Desde que llegó a Barcelona, Silvia vive en la irregularidad administrativa. Con doce años siguió los pasos de su madre, Ángela, que el verano de la pandemia emigró desde Honduras confiando en que pronto podría regularizarse. Viendo que no sería fácil, pagó un pasaje de avión a la niña y casi dos años después aterrizaba aquí, sin saber que aquí le esperaba compartir la cama en una habitación realquilada. No recuerda por cuántos pisos ha pasado, pero sí que recuerda el día que supo que sería "diferente", cuando desde la escuela se planteó una salida al extranjero y ella no tenía pasaporte.

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha finalizado con 1.174.978 solicitudes para acogerse al proceso en todo el Estado. La cifra desborda las previsiones de medio millón que había hecho el ejecutivo de Pedro Sánchez cuando anunció la apertura del procedimiento, el séptimo de estas características en democracia y el primero desde hace 20 años. Del total de peticiones, más de un 52% ya han sido admitidas a trámite, y por tanto los beneficiarios ya disponen de una primera autorización temporal para vivir y trabajar en España. A partir de la admisión, el gobierno tiene tres meses para responder, pero no se han hecho públicas las demandas rechazadas. Cataluña es, con 257.000 —dos de cada 10—, el territorio que ha registrado más expedientes, por delante de la Comunidad de Madrid (202.000), el País Valenciano (167.000) y Andalucía (161.000).

Que el Tribunal Supremo se permita ahora poner en cuestión la regularización de inmigrantes llevada a cabo por el actual gobierno de España (el plazo para acogerse a ella acababa este martes) nos dice varias cosas. La principal, que el alto tribunal, con mayoría de magistrados del PP y de Vox, no tan solo está bien decidido a continuar la lucha por la salvación de España mediante la persecución de izquierdistas corruptos, o sospechosos, o señalados (“algo habrán hecho”), sino que también ha decidido impugnar las políticas de un gobierno elegido democráticamente. Esto no es ninguna novedad, sino que —decíamos ayer— lo sabemos como mínimo desde la sentencia del Constitucional contra el Estatuto de Cataluña. Ahora, sin embargo, con el independentismo deshecho, esparcido e intoxicado con discursos de odio y supremacismo/racismo (vencido, por tanto), ya no les hace falta ocuparse de las que los magistrados llamarían “cuestiones territoriales”. En vez de eso, ahora prefieren intervenir en la política inmigratoria: a cada momento, su debate.Las “dudas” del Supremo en relación al proceso de regularización de inmigrantes se ven suscitadas por las demandas presentadas por dos comunidades autónomas, Aragón y el País Valenciano, gobernadas por el PP y Vox, o por el PP con el apoyo de Vox. Son comunidades con gobernantes que sostienen —también lo dicen en Baleares, por ejemplo— que la regularización de inmigrantes causará problemas de trabajo y de vivienda a los españoles. Se ve que el turismo de masas y la especulación descontrolada no causan este tipo de problemas; en cambio, dar reconocimiento legal a las personas que ya viven aquí —sometidas a explotación laboral e inmersas en la economía sumergida— sí que causa problemas. ¿O quizás es que estos partidos también se han dado cuenta de que los discursos antiinmigración, de odio y racismo/supremacismo tienen, en efecto, un gran predicamento en nuestros días y se abonan a ellos con contumacia. Y con la seguridad jurídica del Supremo, que los acompaña de buen grado en este viaje.Para hacerlo, el Supremo mira, y esto sí que es nuevo, hacia Europa. Tradicionalmente, la justicia española desconfía y habla mal de los tribunales europeos, y los ha denigrado, insultado y ridiculizado cada vez que se han pronunciado a favor de independentistas o raperos exiliados. Ahora, sin embargo, buscan complicidad y amparo bajo el amparo del Pacto de Migración y Asilo de la UE, que entró en vigor el día 12 de junio y que es uno de los documentos más vergonzosos que ha producido la Unión en toda su historia. Se puede intentar justificar con los subterfugios que se quieran, pero es la UE dándose luz verde a sí misma para hacer campos de detención donde los inmigrantes serán abandonados a una suerte incierta y a menudo fatal; eso sí: en países extracomunitarios, para que no se vea tanto. El Supremo se aferra a ello para profundizar en la deriva del estado español, según la cual los tribunales toman las riendas del gobierno como y cuando les interesa hacerlo. El Pacto de Migración y Asilo (el nombre ya es un sarcasmo) es, por su parte, un paso de gigante de la UE hacia su autodestrucción.

