas y alguna otra cosa) hasta nuestros días (¡más de 500 años!), que la nación se fundamenta en la lengua y la religión; es decir, la lengua castellana y el catolicismo más rancio. Caído en desgracia el catolicismo, quedaba (y queda) la lengua. El resultado final estaba cantado.

Una simple pregunta a ChatGPT (“¿Cuál es la cantidad aproximada de sentencias desfavorables a la lengua catalana que ha habido durante la democracia?”) nos da una respuesta bastante larga y, sobre todo, desalentadora. La IA no se atreve a dar un número concreto, pero distingue: si nos ceñimos a sentencias que han limitado políticas de normalización del catalán, sobre todo en el ámbito educativo y administrativo, la cifra se mueve entre las veinte y treinta sentencias contra la lengua catalana. Sin embargo, si ampliamos el foco (que se ha de ampliar) a interlocutorias y resoluciones consideradas menores (medidas cautelares, ejecuciones de sentencia, etc.) la cifra se eleva fácilmente a “diversas decenas” de decisiones judiciales contrarias al catalán dictadas durante la democracia, es decir, de 1978 en adelante. Los ámbitos sobre los cuales inciden las sentencias que limitan el uso del catalán son, en su mayor parte, el sistema educativo, seguido de normativa lingüística autonómica, requisitos lingüísticos a funcionarios, uso institucional y rotulación. Resumiendo, un esfuerzo judicial sostenido en el tiempo para minimizar o borrar la presencia de la lengua catalana de los espacios públicos, sobre todo en la escuela. Que la diversidad lingüística sea atacada políticamente, vilipendiada en los medios de comunicación y perseguida judicialmente e incluso policialmente casi como si fuera un delito es una situación inaceptable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad democrática y de sentido común. Es, rasgo y corto, una vergüenza.Los jueces son personas que han sido capaces de ganar las oposiciones a juez, y por tanto son perfectamente capaces de comprender que el catalán es la lengua de Cataluña, con todo lo que ello comporta. Otra cosa es que decidan no aceptarlo. Los razonamientos falaces que intentan presentar el castellano como si fuera una lengua en peligro a causa de la inmersión lingüística en catalán son exactamente iguales (igual de impresentables) que aquellos que dicen que las reivindicaciones feministas son un peligro para los hombres, o que la integración de los inmigrantes hace peligrar la continuidad de las culturas y las sociedades occidentales. Son expresiones de supremacismo, y eso es lo que hacen los togados que segregan jurisprudencia contra una lengua oficial y tan plenamente merecedora de respeto como cualquier otra: escupir supremacismo a golpe de sentencia. Utilizar la justicia y ponerla al servicio de una ideología política, en este caso la del nacionalismo español de estado.

Nueva resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el catalán en las aulas y nuevo revés para los intereses del catalán. El TSJC ha emitido una sentencia en la que se posiciona en contra de considerar al catalán como única lengua que garantiza la cohesión del aula. Y lo hace estimando parcialmente un recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asamblea por una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB). Esta entidad espanyolista denunció la resolución publicada en la web del departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat del mes de junio titulada Documentos para la organización y gestión de los centros. Organización del centro. Curso 2025-2026.

Puntual como un regalo de cumpleaños, el TSJC tuvo la deferencia de hacer coincidir la fiesta nacional con el anuncio de la anulación de gran parte del decreto que pretendía blindar el catalán en las aulas.

Para celebrar e incentivar la Diada con coherencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya "ha anulado buena parte del decreto de régimen lingüístico que el gobierno de Pere Aragonès aprobó para blindar al catalán como lengua vehicular en la escuela y evitar que se puedan implementar porcentajes lingüísticos", leemos en el ARA. El grupo Asamblea por una Escuela Bilingüe (que se presenta en el mundo con un nombre no muy bilingüe) pedía su anulación y lo ha conseguido. El presidente de la Generalitat ha dicho: "No vamos a permitir que nadie haga uso político de la lengua, porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia. El catalán debe seguir siendo lengua inclusiva, propia y transversal del país y la escuela".

Nuevo revés de la justicia a una de las decisiones del gobierno de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el veto que en 2021 el Ayuntamiento de Barcelona impuso a la construcción de una franquicia del Museo del Hermitage en un solar en la nueva bocana del puerto. Según la sentencia que ha avanzado El País, el proyecto del museo cumplía con los requisitos urbanísticos y contaba con la viabilidad económica necesaria y, por eso, los magistrados consideran que la negativa del gobierno municipal (con Barcelona en Comú al frente) afectó de forma arbitraria a los derechos de la promotora.

Todo el mundo tiene la mirada puesta en los altos tribunales, los que acaparan los grandes casos de relevancia política. Pero en Cataluña los jueces son un verdadero problema, no por una cuestión ideológica ni de interpretación de las leyes sino, básicamente, porque hay demasiados pocos. Entre 2016 y 2023 han crecido un 41% el número de casos que llegan a los tribunales catalanes, pero, en cambio, el número de magistrados que deben atender estos expedientes sólo ha crecido un 6%. Los juzgados de buena parte de Catalunya están en el umbral del colapso y, según reclama el departamento de Justicia de la Generalitat, haría falta cien juzgados nuevos, de los que confía en que se podrían crear la mitad en los próximos dos años.

Hace un par de años, las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya afianzando la obligatoriedad de ofrecer el 25% de las clases en castellano certificaron el final formal del sistema de inmersión en la escuela catalana, que había recibido una vez fatal con la sentencia del TC sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. El final sustantivo, en muchos centros del país, se había ido incubando ya desde algunos años antes, cuando el sistema de inmersión empezó su retroceso práctico. Resumiendo, la inmersión fue una historia de éxito durante un par de décadas, desde su inicio, impulsado por familias del área metropolitana de Barcelona que querían enseñanza en catalán para sus hijos. Y ha decaído en las dos últimas décadas por motivos variados.

Portazo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el último intento de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por frenar la apertura de juicio oral por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En un auto dictado este lunes, el tribunal ha rechazado por segunda vez la petición de la líder de Junts para apartar al juez instructor de la causa, Carlos Ramos, y el abogado de la presidenta de la cámara, Gonzalo Boye, ya no presentará más recursos. En cualquier momento a partir de ahora, pues, el magistrado puede enviar a Borràs al banquillo de los acusados, lo cual implicaría que se activara –si así lo acuerda la mesa del Parlament– el mecanismo previsto en el reglamento para la suspensión de los diputados que se enfrentan a juicios por corrupción.