Diecinueve días después de anunciar el veredicto, finalmente el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia en la que justifica por qué ha inhabilitado dos años al fiscal general del Estado. Considera que Álvaro García Ortiz cometió un delito de "revelación de datos reservados", ya que, para los magistrados que la firman –cinco de los siete que conformaban el tribunal– existe un conjunto de pruebas "sólidas" para afirmar que él "o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" filtraron a los periodistas Ayuso en el que pedía un pacto y reconocía el delito de fraude fiscal. Es sorprendente que después de tantos días la sentencia esté llena de condicionales y suposiciones que los magistrados consideran indicios claros. Que aparezca la expresión "o su entorno" ya parece demostrar que exactamente no han podido averiguar quién lo hizo, y en otras partes de la sentencia indican también que el hecho, por ejemplo, de que borrara los mensajes de WhatsApp de ese día es, para ellos, una prueba que quería esconder lo que había hecho. En este sentido, resultan preocupantes tantos condicionales y también el tono general de la sentencia. Sobre todo porque el voto particular de las dos magistradas progresistas desmonta estos argumentos asegurando que, de hecho, no existen pruebas claras que incriminen directamente a García Ortiz.

El lenguaje jurídico es a menudo técnico y difícil de entender, pero se asume que es necesario que lo sea para cumplir con la exigencia de concreción que se presupone en las sentencias de los jueces –especialmente cuando son condenatorias–. Por eso sorprende que en el caso del fiscal general los magistrados del Tribunal Supremo recurran a un ejemplo que ellos mismos consideran "simple" para explicar, lisa y llanamente, por qué han condenado a Álvaro García Ortiz. "El cirujano plástico que ha operado a una celebridad, cuyo cambio físico ha generado un debate público sobre si su nuevo aspecto es fruto o no de una intervención quirúrgica o cualquier acto médico, nunca podrá participar en la polémica confirmando o desmintiendo la realidad de esta operación. Si lo hiciese, incurriría en responsabilidad criminal". Se entiende que el fiscal general es el cirujano y que Alberto González Amador es el paciente que se ha hecho un retoque estético. El mismo caso, explica la sentencia, se aplicaría si se revelaran datos médicos de un enfermo.

La decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado sólo una semana después del fin del juicio, pero la redacción de la sentencia podría tardar mucho más y alargarse decenas de páginas. Los juristas consultados por el ARA están a la expectativa de los argumentos de los magistrados, que tendrán que justificar cómo, con lo expuesto en el juicio –los periodistas le exculparon–, han llegado a la conclusión de que García Ortiz fue quien filtró los mensajes en los que el abogado del empresario Alberto González Amador Ayuso, intentaba un pacto de conformidad con la Fiscalía y admitía que su cliente había cometido fraude fiscal. A la espera de la justificación de los magistrados, la conexión entre ambas causas hace que distintas voces se pregunten hasta dónde podría llegar el impacto de la condena al fiscal general en la causa de González Amador.

Este jueves se celebra la última sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que las acusaciones y defensas leerán sus escritos finales. La vista oral, por la que han pasado decenas de testigos, sin embargo, no ha cambiado nada desde el principio del proceso: el juicio comenzó sin que hubiera ninguna prueba inculpatoria directa contra García Ortiz y ha terminado por igual. Eso sí, se ha vivido la situación inédita de ver a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este viernes el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se le investiga por los delitos de fraude fiscal, falsedad documental, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal por haber defraudado a la Hacienda pública casi 351.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 mediante varias facturas falsas.

Alberto González Amador, pareja de la líder del PP de Madrid, considera, y así lo ha dicho en el Tribunal Supremo, que ha sido víctima de una conjura política que tenía como objetivo último desgastar a su pareja. Acusa a otro señor, Álvaro García Ortiz, máximo responsable del ministerio público, de haberle "matado públicamente" con la filtración de sus asuntos, que justamente estaban "poco filtrados": estaban más turbios que un vino de mínima intervención. "Me han destrozado la vida: o me voy de España o me suicido", ha dicho al alegado final.

