Hay una comparativa entre dos jueces de moda que últimamente hace fortuna: José Luis Calama, que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Peinado, que ha enviado a Begoña Gómez a juicio después de una instrucción de dos años. A nadie se le escapa que la manera de pivotar las dos grandes causas mediáticas en las que están inmersos es diferente. No en vano por los pasillos del Congreso voces de alta jerarquía de la Moncloa reconocen que Calama "no es" Peinado, como muestra de que la investigación sobre el expresidente español, aún embrionaria, no tiene las extravagancias de la imputación de la mujer de Pedro Sánchez. La meridiana distancia entre ambos se ha hecho patente, especialmente, en dos cuestiones: la adopción de medidas cautelares y la imputación de personas que previamente han declarado como testigos con la obligación de decir la verdad. Vamos por partes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto la vía para expedientar al juez Juan Carlos Peinado, para argumentar que los escoltas de la mujer del presidente, Begoña Gómez, podrían ayudarla a huir. Pese al ruido mediático, el historial demuestra que sancionar a un magistrado es casi una quimera. Ejemplos recientes lo avalan: el CGPJ acabó archivando en 2024 el expediente a un juez que llamó "psicópata" al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, y en febrero de 2026 la mayoría conservadora hizo la vista gorda con los magistrados Eloy Velasco y Manuel Ruiz de Lara, que llamaron "Barbigoña" a la esposa del presidente, amparándose en la libertad de expresión.

El “quien pueda que haga” de Aznar ha sido tomado tan a pecho dentro de la derecha nacionalista española que se está produciendo una verdadera competición entre guardianes de las esencias patrias para ver quién da el golpe más fuerte, y si puede ser definitivo, a la dictadura comunista de Pedro Sánchez, cómplice de etarras vascos y de golpistas catalanes. El juez Peinado, en particular, parece sentirse llamado a la alta misión de asestar un golpe mortal al sanchismo pérfido antes de que llegue (en septiembre) su propia jubilación. Como es público y notorio, la vía que ha encontrado para hacerlo es un clásico del fascismo y las mafias: atacar a los familiares y a las personas más cercanas al enemigo, difamarlos, humillarlos. Misión cumplida: la instrucción del juez Peinado contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, es tan extravagante, irresponsable e impresentable como se quiera, pero ella ya no podrá evitar, por años que viva, que cuando su nombre sea mencionado alguien la asocie (quiera asociarla) con la corrupción.De tanto celo que ponen no solo incurren en un golpe de Estado, no tan soft como a veces se dice, que se perpetra desde las instituciones mismas del Estado, sino que también llegan a pisotearse entre ellos, y esto es más insólito y más irónico. Peinado, en concreto, ha conseguido enfadar a los sindicatos policiales, por haberle retirado el pasaporte a Begoña Gómez con la sospecha de que los escoltas podrían ayudarla a huir. ¡La Policía Nacional, cómplice del sanchismo! ¿Adónde vamos a parar? Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han hecho horas extras para salvar a España de todo fumanxú que pudiera poner en peligro su unidad sagrada porque ahora se les señale como posibles cómplices de una eventual fuga de Begoña Gómez, una de las protagonistas de los memes machistas más casposos que corren por los grupos de WhatsApp patrióticos. Los principales sindicatos policiales, Jupol y SUP, no se lo pueden creer y el ministro Marlaska ha pedido explicaciones. Es decir, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actuara, y el CGPJ ha expedientado a Peinado, aunque sea con una pronunciada división interna. Está bien, pero habría sido mejor que hubieran dilucidado si Peinado incurre en prevaricación, como dice el exmagistrado del Supremo Martín Pallín. O aún mejor, si la judicialización de la política no es un grave problema para el Estado de derecho. El sentido arácnido, sin embargo, nos avisa de que el corporativismo prevalecerá y que estos debates sobre la magistratura no se producirán, al menos públicamente. Lo resumió bastante bien un destacado miembro de la cúpula judicial: que nos dejen en paz.La derecha española ha llegado a encenderse de tal manera que, por salvar España, no le importa cargársela. “No pasa nada. Cuando nosotros volvamos al poder que nos usurparon ya arreglaremos la rotura”, se dicen. El problema es que el estado de derecho no se rompe y repara a voluntad. Mientras tanto, la amnistía –otro escándalo de una magistratura que se niega a aplicar la ley vigente– acecha en el horizonte del final de legislatura.

