“Venir y dar una patada en la puerta tiene premio en España”, dice Jorge Buxadé, secretario general de Vox, para referirse a la regularización de inmigrantes. Pero la mayoría de personas que se verán beneficiadas por esta medida no han llegado dando ninguna patada: hace años que están dentro, a menudo abriendo y cerrando nuestras puertas cada día —y asumiendo unos cuidados que, como sociedad, no estamos resolviendo.Alrededor de medio millón de personas: una cifra que impresiona. De ahí que Feijóo hable de regularización "a granel" y que la oposición agite el fantasma del efecto llamada. Pero los datos no avalan este miedo: ni la regularización del 2005 —que dio papeles a más de 576.000 personas— ni ninguna otra regularización en España generó ningún efecto medible, según los estudios disponibles. Los flujos migratorios dependen del ciclo económico y la situación en los países de origen, no de las políticas de acogida del país receptor. Y el requisito de esta medida es claro: hay que demostrar que te encontrabas en España antes del 1 de enero del 2026. No se regulariza a quien llega, sino a quien ya está aquí —personas que hace años que trabajan y viven en nuestros barrios, a menudo sin ningún derecho formal que lo reconozca.Pero, más allá de la polémica, ¿se trata de una buena medida? La mayoría de estas personas ya trabajan, pero en la economía sumergida, sin cotizar ni tener derechos laborales. La regularización no crea nueva mano de obra —ya está ahí—, sino que la saca de la precariedad y la incorpora a la Seguridad Social. Diversos estudios encuentran que el impacto fiscal de la inmigración es "claramente positivo": aportan más de lo que reciben. Dar papeles a personas que ya están aquí es también la manera más eficaz de saber quiénes son y dónde están. Y, finalmente, una sociedad que se beneficia del trabajo de alguien sin reconocerle ningún derecho es una sociedad explotadora. En un momento en que Europa endurece las políticas migratorias, Sánchez va a contracorriente.

La regularización extraordinaria de migrantes que los últimos días ha dejado colas interminables para conseguir los papeles llegará a miles de personas, pero hay rincones desde donde será casi imposible acceder a ellas. Por ello, esta semana el ministerio del Interior ha pedido a las prisiones que den facilidades a los presos preventivos que quieran hacer los trámites porque estos internos no están condenados y, por tanto, no tienen antecedentes penales que les veten la regularización. Además de los presos, sin embargo, hay otra parte de la población migrante para quien será más difícil pedir los papeles, los que están cerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En estos centros –hay 7 en España– hay personas pendientes de ser expulsadas del Estado por diferentes motivos y aunque la mayoría de los cuales no son penales, los expertos coinciden en señalar que tendrán dificultades para solicitar la regularización.

Las colas para conseguir hacer los trámites para la regularización extraordinaria de migrantes no aflojan. Alrededor de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la plaza de Sant Miquel de Barcelona, junto al Ayuntamiento, decenas de personas se esperan este viernes con el saco de dormir después de pasar la noche en la calle para poder conseguir cuanto antes mejor la documentación necesaria para completar el proceso para obtener la residencia y el permiso de trabajo en regla. La hilera, de hasta un kilómetro, pasa por detrás del consistorio y da varias vueltas a la calle dels Templers y a la plaza de Sant Jaume. La mayoría de las personas cargan carpetas con documentación, así como bolsas con comida y agua, preparadas para pasar allí horas hasta que les llegue el turno.

"Presentar los documentos para la regularización es el primer paso para poder seguir creciendo aquí con estabilidad y calma". Así explica Xavier, venezolano, la oportunidad que significaría para él que le otorgaran la regularización como solicitante de asilo. Ante la oficina de Correos de la plaza del Doctor Letamendi de Barcelona –habilitada para hacer los trámites desde este lunes de manera presencial–, el joven de 31 años explica que él ya ha conseguido presentar toda la documentación. Xavier llegó al Estado hace cerca de un año y, una vez establecido en la capital catalana, ve la aprobación de la regularización extraordinaria como un paso más para continuar trabajando sin tener que preocuparse por los papeles. Un proceso que ha hecho solo. "Hay que leer todo muy bien y llevar los documentos necesarios, pero en mi caso ha sido bastante fácil y rápido", señala Xavier.

