Profesores, excursiones y agresiones en las aulas
Cada cierto tiempo, el debate educativo vuelve al mismo punto: el aumento de conflictos en los centros y la creciente sensación de desprotección del profesorado. El último estudio del sindicato español STEs-I, según el cual el 83% de los docentes percibe un incremento de las agresiones verbales y físicas por parte del alumnado, ha reactivado un relato ya conocido: el de la escuela como espacio en crisis permanente.
Que la mayoría del profesoradopercibaun aumento de la conflictividad es relevante pero no equivale automáticamente a un incremento generalizado de la violencia. Es imprescindible que el departamento de Educación facilite datos públicos, homogéneos y accesibles sobre los casos de conflicto registrados en los centros. No por fiscalizar a los docentes ni por alimentar relatos alarmistas, sino por valorar hasta qué punto la percepción creciente de conflictividad se corresponde –o no– con la evolución real de los hechos. Sin series históricas comparables, tipologías claras de conflicto y contextualización, el riesgo es confundir sensación con explicación.
Sin embargo, existe un hecho incontestable: la sensación de intemperie profesional. Si algo evidencia la reiteración de los datos sobre agresiones es que el conflicto escolar no se está resolviendo a pesar de la proliferación de protocolos, planes de convivencia, comisiones y guías de actuación. El problema, por tanto, no es la falta de instrumentos: es otra cosa más incómoda.
Durante años, el sistema educativo ha erosionado progresivamente a la autoridad docente sin sustituirla por un modelo alternativo funcional. Se ha confundido autoridad con autoritarismo, norma con imposición, límite con represión. El resultado no ha sido una escuela más democrática, sino una escuela con autoridad difusa y responsabilidades concentradas. El profesorado, hoy, debe gestionar conflictos cada vez más complejos, mediar en situaciones emocionales y familiares, aplicar protocolos garantistas, documentar cada decisión por miedo a la impugnación y, al mismo tiempo, sostener el clima de aula y los resultados académicos. Todo ello sin un apoyo institucional claro y con la percepción de que cualquier decisión firme puede girarse en su contra.
Los protocolos parten de buena intención, pero comparten un defecto estructural: actúan cuando el conflicto ya ha estallado, no cuando se puede prevenir. Además, desplazan la responsabilidad al centro y al docente individual, mientras la administración se reserva la supervisión formal. El mensaje implícito está claro: gestiona el conflicto, pero no te equivoques. Así, el docente deja de ser una autoridad institucionalmente sostenida y se convierte en un gestor de riesgos.
Leído en clave institucional, el fenómeno está aún más claro. Cuando un sistema concentra los costes (jurídicos, emocionales, reputacionales) en el docente que ejerce la autoridad, pero no garantiza beneficios claros ni protección efectiva, genera un conjunto de incentivos perversos. En este contexto, evitar la exposición no es carencia de vocación, sino una respuesta racional.
Esta fragilidad se hace especialmente visible fuera del aula. El reciente anuncio de que muchos profesores dejarán de participar en salidas escolares como forma de protesta ha reabierto un debate que llevaba tiempo manteniéndose latente sobre los límites reales de la responsabilidad docente. La reciente protesta apunta a una tensión más profunda: hasta qué punto el sistema educativo sigue dependiendo de la disponibilidad personal de los docentes para sostener funciones que van más allá del aula. En algunos centros, esta tensión ya se ha traducido en una creciente dependencia de monitores externos para asumir parte de estas actividades.
Delegar el control del alumnado a empresas especializadas envía un mensaje implícito difícil de ignorar: el sistema reconoce que ya no apoya los docentes para ejercer la autoridad. Paradójicamente, el monitor externo puede imponer límites claros y consecuencias inmediatas, no porque tenga mayor legitimidad pedagógica, sino porque no está sometido al propio entramado administrativo, emocional y jurídico. En la práctica, es una forma de transferir el riesgo fuera del sistema público. El conflicto así no desaparece: se desplaza.
No hay más conflicto para que el alumnado sea peor que antes. Hay más conflicto porque el sistema ha renunciado a sostener límites claros y previsibles, dejando solos aquellos que deben aplicarlos. Porque cuando un sistema educativo penaliza a quien asume responsabilidades y no protege a quien pone límites, el resultado es previsible: retirada, externalización y ruido. La convivencia no se construye sólo con diálogo: necesita de normas comprensibles, consecuencias conocidas y autoridad institucional. Sin esto, no hay democracia escolar: hay fatiga organizativa. No existe inclusión: hay desgaste.