Se ha acabado el curso escolar, mañana es la verbena de San Juan y el verano ha comenzado en plena ola de calor, que nos recuerda que los vaticinios sobre las consecuencias del cambio climático en Cataluña se están cumpliendo puntualmente, por desgracia.Y con todo, la noticia de hoy no es esta, sino la del juez Peinado, que este fin de semana ha pedido el pasaporte a Begoña Gómez, la mujer del presidente español, Pedro Sánchez. El juez considera (espérame el cubata) que la escolta policial de la familia Sánchez podría colaborar en una huida de España. Miren si el juez Peinado la ha liado gorda que esta mañana el CGPJ se ha vuelto a reunir para ver si le abre un expediente.No hay duda alguna de que a Begoña Gómez le han retirado el pasaporte para escarnirla a ella y a su marido, a ver si abandona de una vez la presidencia del gobierno español. Van detrás de ella. Quieren que dimita. Más aún, la quieren en la cárcel. A ver, la corrupción en el PSOE ya ha llevado a tres colaboradores de Sánchez a la cárcel, pero eso no es incompatible con el hecho de que Sánchez esté siendo objeto de una persecución política por parte de elementos del poder judicial, obedientes al grito de guerra aznariano “el que pueda hacer que haga”, que creen que tienen el deber corporativo y patriótico de impedir que la amnistía corrija lo que el Tribunal Supremo sentenció. Sobre todo porque gracias a la amnistía Sánchez ha conseguido gobernar a pesar de haber perdido las elecciones. Y ya hace ocho años que es presidente. Y se les está haciendo eterno. 

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido abrir el proceso para expedientar al juez Juan Carlos Peinado, que investiga la causa de Begoña Gómez, por argumentar que los escoltas de la mujer del presidente español, Pedro Sánchez, podrían ayudarla a huir. Esta justificación, por la que el magistrado decidió retirarle el pasaporte como medida cautelar, es la razón por la que el órgano judicial ha decidido abrir un expediente. Según explican desde el CGPJ, las palabras del juez pueden constituir una "falta grave de desconsideración", prevista en el artículo 418.5 de la ley orgánica del poder judicial. Ahora habrá un promotor del expediente que después de diversas diligencias informativas decidirá si le abre definitivamente el expediente o dicta una resolución de archivo. Fuentes consultadas del CGPJ aseguran que hay otras quejas pendientes contra Peinado que se podrían analizar también esta misma semana.

Hace meses que la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, genera malestar entre las filas socialistas: lo consideran una "persecución" contra Gómez por el hecho de ser la mujer del jefe del ejecutivo estatal. Este fin de semana, sin embargo, Peinado también ha conseguido indignar a la policía y a parte de la judicatura por el argumento que usó para justificar la retirada del pasaporte a Gómez, una medida cautelar que había solicitado la acusación popular que capitanea la entidad ultra Hazte Oír. El magistrado consideró que había riesgo de fuga porque sus escoltas podrían ayudarla en una posible huida. Un argumento que hizo enfadar al cuerpo policial y que también puso en alerta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto es así que este lunes la comisión permanente de este órgano estudiará si expedientar a Peinado.

En un libro publicado a principios de año (Sobre el imperio de la ley), su autor, Javier Cremades, advierte sobre la fragilidad del estado de derecho.

Resulta complicado hablar de lawfare en los casos que acosan al PSOE por la multitud de pruebas y evidencias que se acumulan cada día, pero si hay uno que podría servir para ilustrar un caso de lawfare de manual sería el que afecta a la mujer del presidente español, Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha protagonizado una instrucción surrealista, guiada por una evidente mala fe y hostilidad hacia Pedro Sánchez y su entorno. Por eso, todo el mundo daba por hecho que el pasado lunes, cuando Begoña Gómez fue citada para una vista, el juez procedería a comunicarle su procesamiento y la apertura del juicio oral. Sorprendentemente, sin embargo, cinco días después, el juez aún no ha comunicado su decisión, y ni siquiera ha dictaminado sobre la petición de la acusación popular de retirarle el pasaporte de forma preventiva, lo que alarga sin justificación el procedimiento.