Mientras que en la mayoría de oficinas de Correos habilitadas atienden sin incidentes remarcables y por rigurosa cita previa las personas migrantes que pueden hacer la regularización de papeles presencialmente desde este lunes, las largas colas se multiplican en los servicios que los ayuntamientos han montado para agilizar los trámites obligatorios. Desde el jueves 16, las solicitudes también se pueden hacer telemáticamente, pero es este lunes que se abrían los trámites presencialmente. La tardanza en la publicación de los documentos que se requieren ha hecho que hoy el grueso de los 150.000 beneficiarios que se calculan que habrá en Cataluña todavía estén pendientes de recoger toda la documentación necesaria.En L'Hospitalet la cola da la vuelta al enorme edificio de La Farga, donde se tramitan el informe de vulnerabilidad social y el volante del padrón municipal. El Ayuntamiento prevé atender hoy a 1.500 personas de las 27.000 que ya viven en el municipio. Los primeros demandantes han comenzado a llegar antes de la medianoche de este domingo. Las hermanas Sandra y María, colombianas que hace tres años y siete meses que residen en la ciudad, se esperan desde las 4 de la madrugada. "Si desde el principio nos hubieran dicho que necesitábamos la vulnerabilidad, tres cuartas partes de los que hoy estamos aquí ya tendríamos el informe", lamentan, sin tener la certeza de que hoy los funcionarios puedan dar respuesta a todos los que forman la fila.

Consciente de su debilidad parlamentaria, Pedro Sánchez y el PSOE han decidido hacer una apuesta a todo o nada para convertir al presidente español en un referente del progresismo, tanto interna como en el ámbito internacional. De momento les funciona, también en el Estado: cada vez son menos los que dudan que pueda agotar la legislatura, y los obuses con que el PP pensaba romperle la línea de flotación (comenzando por los supuestos escándalos judiciales relativos a su mujer, su hermano e incluso su difunto suegro) se han quedado más bien en pólvora mojada.Dentro de la munición fallida quedan también los reproches contra la nueva regularización de inmigrantes, que ha entrado en vigor con la incorporación a última hora, por parte del gobierno español, del requisito del certificado de penales. Pedir un certificado de penales a personas que en muchos casos difícilmente podrán obtenerlo (porque en sus países de origen, a menudo envilecidos y estropeados por la guerra, la corrupción y/o la pobreza, no se lo expedirán) equivale a cortocircuitar el proceso de regularización con una traba administrativa que, para muchos, puede ser insalvable. Esto tendría que haber obligado a revisar el argumentario de la oposición contra esta medida, pero no ha sido así: las derechas, extremas y no tan extremas, han vuelto a desgranar el rosario de la inmigración como fuente de delincuencia y reincidencia. Feijóo, incluso, recurrió a la vieja falacia de los inmigrantes violadores.En nuestra tierra, en los Países Catalanes, la reacción de volver a presentar la inmigración como una herramienta de españolización y de sustitución o eliminación de la identidad catalana (o mallorquina, o valenciana), además de una sólida imbecilidad, es una expresión de debilidad que evidentemente va en contra de la capacidad del catalanismo y el independentismo de ganar partidarios entre los recién llegados. Tú eres un inmigrante que llega al país, o que ya nace y crece en él, y dentro del panorama político ves a unos que te acusan de ser un colono enviado por alguien con el propósito de liquidar el país, la lengua y la cultura: ya sabes con quién no querrás ir nunca a ninguna parte.Mientras esto pasaba, el presidente español ha hecho una gira china en la que se ha entrevistado directamente con Xi Jinping, y de vuelta ha desembarcado en Barcelona para ejercer de anfitrión de una cumbre progresista internacional (o una cumbre anti-Trump, como también se ha dicho) que obviamente va en contra del independentismo catalán y a la vez refuerza aún más el papel de Sánchez como referente de la izquierda. Falta ver qué contenido tiene todo esto (contenido quiere decir consecuencias en forma de políticas) y si tiene algún efecto electoral (tradicionalmente, la incidencia de la agenda internacional en los resultados de las elecciones es baja), pero lo que no se puede decir de Sánchez es que esté de manos plegadas. En cambio, manos plegadas es una expresión que puede servir para describir las opciones políticas basadas en el catastrofismo, el resentimiento y el malestar. Por el motivo que sea, los que se presentan como perdedores no suelen generar entusiasmo.

