Caso Borràs
Política 25/07/2022

Todos los escenarios que el caso Borràs abre en el Parlament

La apertura de juicio oral aboca a la cámara a un periodo de incertidumbre

4 min
La presidenta del Parlamento , Laura Borràs, durante la sesión de control  al Gobierno   del 20 de julio.

BarcelonaEn cualquier momento el juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya puede abrir juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes. Y esto no solo tendrá implicaciones en el campo procesal –sentará a Borràs en el banquillo de los acusados–, sino que aboca a la presidencia de la cámara catalana a un periodo de incertidumbre sin precedentes. A continuación explicamos todos los escenarios que se pueden producir una vez se notifique el juicio oral, lo cual puede ser esta misma semana o si no en septiembre.

Decisión en la mesa

Si la mayoría decide que es corrupción, se tiene que suspender

La Fiscalía ha dejado fuera del escrito de acusación contra Borràs los delitos de malversación y fraude, pero ha mantenido los de prevaricación y falsedad documental. A partir de aquí la mesa tiene que decidir si esto son delitos de corrupción: si la conclusión es que sí, tiene que aplicar “de forma inmediata” la suspensión, puesto que así lo determina el artículo 25.4 del reglamento del Parlament. A pesar de que la prevaricación forma parte del grupo de delitos de corrupción según la clasificación que hace el Consejo General del Poder Judicial, desde la presidencia del Parlament mantienen que se trata de un caso de “represión política” y defienden que, una vez ha caído la malversación, la oposición tiene más razones para desvincular el caso de la líder de Junts de la corrupción y no aplicar el artículo 25.4. El resto de partidos, sin embargo, no van por aquí: si mantienen el mismo criterio que hasta ahora –lo han definido como un asunto de corrupción– tendrán que acordar la suspensión de los derechos y deberes de Laura Borràs de forma automática que se le abra juicio oral. Una decisión que incluso se podría acordar solo con los votos de los dos representantes de los socialistas en la mesa –Assumpta Escarp y Ferran Pedret–, puesto que no se requieren mayorías cualificadas y Borràs no podría votar (ver el texto vinculado). Junts tendría tan solo un voto, el de la secretaria segunda, Aurora Madaula, y solo podría ganar la votación si contara con el apoyo de Esquerra y la CUP. Una mayoría que ahora mismo parece difícil porque republicanos y cupaires ya han pedido a Borràs que dimita.

Dictamen en comisión

El caso se puede trasladar al Estatuto de los Diputados

Si se expresaran “dudas” alrededor de los delitos de los que se acusa a la presidenta del Parlament –sobre si son o no corrupción–, el artículo 25.4 establece que hace falta un dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que ahora mismo preside el diputado de Junts Jaume Alonso Cuevillas. El contenido de este dictamen se tendría que negociar con el resto de partidos y podría dictar su suspensión o eximirle del 25.4. Ahora bien, tendría que aprobarse con el voto de la mayoría para que sus conclusiones fueran válidas.

Suspensión en el pleno

Podría ser apartada sin vincularla a la corrupción

Fruto de la negociación política, se podría decidir también vehicular el caso de Laura Borràs a través del artículo 25.1 del reglamento, que especifica que se puede suspender a un diputado cuando es firme el acto de juicio oral si lo acuerda la mayoría absoluta del pleno. Esta opción la puede activar un grupo o la misma Borràs a través del artículo 25.2. A través de este artículo evitaría la suspensión automática por corrupción y tendría más opciones de salvarse: es una vía que requiere la mayoría absoluta del pleno, de forma que para apartarla ERC o la CUP tendrían que votar igual que la oposición.

Diputación permanente

El juicio puede llegar en periodo de vacaciones en la cámara

Si el juez abriera juicio oral a finales de esta semana, el Parlament tendría que recoger el caso en periodo vacacional: los quince primeros días de agosto están fuera del periodo de sesiones y no hay actividad parlamentaria. ¿Quién podría decidir, pues, sobre la presidenta del Parlament? En este tiempo se podría reunir la mesa de la diputación permanente –una especie de pleno reducido durante las vacaciones– y, por lo tanto, es quien tendría que abordar el caso. Ahora bien, no está claro que tenga las facultades de suspender a un diputado –el reglamento las atribuye a la mesa habitual– y durante estos días tampoco se podría convocar la comisión del Estatuto de los Diputados ni está previsto ningún pleno. El Parlament tendría que esperar al menos hasta la segunda quincena de agosto o hasta septiembre para reunir a la comisión, y hasta el 27 de septiembre para hacer el pleno, puesto que es el primer pleno previsto volviendo de vacaciones, para celebrar el debate de política general.

Presidencia vacía

La suspensión podría no implicar la renuncia al cargo

Si Borràs acaba suspendida como diputada, la incertidumbre seguirá. La suspensión es una medida temporal; por lo tanto, mantendría el acta de diputada y también el cargo de presidenta de la cámara si no renuncia explícitamente –así lo interpretan desde su entorno–. Así, mientras durara la suspensión tampoco se podría escoger otro presidente del Parlament y la cámara se adentraría en un interinaje sin plazos claros. Sería la vicepresidenta de la cámara, Alba Vergés (ERC), quien podría asumir de forma temporal sus facultades, pero esta interpretación es discutida por algunos grupos: creen que si Borràs es suspendida se tiene que elegir una nueva presidencia para que pueda ejercer de pleno derecho como segunda autoridad del país.

La presidenta no podrá votar sobre su propia suspensión
  • De cara a votar la suspensión de la presidenta del Parlament será clave la correlación de fuerzas. Ahora bien, en esta discusión, ya sea en la mesa, en la comisión del Estatuto de los Diputados o en el pleno, no podrá participar Laura Borràs. ¿Por qué motivo? Hacerlo, admiten desde su entorno, sería incurrir en un “conflicto de intereses”. Así se desprende del reglamento del Parlament: “Hay conflicto de intereses cuando un diputado tiene un interés personal directo o indirecto que puede influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes como diputado de manera íntegra”, dice el artículo 16, que también establece la obligación de los parlamentarios de comunicarlo a la mesa antes de participar en un debate o una votación.
  • Cuando se votó sobre el caso de Pau Juvillà –si mantenía o no el escaño–, la misma Borràs usó este argumento para rechazar la delegación de voto del diputado 'cupaire' en un momento en el que podía contradecir a la Junta Electoral Central, que retiró el acta a Juvillà después de ser condenado por desobediencia.
  • Así, si el caso de Borràs se dirime dentro la mesa del Parlament, ahora mismo solo tendría un apoyo claro, el de la secretaria segunda de la mesa, Aurora Madaula (JxCat), de forma que sería imprescindible el apoyo explícito de ERC para evitar su suspensión.
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