Este jueves ha hecho tres semanas que Dani Gallardo debería estar en prisión. Pero ese joven andaluz de 25 años desobedeció la orden judicial y decidió no ingresar voluntariamente en un centro penitenciario. Es el primer activista condenado por el Proceso. También lo primero que puede beneficiarse de la ley de amnistíapero mientras no llega esta medida de gracia ha decidido esconderse. En la primera entrevista que concede a un medio desde que la justicia dictó la orden de búsqueda y captura a principios de marzo, Gallardo explica los motivos de su fuga y cómo afronta vivir en la clandestinidad. No lo hace en persona, sino respondiendo a un cuestionario que le ha hecho llegar gente de su entorno.

La ley de amnistía ha quedado aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, si bien aún le queda un periplo de dos meses en el Senado con el misterio de cómo lo aplicarán después los tribunales. Ahora bien, ya se divisan algunos beneficiados inmediatos en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El artículo 4.a de la ley marca cuáles son los efectos prioritarios: "La inmediata puesta en libertad de quienes se encuentren en prisión" y "la inmediata retirada de cualquier medida cautelar". De momento, todavía no hay nuevos presos políticos vinculados al Proceso, pero dos activistas están a punto de pasar a serlo una vez el Tribunal Supremo ya ha confirmado las condenas de Dani Gallardo, en Madrid, y de Adrián Sas, en Barcelona.

Esta semana ha estado marcada por la aprobación de la ley de amnistía en la comisión de justicia del Congreso de los Diputados, circunstancia que ha coincidido con la orden de búsqueda y captura de Dani Gallardo, el activista gaditano condenado a raíz de las protestas contra la sentencia del Proceso. Pesan contra él cuatro años de cárcel por desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y delito leve de lesiones por "pegar con un bastón a un policía". Gallardo fue uno de los manifestantes en la convocatoria de Madrid de ese octubre del 2019 que quiso solidarizarse con el independentismo. De hecho, estuvo un año y un mes en prisión preventiva, en un período "muy duro", según su entorno. Tras haber agotado todas las vías legales contra la sentencia de la Audiencia de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, Gallardo no quiso entrar en prisión voluntariamente y la policía ya lo busca.

La Audiencia de Madrid ha movido ficha después de que Dani Gallardo desobedeciera la orden judicial que la semana pasada le requirió que ingresara voluntariamente en prisión. La sección 23 ha acordado este miércoles ponerlo en búsqueda y captura. El chico gaditano de 25 años, condenado por las protestas contra la sentencia del Proceso en la capital del Estado, tenía como límite el pasado jueves para ingresar en un centro penitenciario para cumplir la condena de cuatro años por desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y delito leve de lesiones por pegar con un palo a un policía. Según confirmó al ARA el Colectivo de Defensa de Represaliadas a finales de la semana pasada, Gallardo descartó entregarse voluntariamente.

A la espera de Adrián Sas, que en menos de dos semanas sabrá si debe entrar o no en la cárcel, Dani Gallardo ya debería haberlo hecho este jueves. Pero el joven gaditano de 25 años, detenido durante las protestas por la sentencia del Proceso en Madrid, no se entregó voluntariamente, según confirmó al ARA el Colectivo de Defensa de las Represaliadas. La Audiencia Provincial de Madrid le notificó la semana pasada que a partir de este lunes tenía tres días para ingresar voluntariamente en prisión, pero Gallardo no lo ha hecho ni tiene la intención de hacerlo. "Ninguna persona de nuestro colectivo se entregará voluntariamente", deja claro Carol Aguilar, miembro de este colectivo. Fuentes judiciales confirmaron a este diario que todavía no se ha activado la orden de búsqueda y captura y que se tramitará en los próximos días. "No nos lo han notificado, supongo que el lunes", confirma Aguilar.

La amnistía está monopolizando el debate sobre la investidura de Pedro Sánchez y las conversaciones entre los partidos independentistas y el PSOE se centran en la fórmula para acabar con la represión posterior al 2017. Una amnistía que partidos y entidades soberanistas quieren que incluya a todos los represaliados . También los jóvenes encausados por las movilizaciones posteriores al 1-O. De hecho, siete jóvenes ya tienen sentencia firme y podrían entrar en prisión en los próximos meses si sus recursos no prosperan y la medida de gracia no llega antes.