Dos meses después de que el Tribunal Supremo inhabilitara el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados, el gobierno español tramita una primera petición de indulto total. Según ha avanzado El País y ha confirmado el gobierno español, el ministerio de Justicia ya ha pedido al Supremo que emita un informe sobre la medida de gracia después de que la solicitaran dos particulares.

Hay sentencias tramposas y sentencias que en sí mismas son una trampa. La sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general es de las segundas. Este tribunal, haciendo gala de su gran preparación y del alto nivel jurídico de algunos de sus miembros, ha redactado una decisión en apariencia técnicamente sólida, pero que falla cuando va a la esencia de lo que debe resolver.

Diecinueve días después de anunciar el veredicto, finalmente el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia en la que justifica por qué ha inhabilitado dos años al fiscal general del Estado. Considera que Álvaro García Ortiz cometió un delito de "revelación de datos reservados", ya que, para los magistrados que la firman –cinco de los siete que conformaban el tribunal– existe un conjunto de pruebas "sólidas" para afirmar que él "o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" filtraron a los periodistas Ayuso en el que pedía un pacto y reconocía el delito de fraude fiscal. Es sorprendente que después de tantos días la sentencia esté llena de condicionales y suposiciones que los magistrados consideran indicios claros. Que aparezca la expresión "o su entorno" ya parece demostrar que exactamente no han podido averiguar quién lo hizo, y en otras partes de la sentencia indican también que el hecho, por ejemplo, de que borrara los mensajes de WhatsApp de ese día es, para ellos, una prueba que quería esconder lo que había hecho. En este sentido, resultan preocupantes tantos condicionales y también el tono general de la sentencia. Sobre todo porque el voto particular de las dos magistradas progresistas desmonta estos argumentos asegurando que, de hecho, no existen pruebas claras que incriminen directamente a García Ortiz.

El lenguaje jurídico es a menudo técnico y difícil de entender, pero se asume que es necesario que lo sea para cumplir con la exigencia de concreción que se presupone en las sentencias de los jueces –especialmente cuando son condenatorias–. Por eso sorprende que en el caso del fiscal general los magistrados del Tribunal Supremo recurran a un ejemplo que ellos mismos consideran "simple" para explicar, lisa y llanamente, por qué han condenado a Álvaro García Ortiz. "El cirujano plástico que ha operado a una celebridad, cuyo cambio físico ha generado un debate público sobre si su nuevo aspecto es fruto o no de una intervención quirúrgica o cualquier acto médico, nunca podrá participar en la polémica confirmando o desmintiendo la realidad de esta operación. Si lo hiciese, incurriría en responsabilidad criminal". Se entiende que el fiscal general es el cirujano y que Alberto González Amador es el paciente que se ha hecho un retoque estético. El mismo caso, explica la sentencia, se aplicaría si se revelaran datos médicos de un enfermo.

Teresa Peramato será la nueva fiscal general del Estado. El nombre de esta veterana fiscal especializada en violencia de género ha trascendido en medio de la polémica por los motivos que han llevado al gobierno español a tener que sustituir a Álvaro García Ortiz: una condena por revelación de secretos del Tribunal Supremo. El consejo de ministros de este martes ha iniciado los trámites para nombrarla formalmente entre críticas de la derecha por sus formas, pero sin que los conservadores hayan descalificado el perfil de una profesional considerada de prestigio. En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Bolaños ha destacado el "compromiso feminista" y la "vocación de servicio público" de Peramato, así como su "extraordinaria formación jurídica". También ha alabado una vez más su predecesor, cuya salida se produce a regañadientes. El nombramiento de su sustituta no será inmediato y la intención del Ejecutivo español es que hasta que no se concrete, García Ortiz se mantenga en el cargo. Fuentes del gobierno español confían en que los plazos de ambas cosas coincidan porque, por mucho que el Supremo pueda notificar antes la sentencia que le inhabilita durante dos años, "no será ejecutiva de inmediato".