La recta final del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el gobierno español llega a su fin con un frente judicial abierto. Ante las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre el encaje de la medida con el derecho europeo, los expertos consultados por el ARA coinciden en que es poco probable que tengan efectos inmediatos sobre las solicitudes presentadas. Mientras que desde el mundo jurídico señalan posibles deficiencias en la tramitación, entidades y colectivos que han ayudado a los migrantes con la papeleta –a menudo luchando contra la desinformación y la falta de medios y sufriendo el colapso de la administración– centran ahora todos los esfuerzos en garantizar que los solicitantes puedan completar los trámites antes de que expire el plazo este martes.

Por si el gobierno español no tenía suficientes frentes abiertos con la justicia, ahora se le abre otro inesperado en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de inmigrantes que finaliza este mismo día 30 y que ya ha superado el millón de solicitudes. El Supremo, respondiendo a los recursos interpuestos por los gobiernos valenciano y aragonés, ambos del PP, pone en duda ahora la legalidad de la regularización sobre la base de la normativa europea. Este nuevo golpe judicial al gobierno Sánchez está firmado por Carlos Lesmes, magistrado conservador que fue durante 5 años presidente del CGPJ y del TS; Wenceslao Olea, que fue vocal del CGPJ a propuesta del PP, y Fernando Román García, que fue secretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy.

El Tribunal Supremo expresa dudas sobre la legalidad de la regularización extraordinaria de migrantes que ha impulsado el gobierno español y que finaliza este martes. En dos providencias a las que ha tenido acceso el ARA, el alto tribunal cuestiona el encaje del decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el derecho europeo y da cinco días a las partes personadas contra el proceso –en este caso el gobierno de Aragón y el del País Valenciano, ambos del PP– para que se pronuncien sobre la idoneidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

Días después de que el Parlamento Europeo aprobara el Reglamento de Retorno al grito de "send them back!" (¡devuélvelos!), en España acaba el plazo de presentación de solicitudes del proceso extraordinario de regularización con unas cifras que superarán el millón de personas. Ante la inmigración irregular, la Unión Europea responde con deportaciones —que sueña masivas— y lo celebra con una alegría desbordante. España, en cambio, lleva a cabo la regularización extraordinaria más grande de su historia.¿Por qué? La regularización es fruto de la movilización de las comunidades migrantes que comenzó en plena pandemia y culminó con la Iniciativa Legislativa Popular más grande (superó las 700.000 firmas) presentada jamás en el Congreso de los Diputados. Años después, un pacto de última hora entre PSOE y Podemos la desbloqueó. Pero la regularización tampoco se entendería sin tener en cuenta factores mucho más estructurales que se han mantenido inalterados desde principios de siglo.El primero es la demanda casi insaciable de nuevos trabajadores que se cubre con la llegada de personas inmigradas. La demanda es estructural, pero, en períodos de crecimiento económico como el actual, crece exponencialmente. La segunda es que no hay vías regulares de entrada para estos trabajadores: es por eso que la mayoría entran como turistas y se quedan unos años trabajando irregularmente a la espera de poder regularizarse. La tercera es que la mayoría son latinoamericanos, que son percibidos como necesarios y culturalmente cercanos. Aunque no son los únicos, son los deseados.

El día antes de que finalice el proceso de regularización extraordinaria de migrantes todavía hay quienes presentan la documentación. A Bilal, un hombre pakistaní de unos cuarenta años, le ha costado "mucho" conseguir todos los papeles, sobre todo los antecedentes penales de su país porque le habían llegado parcialmente hasta el punto de que se había planteado hacer los trámites sin adjuntar el comprobante que los había solicitado. Finalmente el papel le llegó la semana pasada, justo a tiempo para "no tener sorpresas", dice. Por contra, lleva incluso el padrón que no se requiere. A la espera de los datos definitivos, los últimos datos oficiales de hace un par de semanas apuntaban que se han hecho 900.000 solicitudes, a pesar de que informaciones periodísticas aumentaban las cifras hasta 1,2 millones de expedientes, más del doble del medio millón previstas por el gobierno español.

Recta final del proceso extraordinario de regularización que debe servir para que miles de personas migradas que viven y trabajan en España (en la economía sumergida) consigan el permiso de residencia que les permita poner fin a una vida sin derechos. Después de un convulso inicio hace más de dos meses, en el que la desinformación y la falta de medios provocaron largas colas de solicitantes para que les entregaran la documentación necesaria para los trámites, el proceso se cerrará el próximo 30 de junio. Hasta ahora se han presentado más de 900.000 solicitudes, casi el doble de las 500.000 que preveía el gobierno español.