Mientras todos estaba a la espera de que Juan Carlos Peinado decidiera si enviaba a Begoña Gómez a juicio y si le retiraba el pasaporte, el polémico juez ha hecho un movimiento inesperado y ha decidido abrir una nueva línea de investigación en la causa sobre la mujer de Pedro Sánchez. Es una pieza separada por los delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea por un contrato que fue adjudicado a una empresa de Juan Carlos Barrabés. En una providencia de poco más de 200 palabras, el magistrado se limita a citar el decreto de la Fiscalía Europea y evita hacer una mínima explicación de quién intervino. Es, pues, un primer paso muy embrionario. Cuatro horas después de que trascendiera, Peinado ha tenido que dictar una nueva resolución para "aclarar" que la pieza se abre "únicamente" respecto al empresario y, por tanto, deja fuera a la esposa del presidente español.

En las últimas semanas, la actualidad política en Madrid ha estado marcada por los sumarios judiciales. El estallido del caso Leire y del caso Zapatero han conmocionado al PSOE y han vuelto a instalar a Pedro Sánchez en un momento de máxima debilidad. Y hay un nombre repetido que aparece vinculado a la conocida como fontanera del PSOE y a la investigación sobre el expresidente del gobierno español: Nervis Gerardo Villalobos, que fue viceministro de Energía en Venezuela con Hugo Chávez del 2004 al 2006.

Mientras Begoña Gómez confía en que la Audiencia de Madrid evite que se siente en el banquillo y continúa a la espera de que Juan Carlos Peinado tome una decisión, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado un informe, al que ha tenido acceso el ARA, que puede ser beneficioso para sus intereses. Pero no del todo. De entrada, el instituto armado concluye que la cátedra de la Universidad Complutense que la mujer de Pedro Sánchez codirigía se creó legalmente. "Se nutre de diferentes colaboradores con un grado y carácter de participación diferente. [...] Todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Complutense y con la normativa común que le es aplicable", sostiene el documento, de 158 páginas. Además, alega que el Reglamento de creación de cátedras extraordinarias incluye la "posibilidad" de que, "excepcionalmente y por causas justificadas", se pueda designar como directora a alguien "sin vinculación laboral" con la universidad.

Con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa en la otra punta del mundo, en una visita oficial a China, el juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucción y ha enviado a Begoña Gómez a juicio. Lo hizo este lunes en un auto lleno de referencias históricas y literarias, poco habituales en el lenguaje jurídico. Como ha hecho durante toda la investigación, en el último auto Peinado demuestra tener mucho interés en vincularla a su marido, aunque el papel de Sánchez no forme parte de la instrucción. Hasta cuatro veces se refiere a ella como "la esposa de", e insiste en que la actividad profesional de Gómez experimentó un crecimiento notable una vez Sánchez llegó a la Moncloa.

El gobierno español acostumbra a ser prudente cuando se tiene que pronunciar sobre el poder judicial, pero hay dos excepciones: el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en que defendieron su inocencia hasta el final, y la causa de la mujer del presidente español, Begoña Gómez, que este lunes el juez Juan Carlos Peinado dejó a un paso de juicio. Este martes hasta tres ministros han hecho piña con la mujer de Pedro Sánchez y hasta han insinuado que hay persecución política. Aún más, se han reafirmado en que todo será corregido por instancias superiores. "Estamos en un estado de derecho y no en el régimen de Fernando VII", ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en alusión a la referencia que Peinado hizo en su auto en que comparaba el gobierno español con un régimen absolutista.

Dos años después de dar el pistoletazo de salida a la investigación que provocó los famosos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido cerrar la instrucción sobre Begoña Gómez y la deja a un paso de juicio por cuatro delitos. Está acusada de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado cree que su condición de esposa del presidente español sirvió "para influir" y le permitió "acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales".