El proceso para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes ya está en marcha. Desde el jueves 16 de abril se pueden hacer los trámites por vía telemática y a partir del lunes 20 se podrán hacer también de manera presencial, con cita previa obligatoria, en las oficinas de Seguridad Social y de Correos. A la regularización se podrán acoger más de medio millón de personas que viven en Cataluña y España de manera irregular y el procedimiento está abierto hasta el 30 de junio.

Después de reclamar el endurecimiento de los criterios para la regularización extraordinaria de migrantes en España, Junts da un paso más contra la medida que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez y de la cual se beneficiarán medio millón de personas. El partido de Carles Puigdemont ha anunciado que llevará la regularización a Europa porque "ignora el requisito de conocer el catalán". La formación ha encargado a su departamento jurídico que prepare "la presentación de una denuncia ante las instituciones europeas por la vulneración de diversas directivas y la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración", según ha detallado este viernes en un comunicado.

Menos de 24 horas después de que el consejo de ministros aprobara el real decreto que servirá para regularizar la situación de más de medio millón de inmigrantes en todo el Estado, en el centro de Barcelona han vuelto las largas colas para conseguir toda la documentación para hacer los trámites. Uno de los puntos donde se ha acumulado un grueso importante de personas es la Oficina de Atención Ciudadana de Barcelona de la plaza Sant Miquel, al lado del Ayuntamiento. Este miércoles por la mañana la cola para acceder a este servicio da la vuelta al edificio y la queja de que "la cosa no avanza" se va repitiendo. La mayoría lleva tres horas esperando. Aunque hay ciudadanos esperando para hacer trámites de todo tipo, también hay mucha gente que viene a hacer papeleo para poder acceder al proceso de regularización, que se inicia este jueves, 16 de abril, de forma telemática.

En el estado español el proceso para conseguir la residencia y el permiso de trabajo es tan farragoso y complicado que llevar a cabo procesos de regularización extraordinarios ya se ha convertido en una costumbre. El objetivo es acabar con los cuellos de botella administrativos y los focos de inmigración irregular que, a su vez, alimentan la economía en negro y la perpetuación de situaciones de vulnerabilidad social. Estas regularizaciones las han llevado a cabo gobiernos socialistas y populares. Las hubo en 1986, 1991 y 1996 con Felipe González, en 2000 y 2001 con José María Aznar, y en 2005 y 2006 con José Luis Rodríguez Zapatero. La última, por tanto, fue hace veinte años, antes del boom migratorio posterior a la recesión global de los años 2008-2012.

Luz verde a la regularización de migrantes. Después del proceso de audiencia pública y los informes preceptivos, el gobierno español ha aprobado este martes el real decreto que servirá para regularizar la situación de más de medio millón de personas que ya están en el Estado pero no tienen reconocidos sus derechos. "Es un acto de coherencia y justicia social", ha proclamado la portavoz y titular de esta cartera, Elma Saiz, este martes. "Es una medida histórica y tiene todas las garantías legales", ha añadido. ¿Cómo funcionará, sin embargo, el trámite?

Isabela no quiere pensar qué será de su vida si no puede acogerse a la regularización extraordinaria que el gobierno español va a poner en marcha las próximas semanas para conceder permisos de residencia a medio millón de extranjeros que cumplan unos criterios que, a día de hoy, son provisionales. El decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado para regresar otra vez al consejo de ministros. Si bien hay incógnitas de cómo quedará la letra pequeña, Isabela tiene muy claro que la suya es una misión imposible porque no han pasado los 10 años pertinentes desde que completó la condena para poder anular sus antecedentes penales y, en el borrador del texto, es invalidante cualquier mancha en el historial delictivo.

