El juez Manuel García-Castellón asegura que vive muy contento desde que se jubiló hace dos meses. Dice que sabe ocupar su tiempo libre y este miércoles asiste a la escuela de guerra del ejército para recibir una medalla con distintivo de oro que otorga la asociación Dignidad y Justicia: una entidad dirigida por Daniel Portero, hijo de 'un exfiscal asesinado por ETA, Luis Portero, que actúa como acusación popular en causas sobre terrorismo. Una de ellas, cómo no, fue la del Tsunami Democrático, archivada abruptamente –"por desgracia", lamenta él– como consecuencia de un error procesal del magistrado. García-Castellón agradece el premio y, especialmente, se congratula por haberlo recibido de manos de "mi amigo Daniel".

Siguiendo la tradición hispánica de dejar que de los tiranos se encargue el tiempo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha llegado al final de su lamentable carrera: a base de cumplir años le ha llegado, inexorablemente, la jubilación.

El juez Manuel García-Castellón está ya jubilado. El magistrado de la Audiencia Nacional que ha ido investigando, entre otras causas, el caso Tsunami Democrático, cuelga la toga después de que este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya haya publicado su jubilación forzosa. García-Castellón cumple 72 años el próximo 16 de octubre, la edad máxima en la que podía presidir el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pero pidió adelantar la fecha de la jubilación a este lunes. Lo que hoy publica el BOE es el acuerdo que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptó a finales de junio para dar cumplimiento a la petición.

La oposición a la ley de amnistía cuando está en manos de los tribunales tiene nombres y apellidos. ¿Quiénes son los magistrados que firman las resoluciones que ponen trabas a la aplicación de la norma?

Mientras la amnistía se abre paso con penas y trabajos por los distintos juzgados salvo para los líderes del Proceso, lo ocurrido con la causa de Tsunami Democrático que se investigaba en la Audiencia Nacional supera todos los límites del descrédito judicial. Todo el mundo sabía que las acusaciones por terrorismo no tenían ninguna base, pero que al final la causa haya caído por un error de forma (pedir la prórroga de la instrucción fuera de plazo) y no por efecto de la amnistía o por la corrección de una instancia superior hace pensar que, o bien Manuel García-Castellón es una persona incapacitada técnicamente para hacer de juez, o bien considera que ya ha cumplido la misión que tenía encomendada, que no era otra que torpedear el pacto de gobierno entre Pedro Sánchez y los independentistas. La consecuencia más directa del archivo es que posibilitará el regreso a Catalunya de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de seis años en el exilio suizo. Y también de una serie de activistas como el periodista Jesús Rodríguez o Josep Campmajó, que se vieron implicados a última hora en ese montaje judicial.

La novedad es que, esta vez, es la justicia española misma la que reconoce, aunque sea implícitamente, la existencia del lawfare. La guerra sucia judicial es un abuso de poder antidemocrático, y sin embargo recurrente en la democracia española: recordemos las torturas y juicios de parte en el País Vasco durante la guerra policial y judicial contra ETA, o las razias contra independentistas en la Cataluña olímpica, o la impunidad de los GAL, o el cierre del diario Egunkaria, o los jóvenes de Altsasu, o las falsas acusaciones contra dirigentes de Podemos y otras organizaciones de la izquierda española, o la impunidad de la que han disfrutado, a menudo, los grupos violentos de extrema derecha, o, por supuesto, la larga y delirante persecución judicial contra los independentistas catalanes del Proceso.

Hace dos años Manuel García-Castellón pidió una prórroga extraordinaria de su jubilación para continuar al frente del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional el máximo permitido por ley, es decir hasta los 72 años. Por último, se retirará cuando aún no los haya cumplido, un mes y pico antes. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves la petición formulada por el magistrado de adelantar al 2 de septiembre el momento de poner fin a su carrera judicial. La retirada del polémico magistrado, instructor del caso Tsunami Democrático, estaba prevista el 16 de octubre, cuando García-Castellón cumplirá los 72 años que le obligan a renunciar.

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democrático ha quitado hierro al tercer revés que ha recibido de Suiza. Manuel García-Castellón mantiene que es "terrorismo" pese a la opinión contraria de las autoridades helvéticas. No lo ha dicho en ningún auto, que es la vía por la que se expresa habitualmente, sino en unas declaraciones hechas en Zaragoza, donde este lunes ha impartido una charla sobre el papel de la Audiencia Nacional en la democracia española. "Que cada uno diga lo que quiera. En la legislación suiza opinan eso, en la española otra cosa y cada uno sigue su camino", ha afirmado en una atención a los medios.