Un escueto no ha sido la única intervención del fiscal general del Estado en la primera sesión del juicio en el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz negó con este monosílabo que se considere "responsable" de la revelación de secretos de la que se le acusa, cuando le hizo la pregunta al inicio de la vista oral el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. Ha sido su defensa la encargada de desplegar sus argumentos –no declarará hasta el próximo 12 de noviembre–. La abogada general del Estado Consuelo Castro hizo una enmienda a la totalidad a la investigación del magistrado Ángel Hurtado por considerarla "sesgada", "inquisitiva" y "prospectiva". "Fue sometido a un procedimiento injusto", remachó Castro, quien argumentó que García Ortiz sufrió "indefensión" y se le vulneraron una serie de derechos fundamentales entre ellos el derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia ya la tutela judicial efectiva.

No todos los problemas con la justicia afectan al PSOE. La juez Carmen Rodríguez-Medel ha abierto juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, por delitos de fraude fiscal, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal, junto a otros cuatro investigados. La Fiscalía, además, le achaca un delito de falsedad documental. En paralelo, sigue en marcha la instrucción de una pieza separada por corrupción en los negocios.

Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, faltó a la verdad, según su abogado, el pasado viernes durante su comparecencia en el Tribunal Supremo, cuando va negar que hubiera consentido en su defensa la propuesta de pacto a la Fiscalía para evitar acudir a juicio por fraude fiscal. Carlos Neira, el letrado, ha declarado este martes ante el juez que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos que el 30 de enero de 2024 se reunió con González Amador y le planteó dos alternativas: o defender su inocencia en una causa judicial o el pacto de conformidad con el ministerio público. Él dijo que quería causar el "menor daño" a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que priorizaba lo que comportara menos "ruido" y fuera más rápido, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se ha desvinculado este viernes del correo que su abogado envió a la Fiscalía de Madrid reconociendo la comisión de dos delitos contra la Agencia Tributaria. También de que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, filtrara a El Mundo –aunque él no lo ha reconocido– una respuesta del fiscal a la propuesta de pacto de conformidad. Así lo comunican fuentes presentes en la declaración como testigo de González Amador en el Tribunal Supremo en la causa por revelación de secretos abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, iniciada por una querella del propio empresario.

Tras cinco intentos frustrados por hacer declarar al novio de Isabel Díaz Ayuso, este jueves la juez que le investiga ha podido escuchar finalmente a Alberto González Amador. En el marco de una segunda pieza separada por presunta corrupción en los negocios y administración desleal, González Amador declaró durante más de dos horas y, según fuentes jurídicas, defendió la legalidad de su actividad. En esta línea de investigación, que avanza en paralelo a la pieza principal por fraude fiscal y falsedad documental, se encuentra en el punto de mira la compra por medio millón de euros de una empresa llamada Círculo Belleza que la Fiscalía sospecha que podría ser una comisión encubierta a un directivo de Quirón Prevención. Las mismas fuentes explican que la pareja de la presidenta madrileña ha desvinculado esta operación de un presunto cohecho.

El presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a quedar en un segundo plano el día que estaba citado a declarar como investigado por quinta vez –todas las anteriores se habían acabado aplazando–. Si hasta ahora son las filtraciones del caso lo que acapara la atención –han abierto una investigación paralela al Tribunal Supremo contra el fiscal general–, este lunes ha sido un encontronazo con un cámara a la salida de los juzgados de Madrid.

El juez que investiga al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo le citó a declarar este miércoles como investigado esgrimiendo que tuvo un "papel importante" en la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz ha comparecido durante una hora y media –solo respondió a las preguntas de su defensa– y negó la versión del magistrado, Ángel Hurtado, en una declaración inédita –es la primera vez en democracia que un fiscal general declara como a investigado–. Según fuentes jurídicas, el máximo responsable del ministerio público ha rechazado "rotundamente" que pasara a la prensa ni al gobierno español ni al PSOE el correo en el que la pareja de Ayuso reconocía haber cometido fraude fiscal. También ha asegurado que no dio ningún tipo de orden dentro de la Fiscalía para que lo hiciera otro y ha negado haber tratado de perjudicar a Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, que es quien le denunció originando esta investigación por revelación de secretos.