El PSOE y Podemos pactaron a principios de año una regularización masiva de migrantes para dar papeles a medio millón de personas que ya viven en el Estado. Lo hicieron a través de la elaboración del reglamento de extranjería para que no tuviera que pasar por el Congreso, donde difícilmente habrían reunido la mayoría para sacarlo adelante. Pero el PP ha encontrado una rendija para intentar influir en el Senado, a través de la ley sobre la multirreincidencia impulsada por Junts que se votó la semana pasada en la cámara alta. Los populares impulsaron una enmienda para endurecer las condiciones de la regularización de migrantes y, según ha podido saber el ARA, Junts votará a favor este jueves en la votación definitiva en el Congreso. La regularización saldrá adelante igualmente, pero aumentarán los controles para obtener el permiso de residencia.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ha defendido con vehemencia la regularización extraordinaria anunciada por el Ejecutivo. En una conversación con la presidenta del Círculo de Economía, Teresa Garcia-Milà, ha afirmado que "la inmigración ordenada e integrada es la pieza clave para sostener la prosperidad económica de las próximas décadas". Aplaudió, a preguntas de la presidenta del Círculo, Teresa Garcia-Milà, que haya comunidades autónomas, como Catalunya, que reclamen competencias en materia de inmigración dentro del marco constitucional. Ha admitido que existen cuestiones, como la sanidad y otras, que requieren una gestión de proximidad.

Josep Sala i Cullell es profesor de geografía en un instituto de Noruega. Su primer ensayo, Generación tapón, desató cierta polémica a la hora de abordar las luchas generacionales por el poder. Ahora vuelve con No somos 6 millones (Pórtico), un libro con el que pide hablar abiertamente de inmigración y donde critica que nos han vendido como inevitable un modelo diseñado para favorecer a empresarios y perjudicar a trabajadores.

En el marco de la regularización de medio millón de inmigrantes que ha iniciado el gobierno español, la Generalitat ha presentado una serie de enmiendas a la audiencia pública del Real decreto para que se tenga en cuenta el catalán a la hora de renovar el permiso de residencia. En concreto, reclaman que al cabo de un año se valore el aprendizaje del catalán. El gobierno español, a través de fuentes del ministerio de Migraciones, aseguran que por ahora no existe un texto definitivo y está en trámite. Ahora bien, sí avisan de que no habrá ninguna "obligatoriedad" de saber el catalán ni el castellano a la hora de conceder la residencia al medio millón de inmigrantes pendientes de la regularización, unos 150.000 en Catalunya. "Está en fase de audiencia pública, se admitirán diferentes aportaciones realizadas, que en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo", dicen las fuentes de Migracions. Es decir, no exigirán ni el catalán ni el castellano a la hora de conceder el permiso.

El Gobierno ha dado la bienvenida a la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes anunciada por el Estado, de la que se podrán beneficiar hasta 150.000 personas en Cataluña. Ahora bien, el ejecutivo catalán quiere introducir una modificación: que el conocimiento del catalán "se tenga en cuenta" cuando los migrantes regularizados afronten la primera renovación del permiso de residencia. Es una propuesta que sale de la primera reunión de seguimiento del Pacto Nacional por la Lengua, que ha encabezado el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. La Generalitat presentará una enmienda al real decreto del gobierno español para que se introduzca ese cambio.

El gobierno español, en una medida pactada con Podemos, ha aprobado una regularización extraordinaria de inmigrantes. Las estimaciones actuales calculan que la medida regularizará la situación de medio millón de personas. Si no hay ningún cambio de última hora, éste representará el séptimo proceso de regularización extraordinario. Tres de ellas impulsadas por el PSOE de Felipe González, dos por el PP de José María Aznar y la última por José Luis Rodríguez Zapatero, la más amplia hasta el día de hoy. En total, cerca de 1,2 millones de personas se han beneficiado de estas medidas extraordinarias, cifra que podría crecer substancialmente con la primera regularización en veinte años.

Las entidades sociales se integrarán en el circuito para la regularización de inmigrantes en Cataluña que se prevé que comience en el mes de abril y que en Cataluña podría beneficiar a entre 120.000 y 150.000 personas migrantes. Ésta es una de las principales conclusiones de la cumbre que se ha celebrado este miércoles entre el Gobierno, la Delegación del gobierno español, representantes de sindicatos y patronales, administraciones locales y el tercer sector social. El objetivo del encuentro era poner las bases para "una alianza" de país que pueda acompañar a los ciudadanos que necesiten completar este proceso.

Choque en las redes entre Elon Musk e Irene Montero: el magnate tecnológico ha acusado a la eurodiputada de Podemos de "genocida". Ella ha contestado llamando a la "gente decente" a "reemplazar" al multimillonario –que ha aparecido en los archivos Epstein– para que deje de "violar" y "matar". Sin embargo, todo ello ha comenzado con unas declaraciones de la dirigente lila en las que defendía la regularización extraordinaria de migrantes en España.