La Audiencia de Madrid ha lanzado un nuevo toque de atención a Juan Carlos Peinado. El juez que investiga a Begoña Gómez desde hace casi dos años sorprendió a todos el pasado mes de septiembre al decidir que la causa debería acabar ante un jurado popular –nueve ciudadanos elegidos al azar–. La esposa de Pedro Sánchez, su asesora en la Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés –con el apoyo de la Fiscalía– se opusieron y ahora la Audiencia de Madrid les da la razón. Considera que las resoluciones que dictó el instructor no tenían la "necesaria fundamentación" y no hacían un relato que incluya los "indicios verosímiles", lo que impide que las partes "conozcan de manera suficiente las razones de la decisión" y "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva". En consecuencia, anula cuatro resoluciones del juez Peinado. Ahora bien, esto no impide que el juez dicte una nueva interlocutoria bien argumentada para mantener su hoja de ruta.

Juan Carlos Peinado se ha convertido en esta legislatura en uno de los jueces más mediáticos y cuestionados. Su determinación en investigar a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de fondos públicos le ha puesto en el punto de mira del PSOE y de la Moncloa. También otros partidos de la mayoría plurinacional, como Sumar o ERC, le han señalado atribuyendo su actuación a motivaciones políticas. ¿En qué basa el juez de instrucción de Madrid uno de los casos que asedian al presidente español?

El juez Juan Carlos Peinado mantiene viva su causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Este miércoles el magistrado ha rechazado archivar la causa y ha hecho otro movimiento: ha imputado a otro cargo de la Moncloa, la actual secretaria general de Presidencia y ex directora del departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, Judit Alexandra González Pedraz. Peinado le cita a declarar el 12 de noviembre, en la que le comunicará los hechos que se le imputan y que es investigada por un delito de malversación. Una de las patas de esta causa es la contratación de la exasesora de Gómez, Cristina Álvarez, por la que el magistrado mantiene imputados por el mismo delito a la propia Álvarez, Begoña Gómez y al delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que antes tenía un cargo en Presidencia. La tesis del juez es que la contratación de esta asesora hecha con dinero público servía en realidad para gestionar asuntos privados de Begoña Gómez. Para justificar este delito, en el auto que se ha hecho público este miércoles, el juez recurre a la sentencia del Proceso por malversación.

La Audiencia de Madrid para los pies al juez Juan Carlos Peinado, que quería enviar a Begoña Gómez a dos juicios por jurado popular. El tribunal ha decidido este jueves que la separación en dos piezas del caso contra la esposa del presidente del gobierno español es "prematura e inmotivada" y la revierte. Tras este revés, pues, ahora mismo sólo hay una única causa contra Gómez y el juez instructor deberá decidir si quiere justificar mejor que debe separarse la pieza por malversación sobre la contratación del asistente de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, o si la incorpora a la pieza principal. La resolución por la que llevaba al jurado popular la prenda por malversación, pues, también cae automáticamente.

El juez Juan Carlos Peinado quiere enviar a un jurado popular todo el resto del caso Begoña Gómez. El magistrado instructor ha dictado un nuevo auto este jueves en el que cita a la mujer del presidente español, el empresario Juan Carlos Barrabés y el asistente de la Moncloa Cristina Álvarez a comparecer el próximo lunes a las 17.30 h en el juzgado, tal y como ya hizo con la primera pieza que derivaba hacia la vía del jurado popular. Sin embargo, los implicados, enviaron sus abogados. "Que se cite a los investigados en la forma debida y haciéndoles saber que tendrán que comparecer necesariamente asistidos de su letrado", escribe Peinado, tras la plantada del pasado sábado.

Vivimos una etapa tan incierta de la vida política que casi cualquier novedad insólita puede convertirse en noticia verosímil. Y algunas son ciertas. Todo lo que ocurre en el ámbito judicial en relación con la política forma parte de este capítulo. Que un supuesto caso de malversación acabe en manos de un jurado popular cuesta creer. Quizás haya habido algún precedente, pero con poca resonancia. En el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sería la persona juzgada por nueve ciudadanos, nada es casual. Me explicaron que el miércoles por la mañana, cuando trascendió la noticia del auto del juez Juan Carlos Peinado, que lleva este procedimiento, la Fiscalía iba llena de comentarios de todo tipo, pero con el común denominador de la incredulidad. Sobre todo porque nadie cree ya en las coincidencias.