Ni 24 horas después de las elecciones en Cataluña, Manuel García-Castellón reactiva la causa de Tsunami Democrático en la Audiencia Nacional y cita a declarar a 10 de los investigados por terrorismo el 22 de mayo. Es decir, el miércoles de la próxima semana, aún sin la ley de amnistía aprobada. En un auto de este lunes por la tarde, ordena la comparecencia de Marta Rovira (ERC), Oleguer Serra, Oriol Soler, Marta Molina, Jesús Rodríguez, Xavier Vendrell, Jaume Cabaní y Josep Lluís Alay a través de videoconferencia y desde Barcelona . Sin embargo, algunos de ellos están en el exilio. En el escrito no se hace referencia a Josep Campmajó, otro de los imputados que se encuentra en Suiza, aunque el juez le corregirá en breve y también se le cita. En cuanto a Nicola Flavio Giulio Foglia, el magistrado reclama que las autoridades italianas le localicen y pueda declarar desde allí.

La Guardia Civil, fuente de toda imputación presuntamente terrorista a las movilizaciones independentistas, para ahora los pies en el juez de Tsunami Democrático, Manuel García-Castellón. El magistrado de la Audiencia Nacional quiso buscar indicios contra la plataforma por unas protestas durante una visita de Felipe VI a Catalunya que ni siquiera sabía cuándo ni dónde se produjo, pero el instituto armado ha investigado y no ha encontrado nada. "Los reyes de España acabaron visitando el monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona, y no consta ningún incidente", asegura la Guardia Civil en un informe del 19 de abril que le había reclamado García-Castellón.

Por muy multitudinarias y disruptivas que fueran, aunque consiguieran bloquear una infraestructura crítica como el aeropuerto de Barcelona y que llegaran a desbordar a los cuerpos policiales, cualquier observador externo lo tendrá claro: las protestas convocadas por Tsunami Democrático nunca fueron terrorismo. El DIEC es diáfano. Dice que terrorismo es un "movimiento político que utiliza el terror basado en la violencia como herramienta de presión". Que el Código Penal español y las interpretaciones que realizan algunos jueces se hayan retorcido hasta el extremo de desdibujar los límites jurídicos del término terrorismo no cambia su realidad, ni su semántica. Si alguien duda, el nivel de alerta antiterrorista en España puede servir de prueba del algodón: antes de las protestas del 2019 estaba en el nivel 4 sobre 5, durante las protestas continuó en el mismo sitio y luego tampoco cambió. Las amenazas terroristas reales provienen del yihadismo y de la ultraderecha, y poner a Tsunami Democrático a su nivel es grotesco a ojos de cualquier ciudadano de un país occidental.

A mes y medio de la aprobación definitiva de la amnistía, la causa contra Tsunami Democrático suma un nuevo exiliado: es el miembro de la junta directiva de Òmnium Oleguer Serra, que se ha instalado en Suiza ante el riesgo que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón le envíe a prisión. "Llevo casi seis meses en el exilio perseguido por mis ideas y porque soy un independentista catalán", ha explicado Serra en una declaración con el resto de la junta de la entidad en Perpiñán y exdirigentes como Jordi Cuixart. Lo ha hecho junto a su presidente, Xavier Antich, quien ha denunciado la "persecución política" tras el caso Tsunami y ha anunciado que la entidad pone en marcha una campaña para convertir el exilio en una "estrategia de trabajo internacional".

Al día siguiente que el Tribunal Supremo citara a declarar Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio, ha llegado un movimiento en la misma línea de la Audiencia Nacional para quienes no están aforados. En concreto, una providencia del juez Manuel García-Castellón con fecha de este lunes sigue los mismos pasos del alto tribunal en la persecución del caso Tsunami Democrático y pide facilitar un domicilio en el que sean localizables en apenas 24 horas. Éste es un paso imprescindible para poder citar a declarar a los imputados, entre los que figuran personalidades como la dirigente de ERC Marta Rovira, el periodista Jesús Rodríguez o el jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, que hace un par de meses sufrió una hemorragia cerebral.

El espionaje a móviles de personas vinculadas al independentismo se ha alargado, como mínimo, hasta febrero de 2022. Así lo revela un auto del polémico juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso el ARA, que puso fin a las diligencias previas 104/2017, la causa secreta que ha servido para investigar a gran escala el independentismo en los últimos años. De este caso original habrían surgido el resto que pilota la Audiencia Nacional. "Las intervenciones [telefónicas] interesadas no superan las exigencias establecidas en la ley", argumentaba el magistrado, que consideraba que era necesario "ponderar" esta intromisión con la posibilidad de esclarecer los hechos que se indagaban. En esta resolución, de 9 de mayo de 2022, se explica que la investigación se abrió a raíz de la huelga del 8 de noviembre de 2017, en la que los Comités de Defensa de la República (CDR) bloquearon las estaciones del AVE de Sants y Girona, así como las principales carreteras del país. Fue una protesta por el encarcelamiento de los líderes del Proceso.

