Confieso que no tenía claro si la sala de admisiones del Tribunal Supremo (TS) asumiría la investigación de los aforados del caso Tsunami. Tiento a pensar ingenuamente que alguien que es honesto profesionalmente no se deja arrastrar por su fanatismo, especialmente si puede caer en el ridículo ante alguna instancia que le enmiende la llanura. Pero soy consciente de que este activismo judicial desenfrenado no ha cedido hasta ahora aunque el TS sabe desde hace tiempo que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se cargará su creativa sentencia del 2019. De hecho, en estos momentos, la derecha judicial española no está motivada por ganar batallas judiciales en Estrasburgo, es consciente de ser una autarquía judicial tras los reveses sufridos en Bélgica, Alemania o Suiza, y lo que quiere es infligir el mayor dolor posible a los beneficiarios de la futura ley de amnistía.
Se han sentido desautorizados, primero por el Gobierno que decidió los indultos y después por el legislador que reformó el Código Penal y que ahora se atreve a aprobar una ley de amnistía a partir de una alianza grotesca de socialistas e independentistas irredentos. No nos engañemos: como buenos nacionalistas españoles no han dejado de percibir el proceso soberanista no sólo como una crisis constitucional, sino sobre todo como una desviación trágica del auténtico ser de España que les impele a ellos a actuar y suplantar poder político para impedir que se pueda pasar página así como así. Y no se esconden, como el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, a partir de ahora carne de recusación para decir que la ley de amnistía no es un elemento de pacificación sino de discordia. O el propio García-Castellón, que ha reprochado a las autoridades judiciales suizas de actuar con un "sesgo político".
Pero había buenas razones para esperar una decisión ponderada del Supremo, ya que la exposición razonada (sic) del juez García-Castellón –un estómago agradecido del PP y un narcisista exacerbado– era un cúmulo de despropósitos, en parte desautorizados por las pruebas practicadas a instancia del propio juez estrella, que han evidenciado que las supuestas acciones terroristas estaban al mismo nivel de las tractoradas de estos días, por ejemplo, el informe de la Agencia de Seguridad Aérea que ha certificado que no se pusieron en peligro en El Prat ni los aviones ni las personas. Desgraciadamente, a partir de ahora todas las manifestaciones que impliquen desórdenes o algún elemento de violencia –un tractorista atropelló a un guardia–, el acceso “de forma irregular” a espacios públicos relevantes o la producción de “daños patrimoniales” en bienes públicos encajan en el tipo delictivo de terrorismo del artículo 573 del Código Penal. No hacen falta muertes, eso sí. Los de Manuel Marchena tienen el buen gusto de no incorporar el tema del ciudadano francés fallecido de un infarto. Sólo habrá que añadir de forma más o menos voluntarista el ánimo de subvertir el orden constitucional o al menos alterar gravemente la paz pública. Más o menos en la línea de la célebre pifia de Pablo Llarena cuando se dirigió a los jueces alemanes para reclamar la extradición de Puigdemont, comparando el proceso con la invasión del aeropuerto de Berlín, que, para los jueces teutones, claro , no pasaba de unos meros desórdenes públicos. Y en fin, cabe decir que tampoco ha ayudado el posicionamiento tardío de la teniente fiscal del Supremo, las idas y venidas de la Fiscalía diciendo que había terrorismo y después que no, y la intervención extemporánea del fiscal general del Estado ( “¿de quién depende?”). Sea como fuere, el Supremo dice que “no hay ninguna, ninguna duda” de que los hechos del Tsunami del 2019 son terrorismo y que les dirigía Carles Puigdemont, exactamente lo contrario de lo que ha dicho la Oficina Federal de Justicia Helvética por rechazar localizar a Marta Rovira afirmando que se trata de meras conjeturas.
Veremos qué ocurre con la instrucción de la causa en el Supremo, en manos de una magistrada de signo progresista. De momento, esto no debe resquebrajar la posibilidad de un acuerdo definitivo sobre la futura ley, que veo bien encaminado. Todo el mundo acabará recogiendo cable en el Congreso antes de pasar a la grotesca disputa del Senado durante dos meses. Para empezar, sin embargo, los conservadores españoles se han puesto en marcha un disparo en el pie. Pidieron la intervención de la Comisión de Venecia y ésta dijo que ningún país de la UE excluye el terrorismo de la amnistía. Y ha hecho un informe a petición del Senado, cuyo borrador he podido leer, que avala la existencia de la ley de amnistía, que considera legítima y plenamente respetuosa con los estándares internacionales y una herramienta política y constitucional útil para superar conflictos políticos o sociales, que en ningún caso afecta a la separación de poderes. Las recomendaciones que formula la Comisión terminarán cumpliendo todas ellas: la exclusión de los delitos de terrorismo de la amnistía no se hará depender de la existencia de sentencia firme, se reforzará la conexión entre la amnistía y el proceso independentista y está garantizada una amplia participación de todos los actores políticos, incluida la oposición, en su tramitación parlamentaria.