Había una cita insólita este sábado por la tarde en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado había convocado a las 18 h a la esposa del presidente español, Begoña Gómez, para comunicarle la decisión que ha tomado esta semana: que si es juzgada, lo hará un jurado popular, porque le imputa un delito de malversación de fondos públicos. Ahora bien, la pareja de Pedro Sánchez ha decidido plantar al juez instructor y delegar su comparecencia a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizaba el término insólito el jueves por la mañana cuando los periodistas le han preguntado por la decisión del juez Juan Carlos Peinado deenviar Begoña Gómez a un juicio con jurado popular. Si se refería a que una causa por malversación la acaben dirimiendo nueve ciudadanos escogidos al azar, no es insólito, sino que es una aplicación estricta de la ley orgánica del tribunal del jurado de 1995. Otra cosa es si hay alguna intencionalidad detrás de la decisión. A continuación, repasamos algunas claves del movimiento del juez Peinado.

La causa por malversación contra Begoña Gómez por la contratación de una asistenta en la Moncloa que le ayudaba en labores privadas se juzgará con un tribunal popular. Así lo ha determinado el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, quien en una resolución dictada este martes acuerda la transformación de las diligencias en un "procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado". Esto no significa que el magistrado ya envíe a juicio a Gómez, la asistenta Cristina Álvarez y el ex secretario general de la Presidencia del gobierno español Francisco Martín, los tres imputados, sino que fuentes jurídicas indican que la instrucción continúa. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio. La verdad es que son inocentes", ha defendido en rueda de prensa desde la ONU el presidente español, Pedro Sánchez, en referencia al caso de su esposa y también al de su hermano, David Sánchez, que está al borde del juicio.

Podría explicar metafóricamente la política española que Pedro Sánchez acudiera con Begoña Gómez al cine el miércoles por la noche, mientras en el Congreso su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendía sola y perdía la votación de la reducción de la jornada laboral. El presidente español y su esposa, que esa mañana había acudido a los tribunales a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, fueron al preestreno deEl cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar. Sánchez es hoy un presidente cautivo de una parte del poder judicial -él mismo ha abierto el curso denunciando que hay jueces que "hacen política"- y de los siete votos de Junts al Congrés, y rema contra una ola mediática que colabora con el "Quien pueda hacer que haya" del expresidente español José María Aznar. Esta semana Sánchez se ha estrenado en TikTok.

El juez que instruye el caso Begoña Gómez –mujer de Pedro Sánchez–, Juan Carlos Peinado, ha presentado varias demandas contra políticos y periodistas que han criticado su investigación. El magistrado considera que las críticas han vulnerado su derecho al honor y pueden constituir los delitos de injurias y calumnias. Según ha avanzado El Confidencial y ha confirmado la agencia Efe, ya se han programado varios actos de conciliación en distintos juzgados de primera instancia, como primer paso después de las demandas presentadas por el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid. Entre los demandados, se encuentran el ministro de Transportes, Óscar Puente, el exvicepresidente español y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, así como los periodistas Ernesto Ekaizer y Antón Losada.

Por cuarta vez desde que el juez Juan Carlos Peinado le investiga, Begoña Gómez ha acudido a los juzgados de Madrid para declarar como investigada. La mujer de Pedro Sánchez ha respondido sólo a las preguntas que le ha formulado su defensa en relación con la presunta malversación que Peinado le atribuye por la contratación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez. La declaración duró sólo dos minutos y Gómez respondió escasamente tres preguntas sobre las funciones de Álvarez. Según fuentes jurídicas, la mujer de Sánchez ha explicado que Álvarez le ha ayudado de forma esporádica con cuestiones privadas, además de gestionar su agenda y actividad pública. Justo antes de Gómez, la asesora también compareció en los juzgados como investigada por el mismo motivo. Se acogió a su derecho a no declarar.

Hola, ¿cómo están?

