Reunión "de alto nivel" en el Palau de la Generalitat para tratar la eterna crisis en Rodalies. El presidente Salvador Illa y la consejera Sílvia Paneque han recibido este jueves por la mañana al ministro de Transportes Óscar Puente, al secretario de Estado del ramo, José Antonio Santano, y a los presidentes de Renfe, Adif y Rodalies de Catalunya en una reunión que Puente ha calificado de "monográfica". ¿El tema? Los problemas de Rodalies. A la salida, el ministro ha admitido que entiende el malestar de los usuarios y les ha prometido que todo "mejorará".

Hay personas que administran sus silencios y las hay que administran tuits compulsivos en las redes. Es el caso del socialista Óscar Puente, que vive muy a gusto en su papel de enfant terrible del consejo de ministros, azote ocurrente del PP y animador de Pedro Sánchez. De los problemas diarios de Rodalies o de los cientos de personas que la alta velocidad ha dejado en la Estación de Sants, a él qué le explicas. El otro día escribió: "No saben cómo arreglarlo [...]. El sacrificio siempre lo piden a los mismos". Se refería a Feijóo, pero si no supiéramos que está negado para la autocrítica habríamos pensado que estaba hablando de él mismo, porque, en efecto, no saben cómo arreglarlo, y el sacrificio siempre lo piden a los mismos trabajadores que cada mañana tienen que jugar a la ruleta de la lotería del tren.

Este desastre de Rodalies y Adif en Cataluña ya no va de un problema de inversión que requiere años de obras para recuperar décadas de desatención. El problema es que Rodalies no es una entidad real con un proyecto común, sino un conjunto disperso de vías, catenarias, trenes, sindicatos, empresas y gobiernos, todos solo pendientes de su trozo. A riesgo de que sea demasiado pronto para la metafísica, el problema de Rodalies en Cataluña es que no tiene alma. Los que trabajan allí con espíritu de servicio no deben tener poder, y los que tienen poder no deben tener espíritu de servicio.

Después de la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez, las televisiones españolas han incrementado el nivel de crispación política. Incluso Ana Rosa Quintana, que lleva años exigiendo el final de la legislatura, cuando llegó el momento parecía enfadada. Hace tantos meses que está indignada por cualquier decisión de Sánchez que el día que se hacían realidad sus deseos no sabía modificar su estado de ánimo. Qué difícil es detener la rueda del hámster informativa cuando llevas tantos años empujándola por inercia.

El Partido Popular ya enfanga la precampaña electoral. Y la estrategia escogida, habitual entre las derechas, es optar por las redes. Este lunes, el mismo día en que Pedro Sánchez adelantaba las elecciones generales al 29 de noviembre, el PP publicaba un vídeo en X contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. El tuit era una respuesta a un post del socialista en el cual aseguraba que Feijóo "ya sentía el miedo". La reacción de los populares fue publicar un vídeo de cuando el ministro se rompió el cuádriceps en el año 2023: "Miedo tenías tú a un esguince", escribieron.

La derecha y la extrema derecha españolas están dispuestas a torpedear la llamada ley de nietos, la disposición que el gobierno español incluyó en la ley de memoria democrática para que los descendientes de exiliados puedan obtener la nacionalidad. La cruzada política del PP y Vox contra el texto legislativo, que califican de instrumento de Pedro Sánchez para alterar el censo electoral, ha saltado a los tribunales y el Supremo ya ha bloqueado el derecho a voto de los nuevos nacionalizados. Pero esta no es la única derivada política y judicial de la ley. En el blanco de las críticas, y de las querellas, está el nombre de Sofía Puente, fiscal de carrera, alto cargo del gobierno español y, también, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El gobierno español ha anunciado que asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Las recientes rencillas y tensiones entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el rey Felipe VI, han vuelto a poner bajo el foco la compleja convivencia entre la Jefatura del Estado y el ejecutivo. No es un fenómeno nuevo. El historiador Charles Powell recordaba cómo el expresidente del gobierno español, José María Aznar, llegó a marginar deliberadamente al rey emérito Juan Carlos I en visitas de Estado de gran relevancia internacional, generando enormes recelos en la Zarzuela. Estas fricciones evidencian una realidad ineludible del sistema político español: teóricamente, el monarca y el presidente del gobierno deben llevarse bien por fuerza, ya que prácticamente ningún acto del rey tiene validez sin la aprobación del ejecutivo.

Desde que hay gobierno de coalición en España, las críticas de ministros de Sumar en contra del rey se han producido hasta el punto de que ya forman parte de la normalidad, como también los plantones en actos oficiales de la casa real. Ahora bien, este no es el caso de los ministros socialistas. De hecho, la parte socialista del gobierno estatal siempre ha defendido acérrimamente al jefe de Estado, también ante las críticas de la derecha y la extrema derecha de determinados discursos o acciones, teniendo en cuenta que todo lo que haga Felipe VI debe estar refrendado por el gobierno español. Con todo, esta semana ha emergido una crisis repentina entre el gobierno español y la Corona que supone un giro de guion, después de una dura crítica de un ministro socialista como Óscar Puente, uno de los principales escuderos del presidente español, Pedro Sánchez, por una fotografía reciente del rey con el agitador de extrema derecha Javier Negre en Colombia, en el marco de la investidura del nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella.

Los incendios que asolan el sur de Madrid, Toledo y Ávila de forma totalmente descontrolada no han traído una tregua entre el gobierno español y el ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Después de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso solicitara el jueves por la noche la declaración de emergencia nacional "por la gravedad y la simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas" y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporase a los servicios de extinción, este viernes el ministro Óscar Puente ha cargado contra los gobiernos populares por esta manera de afrontar los incendios forestales.

Después de una semana atónitos con el caso Zapatero y la causa que apunta a una trama dentro del PSOE, los socialistas contraatacan. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado al Congreso comparecer para informar sobre "la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas". Es decir, para hablar de los escándalos que rodean su partido. Así informan fuentes del gobierno español, que aseguran que no tienen "nada que ocultar" y ningún problema para tratar, si el PP lo quiere, las causas que afectan al PSOE y también las del PP, como la Kitchen, que está en pleno juicio. En el PSOE se han conjurado para resistir en la Moncloa. La comparecencia no tiene fecha aún, pero será después del 19 de junio, cuando habrá el próximo Consejo Europeo del cual Sánchez también quiere dar cuentas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha reunido este jueves a primera hora con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat para tratar la situación en la que está inmerso el servicio de Cercanías de Renfe en Cataluña desde la crisis abierta en enero, con los accidentes de Adamuz y Gelida. Se trata del primer encuentro entre ambos dirigentes desde que estalló la crisis ferroviaria, hace casi tres meses. Puente e Illa cerraron esta reunión aprovechando que el ministro está en Barcelona para asistir a la primera edición de los premios literarios Aena, gala celebrada el miércoles por la noche.

Las obras en el túnel ferroviario del Garraf, en la R2 Sur, empezarán este mes de marzo, según ha anticipado el ministro de Transportes, Óscar Puente, este lunes. Puente recordó que se trata de una mejora de la infraestructura ya licitada y contratada, pero que si no se había empezado a ejecutar era porque la Generalitat había valorado que antes había que actuar de urgencia en otras líneas de la red de Cercanías. El calendario de actuación en este tramo de la R2 Sur, sin embargo, ya no se pospondrá más, ha explicado Puente durante un desayuno informativo organizado en el Ateneo de Madrid.

Anoche, Carles Puigdemont se cobró una factura importante. Tal y como les explicamos ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón (a él, a Comín ya Ponsatí) y estableció que el Parlamento Europeo les dejó sin la inmunidad parlamentaria con manifiesta parcialidad. El fallo establece que el ponente encargado de instruir el suplicatorio del Supremo fue un eurodiputado búlgaro del mismo grupo político que Vox, partido que fue acusación particular en el juicio del Proceso. Este personaje participó en un acto bajo el título Cataluña es España en el que se llamó "Puigdemont en prisión". Lo ocurrido ayer no ocurre muy a menudo, porque el tribunal ha enmendado la llanura en el Parlamento Europeo y en el Tribunal General de la Unión Europea y les ha dicho que hagan el favor de hacer las cosas correctamente. El presidente en el exilio lo celebró así:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue en el ojo del huracán. Si bien la semana pasada compareció en el Senado y el martes repitió en el Congreso, este miércoles la cámara alta ha reclamado que se pliegue por la gestión de los accidentes de Adamuz y Gelida y también por el caos ferroviario, concentrado sobre todo ahora en Catalunya. El PP, que tiene mayoría absoluta en la cámara, lo ha forzado con la presentación de una moción en la que pide "la inmediata dimisión del ministro de Transportes, sin perjuicio de las responsabilidades políticas que puedan corresponder al presidente" del gobierno español, Pedro Sánchez. Sin embargo, no se ha quedado solo en la votación. Vox, pero también ERC, uno de los socios del blog de investidura de Sánchez, han votado a favor de la moción.

A falta de quince minutos para la protesta convocada por los sindicatos ferroviarios ante el ministerio de Transportes, un grupo de manifestantes que vienen desde Tarragona todavía están a 60 kilómetros de Madrid. Víctimas de su propia crisis, los problemas que acumula la alta velocidad entre la capital catalana y la española les impide llegar a la cita reivindicativa. Finalmente, unos 300 personas —muchas de ellas con chalecos fluorescentes— se hacen ver y oír en Nuevos Ministerios, el complejo de edificios que alberga las sedes de cinco ministerios, entre ellos el de Transportes y Movilidad Sostenible, capitaneado por Óscar Puente.

Tiempo. Es el factor que a partir de ahora va a determinar la recuperación de la normalidad del servicio ferroviario en el Estado y, en particular, en Catalunya, donde la red de Cercanías está sumergida desde hace días en un caos. Así lo ha recordado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su comparecencia en el Congreso este martes: "La red ferroviaria no es una tetera. No se arregla en dos días", ha indicado Puente, que cinco días después de comparecer en el Senado por el accidente ferroviario de Adamúz (Córdova) también accidente mortal de Gelida, ha repetido el ejercicio en la cámara baja española.

Coincidiendo con un nuevo día de desbarajuste al servicio de Cercanías, el secretario de estado José Antonio Santano ha anunciado que se trasladará a Barcelona para pilotar personalmente la gestión de los problemas ferroviarios en Catalunya y garantizar la recuperación del servicio lo antes posible. Santano llega este lunes sin billete de vuelta, con la intención de permanecer en la capital catalana hasta que el servicio se recupere con normalidad, según fuentes del ministerio de Transportes, que subrayan que esa proximidad debe facilitar también la interlocución directa con la Generalitat. El despacho de Santano se ubicará en la Delegación del gobierno español en Catalunya, el mismo lugar donde en el 2007 su antecesor, Víctor Morlán, ya se instaló, en vísperas de la llegada del AVE a Barcelona, ​​y con otra crisis de Cercanías desatada.

Quisiera creer que en cuanto a su forma de concebir la participación en la vida política, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no será lo mismo después de las experiencias que está teniendo estos días. El acto más solemne y digno por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida tuvo lugar el pasado jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín, de Huelva. En ese funeral de estado lo más importante fue la intervención de Liliana Sáenz, hija de una de las víctimas mortales. "Somos las familias [ahora ya 46] que lucharán por saber la verdad", dijo, por subrayar el sentido y el propósito de sus palabras. "Solo la verdad –añadió– nos ayudará a curar esa herida que nunca se cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio".

Hola, ¿cómo están?