Una de las abogadas del novio de Isabel Díaz Ayuso denunció hace dos semanas que le habían robado en una vivienda de la costa alicantina, en la localidad de Guardamar del Segura, un ordenador portátil con "información sensible". el dispositivo en el puerto de Algeciras y ha detenido a tres personas que trataban de llevárselo a Marruecos. detenidos –dos mujeres de 20 y 66 años y un hombre de 42, todos ellos de nacionalidad marroquí– transportaban más ordenadores. bueno, el hecho de que a mediados de diciembre otro de los abogados del equipo que defiende Alberto González Amador denunciara a otro robo en un domicilio en Turleque, en Toledo, hizo saltar las alarmas. De ahí que la abogada afectada por el robo en Alicante –a quien también robaron dos teléfonos móviles, otro ordenador y tres tablets, una de ellas de su hijo y que también se ha recuperado en la misma operación– requirió que se ampliara la denuncia para determinar si estos dos robos tenían algún tipo de relación. En el caso del otro letrado no echó de menos ningún dispositivo informático y el robo fue de bisutería, según la misma agencia de noticias.

Mientras el asedio judicial contra el fiscal general del Estado por una presunta revelación de secretos se estrecha, el ministerio público ha defendido ampliar la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía se mostró partidaria de abrir una pieza separada para investigar un presunto delito de administración desleal y corrupción en los negocios de Alberto González Amador. La juez que le investiga por fraude fiscal y falsedad documental en el juzgado de instrucción número 19 de Madrid aceptó a finales de octubre un recurso del PSOE y de Más Madrid que lo solicitaba, pero la defensa de la pareja de Ayuso recurrió la decisión de ampliar la causa en la Audiencia de Madrid. La Fiscalía se ha pronunciado en contra del intento de González Amador de torpedear esta segunda línea de investigación y sostiene que hay indicios de que el novio de Ayuso pagó una "comisión encubierta" de medio millón de euros en la mujer del presidente de Quirón Prevención.

"Independientemente de mi declaración, el fiscal general irá pa'lanteEl jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha salido del Tribunal Supremo vaticinando, como hace habitualmente, que el máximo responsable del ministerio público, Álvaro García Ortiz, lo tiene complicado para salir indemne de la investigación por revelación de secretos. Rodríguez, conocido por su acrónimo MAR, ha exigido en declaraciones a la salida del alto tribunal una "sentencia ejemplar" contra el fiscal general del Estado Ahora bien, ¿puede salir salpicado él mismo? MAR ha admitido este miércoles en la declaración como testigo que difundió el contenido de uno de los correos electrónicos intercambiados entre el ministerio público y la defensa de Alberto González Amador que apuntalaba una versión que se ha descubierto falsa –que había sido la Fiscalía quien proponía un acuerdo al abogado y no al revés, como se demostró más tarde.

En Ferraz este lunes la nueva ejecutiva del PSOE se reunía por vez primera, con Pedro Sánchez reelegido como secretario general. Ratificar al presidente español como candidato a las próximas elecciones generales no era, sin embargo, el objetivo del 41º congreso celebrado en Sevilla. El motivo declarado era poner en marcha la maquinaria para renovar federaciones territoriales, y la primera en moverse ha sido la que Sánchez precisamente quería sacudir: la de Madrid, para empezar ya la batalla contra Isabel Díaz Ayuso. El actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, anunciará el jueves su candidatura para ser elegido en primarias el 11 de enero, según avanzó la agencia EFE. Nada es casualidad: Alberto Núñez Feijóo no ha hablado este lunes y, en cambio, sí lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha comparado el "régimen" de España con Corea del Norte.

Supongo que no hace falta insistir demasiado en que el Tribunal Supremo haya imputado el fiscal general es muy grave.

El conflicto interno en la Fiscalía ha terminado con el aval de la posición de la número dos del ministerio público. Una mayoría de la Junta de Fiscales de Sala se mostró a favor del criterio fijado a sus subordinados, de pedir la inadmisión de la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha ordenado que se opongan a la admisión de las querellas presentadas contra la Fiscalía por revelar la negociación legal con Alberto González Amador. Por ahora, aparte de la del novio de Ayuso, hay otra presentada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. El motivo, la nota informativa que publicó el ministerio público por desmentir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso negó categóricamente el fraude fiscal de su pareja después de que se publicara que la Fiscalía de Madrid le había denunciado por ocultar unos ingresos que obtuvo como comisionista en contratos de mascarillas durante la pandemia por pagar 350.000 euros menos en impuestos. Según ha avanzado El Español y confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el ARA, González Amador ha registrado una querella por una supuesta revelación de secretos de los responsables del ministerio público.