La Audiencia de Madrid ha lanzado un nuevo toque de atención a Juan Carlos Peinado. El juez que investiga a Begoña Gómez desde hace casi dos años sorprendió a todos el pasado mes de septiembre al decidir que la causa debería acabar ante un jurado popular –nueve ciudadanos elegidos al azar–. La esposa de Pedro Sánchez, su asesora en la Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés –con el apoyo de la Fiscalía– se opusieron y ahora la Audiencia de Madrid les da la razón. Considera que las resoluciones que dictó el instructor no tenían la "necesaria fundamentación" y no hacían un relato que incluya los "indicios verosímiles", lo que impide que las partes "conozcan de manera suficiente las razones de la decisión" y "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva". En consecuencia, anula cuatro resoluciones del juez Peinado. Ahora bien, esto no impide que el juez dicte una nueva interlocutoria bien argumentada para mantener su hoja de ruta.

Juan Carlos Peinado se ha convertido en esta legislatura en uno de los jueces más mediáticos y cuestionados. Su determinación en investigar a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de fondos públicos le ha puesto en el punto de mira del PSOE y de la Moncloa. También otros partidos de la mayoría plurinacional, como Sumar o ERC, le han señalado atribuyendo su actuación a motivaciones políticas. ¿En qué basa el juez de instrucción de Madrid uno de los casos que asedian al presidente español?

El juez Juan Carlos Peinado mantiene viva su causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Este miércoles el magistrado ha rechazado archivar la causa y ha hecho otro movimiento: ha imputado a otro cargo de la Moncloa, la actual secretaria general de Presidencia y ex directora del departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, Judit Alexandra González Pedraz. Peinado le cita a declarar el 12 de noviembre, en la que le comunicará los hechos que se le imputan y que es investigada por un delito de malversación. Una de las patas de esta causa es la contratación de la exasesora de Gómez, Cristina Álvarez, por la que el magistrado mantiene imputados por el mismo delito a la propia Álvarez, Begoña Gómez y al delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que antes tenía un cargo en Presidencia. La tesis del juez es que la contratación de esta asesora hecha con dinero público servía en realidad para gestionar asuntos privados de Begoña Gómez. Para justificar este delito, en el auto que se ha hecho público este miércoles, el juez recurre a la sentencia del Proceso por malversación.

La Audiencia de Madrid para los pies al juez Juan Carlos Peinado, que quería enviar a Begoña Gómez a dos juicios por jurado popular. El tribunal ha decidido este jueves que la separación en dos piezas del caso contra la esposa del presidente del gobierno español es "prematura e inmotivada" y la revierte. Tras este revés, pues, ahora mismo sólo hay una única causa contra Gómez y el juez instructor deberá decidir si quiere justificar mejor que debe separarse la pieza por malversación sobre la contratación del asistente de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, o si la incorpora a la pieza principal. La resolución por la que llevaba al jurado popular la prenda por malversación, pues, también cae automáticamente.

El juez Juan Carlos Peinado quiere enviar a un jurado popular todo el resto del caso Begoña Gómez. El magistrado instructor ha dictado un nuevo auto este jueves en el que cita a la mujer del presidente español, el empresario Juan Carlos Barrabés y el asistente de la Moncloa Cristina Álvarez a comparecer el próximo lunes a las 17.30 h en el juzgado, tal y como ya hizo con la primera pieza que derivaba hacia la vía del jurado popular. Sin embargo, los implicados, enviaron sus abogados. "Que se cite a los investigados en la forma debida y haciéndoles saber que tendrán que comparecer necesariamente asistidos de su letrado", escribe Peinado, tras la plantada del pasado sábado.

En una semana marcada por el debate migratorio y los problemas de Alberto Núñez Feijóo sobre su posición respecto al conflicto en Gaza, la agenda judicial ha vuelto a ser intensa. La Audiencia de Badajoz ha confirmado que el hermano de Pedro Sánchez irá a juicio por prevaricación y tráfico de influencias; un juzgado de Madrid ha abierto juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal y organización criminal, entre otros delitos; el juez Juan Carlos Peinado ha decidido que Begoña Gómez sea juzgada por un tribunal popular por malversación; y, finalmente, se ha confirmado la composición del tribunal que juzgará al fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz.