El corredor sur de Cercanías, uno de los más tensionados de la red ferroviaria catalana, no deja de acumular disgustos. Este mes de marzo se ha hecho público que una de las obras primordiales que ayudaría a mejorar la capacidad y la fluidez de trenes en este tramo de la R2 Sur, la cuadruplicación de las vías entre Castelldefels y El Prat, ha quedado nuevamente varada y ahora ya se aleja hasta más allá del 2030. ¿El motivo? Un cambio de criterio del ministerio de Transportes ha hecho que esta obra vuelva a la casilla de salida: los trámites administrativos más iniciales deben volver a empezar de cero, lo que hace que el calendario quede en papel mojado.

El Congreso de los Diputados ha votado este jueves a favor de recuperar los criterios de las indemnizaciones por los retrasos a la alta velocidad y larga distancia de Renfe. En concreto, gracias a los votos de Vox, Junts, ERC, Podemos y el BNG, ha prosperado una enmienda del PP a la ley de movilidad sostenible, en el que se recuperan los criterios originales que fijan las compensaciones a los usuarios del AVE en el caso de retrasos superiores a 15 minutos.

Dentro de cinco semanas termina la gratuidad de los billetes de Renfe. Las bonificaciones que se establecieron para paliar los efectos de la inflación hace tres años decaen, ya partir de julio habrá que volver a pagar. El pasado febrero, el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, ya explicó en el Parlament que a partir del verano la gratuidad dejaría paso a una tarifa plana de 20 euros por viajar con Cercanías. Pero a falta de sólo pocos días para la puesta en marcha del nuevo sistema tarifario, ya hay usuarios que consideran que generará un "agravio comparativo" entre municipios. ¿El motivo? Pues que aquellas poblaciones a las que no llega Cercanías —aunque sea por pocos kilómetros— tendrán que pagar cuatro o cinco veces más por hacer sólo un poco más de trayecto, una o dos paradas más.

Tres horas de reunión y diez acuerdos sobre la mesa. La Generalitat, el gobierno español y los presidentes de Adif y Renfe han salido de la reunión de urgencia de este domingo -convocada ayer por el departamento de Territori- con un listado de medidas que deberían ayudar a mejorar el servicio de trenes en Catalunya o, como mínimo, evitar el caos en la movilidad ferroviaria vivida en los últimos siete días.

Que funcionen los trenes es un mínimo. No es ningún lujo, es una necesidad diaria de cientos de miles de personas. Y no puede ser tan difícil que vayan bien. No se trata de poner a un hombre en la Luna, ni de enviar una nave a Marte, ni de descubrir el remedio contra el cáncer. Estamos hablando de que funcione una red regional de trenes en un país de la Unión Europea. Debería ser lo más normal del mundo, pero no lo es. En Cercanías de Catalunya no lo es.

José Luis Ábalos es el principal señalado políticamente por el escándalo de corrupción que protagoniza su exasesor en el ministerio de Transportes Koldo García. El PSOE ha limitado el foco en el exministro durante la pandemia, cuando García, persona de su máxima confianza, habría aprovechado su cargo para enriquecerse ilícitamente con la contratación de emergencia para adquirir material sanitario. Ahora bien, el de Ábalos no es el único nombre de un responsable político que se ha relacionado con las compras de mascarillas que se investigan en la Audiencia Nacional y el PP ha aprovechado para ampliarlo a otros cargos socialistas . Qué hilo ata al caso al exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa; la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol; ¿el expresidente canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska?

El problema de la AP-7 no se ha resuelto. La autopista continúa atrayendo a muchos más vehículos que cuando tenía peajes y, en consecuencia, los accidentes siguen aumentando. El último caso es un camionero que murió cuando volcó este lunes a primera hora de la mañana, en Fogars de la Selva, y dejó la AP-7 cortada en dirección a Girona buena parte del día. Desde enero 20 personas han muerto en esta vía: suponen casi el 20% de las 103 víctimas mortales de este año en las carreteras catalanas. Por eso el Servei Català de Trànsit (SCT) hará llegar una nueva propuesta al ministerio de Transportes, propietario de la autopista. Quiere que la velocidad máxima pase de 120 km/h a 100 en 10 tramos que han tenido dos o más accidentes con muertos o heridos graves.