El Tribunal Supremo ha parado los pies al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a Vox y ha rechazado paralizar temporalmente la regularización extraordinaria deinmigrantes que arrancó hace un mes y medio. Lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de cinco vistas que se han celebrado esta mañana y que han servido para que el ejecutivo madrileño, el partido de extrema derecha y tres asociaciones ultra cargaran contra el proceso de regularización que impulsó el gobierno español después de un pacto con Podemos. En una de ellas, el abogado del Estado ha anunciado que hasta el 21 de mayo se han presentado 549.596 solicitudes y se han empezado a tramitar 91.905. Los que han superado el primer filtro han recibido una autorización provisional para poder trabajar. En muchos casos, era gente que tenía trabajo: estaba trabajando en negro y ahora lo hace de manera regular o ha encontrado trabajo en otro lugar. "No estamos hablando de entrada, sino de una cuestión radicalmente diferente. Estamos hablando de un conjunto de personas que estaban en España, que pueden acreditar cinco meses de haber vivido allí y que tenían déficit de acceso a los derechos", ha argumentado el abogado del Estado. También ha puesto de relieve que la regularización sirve para "dar respuesta a los retos del mercado laboral" y busca ofrecer una "integración efectiva y rápida" a personas que tienen "arraigo" y un "vínculo indisoluble de convivencia" en España.

La exclusión social de las personas que viven en la calle también se nota en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que hasta el 30 de junio está abierto para medio millón de personas en todo el Estado. Se nota porque las personas que viven en la calle, en tiendas de campaña o en asentamientos tienen muchos problemas para cumplir los requisitos –por muy laxos que sean– a la hora de reunir la documentación necesaria o, incluso, para enterarse de que hay un proceso en marcha y que se pueden acoger a él.

Cuando termine el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes actual, hasta 150.000 personas que viven y en muchos casos trabajan en Cataluña –casi medio millón en todo el Estado– pasarán de no tener papeles y de vivir de la economía sumergida, a poder entrar formalmente en el sistema laboral con permisos de residencia legales. La regularización tendrá consecuencias evidentes en muchos ámbitos, como en el mercado laboral o en la seguridad social, pero la investigación también dice que puede tenerlas en la seguridad.

Son las 12 de la noche y Nancy mira una película en Netflix como hacen muchos catalanes antes de ir a dormir. Ella, sin embargo, lo hace desde el móvil, en la calle de Barcelona, resguardada del frío con un anorak que utiliza de manta. A su lado hay otra chica que duerme en el suelo tapada con varias capas. Se ha descalzado para dormir y Nancy le vigila los zapatos, aunque no sabe cómo se llama. Se han conocido en la cola que hay delante del centro de acompañamiento a la regularización de personas migrantes de la calle Miquel Bleach, que entró en funcionamiento el lunes para dar respuesta a la alta demanda. Como ellas, esta semana cientos de personas que viven y trabajan en Cataluña han hecho noche a las puertas de edificios municipales y de entidades sociales para conseguir el informe de vulnerabilidad o el padrón y completar el proceso para obtener la residencia y tener el permiso de trabajo en regla.

El balance de la primera semana de la regularización de los 150.000 migrantes que viven y en muchos casos trabajan en Cataluña se resume en las colas de 12 horas a las puertas de ayuntamientos y entidades sociales para tener el informe de vulnerabilidad y en las consecuencias de haber tenido que improvisar a última hora para adaptarse a la letra definitiva de la instrucción aprobada. "Dicen que no necesitamos el informe de vulnerabilidad o el padrón, pero conozco gente a la que entonces no le cogen la solicitud", afirma Elida Rojas, boliviana con dos hijos a cargo.

Durante la presidencia rotatoria española, los Veintisiete aprobaron el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo y dos años después de su aprobación, el 12 de junio, expira el período de transición para que los estados se adapten a él. A partir de esta fecha, el acuerdo estará plenamente vigente en toda la Unión Europea. El texto fija que se debe evitar la entrada irregular de personas extracomunitarias y facilitar el retorno a todos aquellos que no tienen derecho a pedir la protección oficial. Para las entidades pro derechos humanos se trata de una iniciativa que avanza hacia la necropolítica de fronteras. Con otras palabras, jugárselo todo al control y mano dura a la acogida. La profesora agregada de derecho internacional público y relaciones internacionales de la UPF, Sílvia Morgades, ha estudiado a fondo lo que supondrá este proceso.