Al día siguiente de que el juez del caso Begoña Gómez se moviera para intentar imputar al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la investigación contra el asistente de la pareja de Pedro Sánchez en la Moncloa, Cristina Álvarez. Precisamente la contratación de esa persona es el motivo por el que Juan Carlos Peinado quiere imputar a Bolaños. El órgano de instancia superior anula la declaración como testigo de Álvarez –estaba obligada a decir la verdad– a partir de la que Peinado le imputó, pero sí ratifica la instrucción contra ella por presunto tráfico de influencias.

El intento del juez Juan Carlos Peinado de que el Tribunal Supremo investigue al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, es el último movimiento de una instrucción polémica que en la Moncloa no se esconden de situar en el contexto del lawfare. De hecho, el presidente español, Pedro Sánchez, llegó a presentar una querella por prevaricación contra el juez.

Nuevo movimiento del juez Juan Carlos Peinado contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El instructor de la causa contra Begoña Gómez, la esposa del jefe del ejecutivo, ha citado como investigado al delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martin Aguirre, por su presunta participación en la contratación de la asesora de Gómez por parte de la Moncloa. Peinado le ha convocado el miércoles 14 de mayo a las 13.30 horas. El gobierno español ha replicado restando credibilidad al titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, al que llevan tiempo acusando de actuar con motivaciones políticas contra Sánchez. "Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila de que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos aquellos que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país", ha dicho el ministro de Justicia y Presidencia, Félix.

El juez Juan Carlos Peinado realiza un nuevo movimiento en la causa contra Begoña Gómez y abre una pieza separada para investigar la contratación de la asesora de la mujer del presidente español, Pedro Sánchez. El magistrado quiere dirimir si "puede desprenderse la comisión de un delito de malversación" de la contratación de Cristina Álvarez, que es una de las investigadas, junto a Gómez, en la causa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que instruye. En el marco de esta pieza separada, Peinado citó a declarar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado 16 de abril a las 10.30 horas. A finales de julio, el presidente español ya se vio frente a frente con Juan Carlos Peinado, que mantiene una guerra abierta desde hace meses con el ejecutivo español.

La presión judicial sobre el entorno de Pedro Sánchez lleva meses instalándose en el día a día de la política española y febrero se presenta clave para el futuro de algunas de las causas. Básicamente, la del fiscal general del Estado, el caso Begoña Gómez y el caso Ábalos. Este miércoles Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha negado ante el Tribunal Supremo haber filtrado el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el que reconocía la comisión de dos delitos contra la hacienda pública, el mismo día en que se ha conocido al por menor la declaración del propio Ortiz hace una semana. "Solo quiero decir algo. Mi teléfono contiene información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país. Y creo que muy pocas autoridades de España pueden alojar en su móvil tanta información como la que tiene el fiscal general del Estado", manifestó, reprochando al juez instructor, Ángel Hurtado, que revolviera su despacho e interviniera.

Hay una ley que a Pedro Sánchez le interesa más que la de presupuestos generales del Estado para 2025. Es la iniciativa que el PSOE registró hace diez días en el Congreso para limitar la acusación popular en causas judiciales: si se aprueba comportaría que cayera el procedimiento abierto contra su pareja, Begoña Gómez, y en el que la derecha especula con que el presidente español acabará imputado. Sin embargo, las primeras reacciones de los potenciales aliados de Sánchez no son del todo esperanzadoras. EH Bildu la ve con buenos ojos, pero Sumar, PNV y Junts han mostrado recelos. Es una nueva oportunidad para los de Carles Puigdemont para encarecer sus siete votos, si bien es una reforma legal que también beneficiaría al expresidente y podría permitirle volver a Catalunya sin tener que pasar por la cárcel.

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) investiga al titular del juzgado mercantil número 11 de Madrid, el magistrado Manuel Ruiz de Lara, por la publicación de varios mensajes en los que se hace referencia al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya la suya pareja, Begoña Gómez. En concreto, el organismo Promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial ha abierto una diligencia informativa por unos mensajes publicados en la red social X a través de una cuenta que lleva el nombre del magistrado. Según informó el propio CGPJ en un comunicado, en estos mensajes se hablaba de Pedro Sánchez y Begoña Gómez.