Sánchez defiende la "inocencia" de su esposa tras el último movimiento de Peinado

MadridLa causa por malversación contra Begoña Gómez por la contratación de una asistenta en la Moncloa que le ayudaba en labores privadas se juzgará con un tribunal popular. Así lo ha determinado el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, quien en una resolución dictada este martes acuerda la transformación de las diligencias en un "procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado". Esto no significa que el magistrado ya envíe a juicio a Gómez, la asistenta Cristina Álvarez y el ex secretario general de la Presidencia del gobierno español Francisco Martín, los tres imputados, sino que fuentes jurídicas indican que la instrucción continúa. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio. La verdad es que son inocentes", ha defendido en rueda de prensa desde la ONU el presidente español, Pedro Sánchez, en referencia al caso de su esposa y también al de su hermano, David Sánchez, que está al borde del juicio.

Los investigados están citados este sábado a las seis de la tarde en el juzgado para que se les comunique formalmente este trámite —la ley estipula que hay cinco días para hacerlo una vez que se dicta la resolución conocida ahora—. Fuentes de la administración judicial madrileña subrayan en el ARA que se trata de una decisión muy habitual, que las causas por malversación se siguen por la ley del jurado popular y recuerdan que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ya fue juzgado por esta vía en el caso de los trajes vinculado a la trama Gürtel. Según el artículo 1 de la ley del Tribunal del Jurado, son de su competencia los delitos de homicidio, de amenazas, la omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, entre otros.

En la comparecencia de este sábado, la ley establece que deben concretarse las imputaciones sobre los investigados. La Fiscalía interesará el sobreseimiento de la causa, así como las defensas de los implicados, pero la acusación popular que ejercen algunas entidades de extrema derecha como Manos Limpias o Iustitia Europa defenderá que salga adelante el procedimiento. Las partes también pueden solicitar nuevas diligencias. Entonces, Peinado deberá decidir si la archiva o lo mantiene, aceptar o rechazar las peticiones de diligencias de las partes y ordenar por su cuenta, y si no dicta nuevas, puede instar a las partes a opinar si es necesario enviar el caso a juicio oral.

La investigación de este caso se ha centrado en el papel de Cristina Álvarez, una trabajadora de la Moncloa contratada como asistenta de la esposa del presidente español, y de quien se ha detectado que intercambiaba correos con la Universidad Complutense de Madrid sobre la cátedra que dirigía Begoña Gómez. Peinado ve desviación de fondos, pero el gobierno español ha defendido desde el inicio que este tipo de asistentes han desarrollado tareas no necesariamente de carácter institucional, y ponía de ejemplo a Jaime de los Santos, que como asistente de la mujer de Mariano Rajoy le acompañaba a comprarse ropa.

Fue por esta parte de la investigación –Peinado tiene abiertas otras líneas contra Begoña Gómez– que el juez intentó imputar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, predecesor de Francisco Martín al cargo de secretario general de la Presidencia del gobierno español. Pero el Tribunal Supremo va parar los pies en el magistrado instructor. Precisamente, Bolaños afirmó en declaraciones desde los pasillos del Congreso que el "sistema de recursos es garantista". "Sin duda, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio", ha afirmado el ministro de Justicia. Contra la decisión de Peinado de este miércoles puede interponerse recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Madrid, que ya avaló la investigación contra Cristina Álvarez.

El propio Francisco Martín ha dicho que es "sorprendente" el momento en que Peinado ha tomado esta decisión —insinúa que coincidiendo con el envío a juicio oral de la pareja de Isabel Díaz Ayuso— y fuentes de la Moncloa califican de "surrealista" el movimiento del magistrado. Según el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, es un "despropósito". A la jornada se le añade la decisión de Peinado de presentar una demanda contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por supuesta vulneración del derecho al honor por unas declaraciones en las que Marlaska consideraba que el juez estaba realizando una investigación "prospectiva" y, por tanto, le acusaba de prevaricar. Se adhiere a las demandas que ya presentó contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y algunos medios de comunicación.

Feijóo: "No puede ser que no importe nada"

El acercamiento de Begoña Gómez al juicio ha propiciado una comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien con ademán serio ha asegurado que Sánchez está "absolutamente acorralado por todos los tribunales", y ha hecho referencia también al caso de su hermano, David Sánchez, que tendrá que ir. "En España no puede que no nos importe nada", ha pedido el presidente conservador, que continúa preguntándose cómo puede que los aliados de la investidura del líder del PSOE no exijan la dimisión del presidente ante el calvario judicial que afecta a su entorno. Feijóo ha insistido en que no se puede hablar de "persecución judicial" contra el gobierno español, y menos ahora que será un jurado popular quien juzgará a Gómez. "Esperamos que no les trasladen que hay lawfare, o que son de extrema derecha", aseveró. También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó "de extrema gravedad" la situación de Gómez.