“Venir y dar una patada en la puerta tiene premio en España”, dice Jorge Buxadé, secretario general de Vox, para referirse a la regularización de inmigrantes. Pero la mayoría de personas que se verán beneficiadas por esta medida no han llegado dando ninguna patada: hace años que están dentro, a menudo abriendo y cerrando nuestras puertas cada día —y asumiendo unos cuidados que, como sociedad, no estamos resolviendo.Alrededor de medio millón de personas: una cifra que impresiona. De ahí que Feijóo hable de regularización "a granel" y que la oposición agite el fantasma del efecto llamada. Pero los datos no avalan este miedo: ni la regularización del 2005 —que dio papeles a más de 576.000 personas— ni ninguna otra regularización en España generó ningún efecto medible, según los estudios disponibles. Los flujos migratorios dependen del ciclo económico y la situación en los países de origen, no de las políticas de acogida del país receptor. Y el requisito de esta medida es claro: hay que demostrar que te encontrabas en España antes del 1 de enero del 2026. No se regulariza a quien llega, sino a quien ya está aquí —personas que hace años que trabajan y viven en nuestros barrios, a menudo sin ningún derecho formal que lo reconozca.Pero, más allá de la polémica, ¿se trata de una buena medida? La mayoría de estas personas ya trabajan, pero en la economía sumergida, sin cotizar ni tener derechos laborales. La regularización no crea nueva mano de obra —ya está ahí—, sino que la saca de la precariedad y la incorpora a la Seguridad Social. Diversos estudios encuentran que el impacto fiscal de la inmigración es "claramente positivo": aportan más de lo que reciben. Dar papeles a personas que ya están aquí es también la manera más eficaz de saber quiénes son y dónde están. Y, finalmente, una sociedad que se beneficia del trabajo de alguien sin reconocerle ningún derecho es una sociedad explotadora. En un momento en que Europa endurece las políticas migratorias, Sánchez va a contracorriente.

La regularización extraordinaria de migrantes que los últimos días ha dejado colas interminables para conseguir los papeles llegará a miles de personas, pero hay rincones desde donde será casi imposible acceder a ellas. Por ello, esta semana el ministerio del Interior ha pedido a las prisiones que den facilidades a los presos preventivos que quieran hacer los trámites porque estos internos no están condenados y, por tanto, no tienen antecedentes penales que les veten la regularización. Además de los presos, sin embargo, hay otra parte de la población migrante para quien será más difícil pedir los papeles, los que están cerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En estos centros –hay 7 en España– hay personas pendientes de ser expulsadas del Estado por diferentes motivos y aunque la mayoría de los cuales no son penales, los expertos coinciden en señalar que tendrán dificultades para solicitar la regularización.

Las colas para conseguir hacer los trámites para la regularización extraordinaria de migrantes no aflojan. Alrededor de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la plaza de Sant Miquel de Barcelona, junto al Ayuntamiento, decenas de personas se esperan este viernes con el saco de dormir después de pasar la noche en la calle para poder conseguir cuanto antes mejor la documentación necesaria para completar el proceso para obtener la residencia y el permiso de trabajo en regla. La hilera, de hasta un kilómetro, pasa por detrás del consistorio y da varias vueltas a la calle dels Templers y a la plaza de Sant Jaume. La mayoría de las personas cargan carpetas con documentación, así como bolsas con comida y agua, preparadas para pasar allí horas hasta que les llegue el turno.

"Presentar los documentos para la regularización es el primer paso para poder seguir creciendo aquí con estabilidad y calma". Así explica Xavier, venezolano, la oportunidad que significaría para él que le otorgaran la regularización como solicitante de asilo. Ante la oficina de Correos de la plaza del Doctor Letamendi de Barcelona –habilitada para hacer los trámites desde este lunes de manera presencial–, el joven de 31 años explica que él ya ha conseguido presentar toda la documentación. Xavier llegó al Estado hace cerca de un año y, una vez establecido en la capital catalana, ve la aprobación de la regularización extraordinaria como un paso más para continuar trabajando sin tener que preocuparse por los papeles. Un proceso que ha hecho solo. "Hay que leer todo muy bien y llevar los documentos necesarios, pero en mi caso ha sido bastante fácil y rápido", señala Xavier.

Mientras que en la mayoría de oficinas de Correos habilitadas atienden sin incidentes remarcables y por rigurosa cita previa las personas migrantes que pueden hacer la regularización de papeles presencialmente desde este lunes, las largas colas se multiplican en los servicios que los ayuntamientos han montado para agilizar los trámites obligatorios. Desde el jueves 16, las solicitudes también se pueden hacer telemáticamente, pero es este lunes que se abrían los trámites presencialmente. La tardanza en la publicación de los documentos que se requieren ha hecho que hoy el grueso de los 150.000 beneficiarios que se calculan que habrá en Cataluña todavía estén pendientes de recoger toda la documentación necesaria.En L'Hospitalet la cola da la vuelta al enorme edificio de La Farga, donde se tramitan el informe de vulnerabilidad social y el volante del padrón municipal. El Ayuntamiento prevé atender hoy a 1.500 personas de las 27.000 que ya viven en el municipio. Los primeros demandantes han comenzado a llegar antes de la medianoche de este domingo. Las hermanas Sandra y María, colombianas que hace tres años y siete meses que residen en la ciudad, se esperan desde las 4 de la madrugada. "Si desde el principio nos hubieran dicho que necesitábamos la vulnerabilidad, tres cuartas partes de los que hoy estamos aquí ya tendríamos el informe", lamentan, sin tener la certeza de que hoy los funcionarios puedan dar respuesta a todos los que forman la fila.