No es que sea ninguna sorpresa, pero este lunes nueve jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo rechazaron el recurso de la Fiscalía sobre Tsunami Democrático, presentado contra la decisión del juez García-Castellón de investigar a esta organización por terrorismo, con Carles Puigdemont como supuesto líder y cerebro malvado oculto dentro de las tinieblas. La Fiscalía objetaba que no veía delito de terrorismo, sino de desórdenes públicos. Pero, finalmente, la Audiencia Nacional y el Supremo han decidido hacer suyas las tesis de García-Castellón y salir adelante con la investigación por terrorismo, con las obvias derivadas políticas que esto supone. El propósito de desestabilizar (aún más) el ya de por sí inestable escenario político, y de hacerlo en detrimento del gobierno de Pedro Sánchez ya favor del PP, es, en estos momentos, indisimulado. Y la voluntad de seguir asimilando el independentismo catalán con el crimen y la delincuencia, y perseguirlo judicialmente con ensañamiento y afán de venganza y de imposición de castigos ejemplares, manifiesta.

Manuel García-Castellón tiene vía libre para mantener su tesis de terrorismo en la investigación de Tsunami Democrático. La sala penal de la Audiencia Nacional ha avalado la línea que sigue el magistrado instructor de la causa, tal y como ya hizo el Tribunal Supremo hace diez días. Los tres jueces que componen la sección tercera rechazaron el recurso de Oriol Soler, uno de los investigados, que había pedido que se archivara. La fiscalía se había adherido a la petición. La decisión de la sala penal de la Audiencia Nacional llega después de que el Supremo decidiera quedarse la parte de la causa que afecta a Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, debido a que son aforados, y avalara el relato de García-Castellón en relación con los indicios de terrorismo.

Como viene siendo habitual, pocas horas antes de que la amnistía haga, previsiblemente, un paso adelante en el Congreso de los Diputados, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón mueve ficha en la causa de Tsunami En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez pide a la Policía Nacional que indague sobre la presencia de espías rusos en Catalunya entre 2014 y 2019. Lo hace a petición dos policías heridos durante las movilizaciones de Urquinaona contra la sentencia del Proceso, que están presentes en la causa de terrorismo como acusación particular.

La Agencia de Seguridad Aérea (AESA) asegura que la acción de Tsunami Democrático del día en que se conoció la sentencia del Proceso, el 14 de octubre del 2019, no puso en riesgo a personas ni aviones. Un cubo de agua fría para el juez Manuel García-Castellón, que busca datos que avalen su tesis de que los actos de ese día en el aeropuerto de El Prat son una forma de terrorismo. El informe, al que ha tenido acceso el ARA, es la respuesta precisamente a la petición del juez de la Audiencia Nacional. El ente recuerda que no se notificó ningún hecho de que se pudiera considerar un "suceso" como tal, el que el Sistema de Notificación de Sucesos describe como "cualquier evento relacionado con la seguridad que ponga en peligro o que, en caso de no ser corregido o abordado, pueda poner en peligro una aeronave, sus ocupantes o cualquier otra persona”.

La fiscalía del Tribunal Supremo, a través de la magistrada María Ángeles Sánchez Conde, ha llegado a la conclusión de que no existen indicios de terrorismo contra Puigdemont. Un tema que lleva días marcando la agenda con destacado protagonismo de Manuel García-Castellón y otros jueces abanderados del trascendentalismo judicial. Mezclar terrorismo y proceso de independencia es una tentación por la que algunos se dejan arrastrar con demasiada facilidad. La nación como realidad que trasciende a la política no deja de ser una herencia de lo sagrado: la definición de un ámbito de pertenencia que se sitúa por encima de la condición humana y opera imperativamente sobre ella. Como todo referente trascendental sirve para justificar lo mejor y lo peor.

Es el juez de moda en las causas relacionadas con el Proceso como antes lo fueron Marchena, Llarena o Ramírez Sunyer. Desde la Audiencia Nacional es quien sustenta la tesis del terrorismo en las movilizaciones que siguieron a las condenas del Tribunal Supremo a los presos políticos. Manuel García-Castellón acepta su papel de estrella del rock y esta semana le hemos visto abuchear a Suiza por la falta de colaboración en el caso de Tsunami Democrático. Pero también le hemos visto mentir.