El fiscal general del Estado no ha esperado a la notificación de la sentencia que le condenará por revelación de secretos –aún no está redactada– y ha renunciado este lunes por la mañana al cargo. Álvaro García Ortiz ha enviado una carta a primera hora al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que le pide que le cese "sin esperar ni siquiera a conocer la motivación" de la decisión del Tribunal Supremo, que adelantó la semana pasada que le inhabilitará durante dos años por la filtración de un correo en el que la pareja. En el texto, el fiscal asegura que su paso a su lado "es un acto debido no sólo al ministerio fiscal, sino a toda la ciudadanía española". García Ortiz evita así alargar su ineludible despedida y abre la vía para que el gobierno español haga público su relevo, que todavía es una incógnita. "Hemos puesto ya en marcha el mecanismo para el nombramiento del nuevo fiscal", ha explicado Pedro Sánchez desde el encuentro del G-20 en Angola. El presidente español no concretó si lo dejarán resuelto en el consejo de ministros de este martes, pero dijo que habrá novedades "en un breve espacio de tiempo".

Fin al silencio. Tres días después, el presidente español, Pedro Sánchez, ya se ha pronunciado sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, subiendo el tono del choque con el poder judicial y encomendándose al Tribunal Constitucional para que corrija "algunos de los aspectos de la sentencia". "Nosotros hemos sido siempre respetuosos con la independencia del poder judicial; han sido otros los que han hablado de controlar por la puerta trasera la sala segunda del Tribunal Supremo", ha afirmado este domingo en una rueda de prensa desde Johannesburgo, donde participa en la cumbre del G-20. Con este dardo en el PP por el control del alto tribunal del que presumió el senador popular Ignacio Cosidó, se ha diferenciado y ha aprovechado para hacer una crítica implícita en la sala de Manuel Marchena que ha decidido la condena. "Acatamos, aunque no compartimos la sentencia", ha continuado, reiterando el mensaje verbalizado por la Moncloa desde el jueves.

La condena al fiscal general del Estado ha provocado un estruendo a la política española. La inhabilitación de dos años para Álvaro García Ortiz es un duro golpe para el presidente español, Pedro Sánchez, que ha defendido su inocencia hasta el final. De ahí se entiende que no se haya querido referir explícitamente al acto con motivo del 20-N en el Congreso, en el quincuagésimo aniversario de la muerte de Franco. Defendió, en todo caso, la "libertad de prensa" ante "tiempos complejos para el periodismo" mientras existen "abusos de poder" y "campañas de desinformación".

Si el juicio en sí mismo ya era bastante insólito, la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación ya indemnizar a Alberto González Amador –es decir, a su muerte institucional– aún ha sido más sorprendente. El resultado es que ha triunfado la estrategia del asesor y hombre fuerte tras Isabel Díaz Ayuso, el polémico Miguel Ángel Rodríguez, que incluso Aznar cesó por demasiado radical cuando era portavoz de su gobierno. Rodríguez, ayudado por la prensa y la judicatura afín a sus postulados, ha logrado el cese del fiscal y existe la posibilidad tras esta sentencia de que el juicio a la pareja defraudadora de Ayuso acabe en nada si se considera que se vulneraron sus derechos.

La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es de las que marcan un período, una etapa de la vida del Estado y de las relaciones entre sus instituciones. Habrá que ver el razonamiento de la sentencia, por supuesto, pero ya de entrada el hecho mismo de que el fiscal haya sido considerado autor de un delito implica una corrección impuesta al gobierno de Pedro Sánchez, que había defendido su inocencia. Por otra parte, aquí se juzgaba la conducta de la Fiscalía por desmentir una manipulación informativa. Lo que hizo García Ortiz fue salir al paso de una mentira que comprometía la credibilidad de su gestión. La falsa noticia era que el ministerio público había detenido una negociación con el empresario Alberto González Amador –denunciado por fraude fiscal– siguiendo instrucciones recibidas desde altas instancias, es decir, desde el gobierno. Se añadía que el intento de acuerdo había sido inicialmente impulsado por los fiscales, cuando en realidad lo había pedido la defensa.

El juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo ha quedado visto para sentencia después de seis sesiones que no sirvieron para resolver la gran pregunta de la causa contra Álvaro García Ortiz. ¿Quién filtró el correo con información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Analizados los hechos a la vista oral, las acusaciones han insistido en culpar al máximo responsable del ministerio público, para quien piden entre seis y tres años de cárcel. Ahora bien, la defensa de García Ortiz replicó que "no tienen base probatoria". "No hay prueba", ha insistido el abogado del estado Ignacio Ocio este jueves, a lo largo de la exposición de las conclusiones finales con las que han terminado estas dos semanas de juicio. Ocio proclamó que García Ortiz es "inocente" y advirtió de que "se ha criminalizado la actividad constitucional" del fiscal general, que tras la declaración de ayer como único acusado ha rechazado hacer uso del turno de última palabra.

La defensa que hizo el presidente español, Pedro Sánchez, el domingo en El País, de la "inocencia" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha enervado a la derecha, que considera que es una forma de "presionar" al Tribunal Supremo. Nada más lejos de la realidad, según Moncloa. Este martes la portavoz del gobierno español y titular de Educación, Pilar Alegría, se reafirmó en que "no hay pruebas" para condenar al fiscal general del Estado, y lo dijo en base a los distintos testigos que desfilaron por el juicio al Supremo. Si la semana pasada un periodista deEldiario.es ya le exculpó, asegurando categóricamente que García Ortiz era "inocente" y que no era la fuente que le facilitó el correo filtrado, otros dos periodistas apuntalaron esta versión en la cuarta jornada de juicio. El periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, que publicó en la noche de la filtración el contenido del mensaje del 2 de febrero de 2024 con información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, también ha desvinculado al máximo responsable del ministerio público.

Este último trimestre del año es tan intenso que, al final, un juicio de los llamados históricos, lo que tiene lugar contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está quedando en parte diluido en una tormenta de noticias políticas y judiciales. La dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón; el inicio de conversaciones entre el PP y Vox por pactar su sustitución; el libro del rey emérito –lleno de autojustificaciones y de acusaciones a terceros–, y la ruptura del pacto de investidura con Pedro Sánchez, anunciado por Junts, se han disputado espacio y atención a la vista oral en curso contra el fiscal.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este viernes el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se le investiga por los delitos de fraude fiscal, falsedad documental, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal por haber defraudado a la Hacienda pública casi 351.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 mediante varias facturas falsas.

1. Éste es un lunes importante, judicialmente. España vivirá una sacudida política de la que se hablará durante tiempo. Se juegan mucho tanto el PP de Mazón y Ayuso como el PSOE de un Pedro Sánchez que vivirá un día clave con el fiscal general del Estado sentado en el banquillo. En Valencia, Maribel Vilaplana tendrá la clave, como testigo, para aclarar minuto a minuto qué ocurrió en El Ventorro, fuera del restaurante y en el parking donde Carles Mazón le habría acompañado tras un festín del que no hemos visto la factura. La periodista, que como testigo no puede mentir, debería hoy desvelar toda la zona de oscuridad de Mazón, sobre esos 40 minutos en los que el presidente de la Generalitat Valenciana no miró el móvil y no cogió el teléfono a su consellera de Emergencias, que le llamaba con insistencia. La misma semana del funeral de estado por las 229 personas que murieron en Valencia hemos sabido que Salomé Pradas era consciente, desde las 13.56 h, de que el mayor peligro vendría por el barranco de Poio. La irresponsabilidad de no hacer lo suficiente para avisar a la gente cuando tocaba no solo debería hacer dimitir a Mazón, aunque sea un año después, aunque sea porque los gritos de los familiares de las víctimas le han removido el alma, sino que debería hacerle pagar judicialmente su pena. Podía evitar muchas muertes y estaba, por así decirlo, de sobremesa. Que él no esté ni imputado clama en el cielo.

El Tribunal Supremo acogerá en las próximas dos semanas uno de los juicios con los que PP y Vox quieren acorralar a Pedro Sánchez y que supondrá una puesta en escena del choque de la derecha con la Moncloa. No es la culminación de ninguna de las investigaciones en su entorno personal sino que se trata del caso empleado por los conservadores para ejemplificar que la "degradación institucional" de la que culpan al líder socialista ha llegado a unos límites nunca vistos hasta ahora en democracia. Lo cierto es que la situación que se dará a partir del lunes en el alto tribunal es inédita. Será la primera vez que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo de los acusados ​​en el ejercicio del cargo. El futuro de Álvaro García Ortiz, que fue nombrado directamente por el gobierno español, estará marcado por las seis sesiones que tendrá el juicio por revelación de secretos. Habrá que ver si se puede determinar si fue él quien filtró a la prensa el correo con información confidencial de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Aparte de las consecuencias políticas que pueda tener una condena, el fiscal general se enfrenta hasta seis años de cárcel. Repasamos quien es quien de este juicio.

En estas páginas ya hemos recordado en otras ocasiones que el 2 de noviembre del 2017, la entonces secretaria general de ERC, Marta Rovira, avisó de que lo que la justicia española, de la mano del PP, hacía contra el independentismo –encarcelar a todo un gobierno–, algún día se giraría contra el PSOE. Que ese momento ha llegado se vuelve a demostrar con el inicio del juicio en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un punto álgido de la guerra que la cúpula judicial española dominada por la derecha inició contra Pedro Sánchez cuando pactó una amnistía con Junts a cambio de mantenerse en el poder. Ejecutivo, porque sería inadecuado no especificarlo.

Esta legislatura pasará a la historia política del país como una etapa llena de paradojas, posiblemente como resultado de la contradicción inicial. Tiene todo el sentido del mundo que gobierne quien puede reunir a una mayoría parlamentaria, pero las cosas habrían sido bien distintas si hubiera accedido al poder el PP, como partido más votado. La queja permanente de Feijóo, desde que fracasó en su debate de investidura, lo ha contagiado todo, en especial en el mundo judicial, logrando el deterioro progresivo de las condiciones en las que se ha tenido que desarrollar la acción de gobierno. Ya se sabe que las líneas paralelas, si se encuentran en algún sitio, está en el infinito. Y ha sido así, en paralelo, como han ido avanzando los caminos de los socios del pacto para hacer presidente a Pedro Sánchez, hasta llegar a un punto en el que nada resulta ya pronosticable. Ni cómo y cuándo acabará la legislatura, ni cómo y cuándo llegarán a su plazo los procedimientos judiciales que mantienen el PSOE en suspenso.

El Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En dicho correo electrónico, González Amador confesaba que había estafado Hacienda y pedía un pacto para reducir su pena.

En todo ese alboroto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a veces se pierde de vista la cuestión principal. Es decir, que la acusación es de haber filtrado un correo –real y verídico–, en el que un delincuente confiesa que ha estafado a Hacienda y pide un pacto para reducir su pena. A García Ortiz no se le acusa de prevaricar ni de apropiarse de dinero ajeno, ni de utilizar su cargo para enriquecerse. Lo que, por ejemplo, sí figura en el informe del juez contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que no sólo está investigado por cambiar leyes para beneficiar a determinadas empresas sino que además, públicamente, hacía ostentación de que conocía la situación fiscal de sus contrincantes, y también de los correligionarios. Es decir, revelaba secretos que igualmente no podía revelar, o amenazaba con hacerlo.