La nueva ley de movilidad sostenible: más bicis, reducir los vuelos cortos y recuperar los trenes nocturnos
El estado saca adelante una batería de medidas para reducir la contaminación en el transporte
BarcelonaManteniendo la tendencia de esta legislatura, el gobierno español ha conseguido llevar adelante este miércoles en el último momento la ley de movilidad sostenible de la que dependía la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos. La nueva norma busca descarbonizar el transporte, digitalizar al sector y reconocer la movilidad como derecho ciudadano.
Uno de los puntos más llamativos es la reducción de los vuelos cortos. En este sentido, el ministerio de Transportes impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración inferior a 2,5 horas, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. También se estudiará la recuperación de los trenes nocturnos, algo que no acaba de convencer a los operadores por el alto coste que suponen, en comparación con los trenes convencionales, donde un mismo asiento puede venderse más de una vez durante el día.
La ley obliga a las ciudades a fomentar la movilidad activa, es decir, a pie y en bicicleta, pero también la movilidad en transporte público y los vehículos cero emisiones. En este sentido, para fortalecer el sistema de transporte público se creará un mecanismo de financiación estable.
Con la expansión del comercio electrónico y el impacto que tiene en las urbes, la norma también aboga por la ciclologística y optimizar los repartos para evitar saturar las calles y realizar viajes fallidos. También contempla la regulación de los vehículos automatizados en el sistema de transportes. Por otro lado, ante episodios de alta contaminación, los gestores de las infraestructuras y las autoridades estatales podrán decidir el cierre de la circulación en carreteras o restringir el acceso de determinados vehículos.
A escala empresarial, la ley de movilidad sostenible incluye que las empresas de más de 200 trabajadores, tanto públicas como privadas, dispongan de un plan de movilidad sostenible. Un trámite que también tendrán que afrontar los grandes centros de actividad (polígonos industriales y empresariales) y que tendrán que revisar, al menos, cada cinco años. Asimismo, se da un año a los municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 por dotarse de un plan de movilidad sostenible. La norma también impulsa la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE).
También se quiere que las empresas avancen hacia una movilidad más sostenible con la implantación de autopistas ferroviarias para mercancías. El ministerio de Transportes elaborará un plan de autopistas ferroviarias en aquellos corredores en los que sea viable y exista interés empresarial, además de crear un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para el tráfico de mercancías.
Para todo ello se creará un nuevo sistema de cogovernanza: el Sistema General de Movilidad Sostenible, inspirado en otros sistemas nacionales como el Sistema Nacional de Salud. Será la matriz de organismos que controlarán que los municipios cumplen sus obligaciones y creen y ejecuten sus planes de movilidad sostenible, y contará con nuevos instrumentos como, por ejemplo, para analizar datos.
Movilidad eléctrica
El Estado quiere ponerse las pilas en la movilidad eléctrica, una cuestión que no acaba de convencer a los conductores. Para impulsarla, la norma contempla la instalación de puntos de recarga y estaciones de recarga eléctrica rápida y ultrarrápida, conocidas como electrolineras. Ésta es una demanda de fabricantes de automóviles como Seat.
Por otro lado, el gobierno español prevé que puertos y aeropuertos también se electrifiquen. En este sentido, antes del 2030, los puertos tendrán que garantizar el suministro de energía eléctrica a barcos y embarcaciones atracados, en línea con el proyecto de electrificación que hace años que ha puesto en marcha el Puerto de Barcelona. Por otro lado, los aeropuertos deberán suministrar electricidad a las aeronaves estacionadas en remoto y utilizadas en operaciones de transporte aéreo comercial para embarcar pasajeros o cargar mercancías.
