El juez Peinado cierra la investigación contra Begoña Gómez y la deja a un paso de juicio

MadridDos años después de dar el pistoletazo de salida a la investigación que provocó los famosos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido cerrar la instrucción sobre Begoña Gómez y la deja a un paso de juicio por cuatro delitos. Está acusada de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado cree que su condición de esposa del presidente español sirvió "para influir" y le permitió "acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales".

Pedro Sánchez como presidente del gobierno españolA lo largo del auto, de 39 páginas, Juan Carlos Peinado hace dieciséis alusiones a Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Apunta que las empresas con las que Begoña Gómez se relacionaba participaban en "numerosos procedimientos de licitación pública" y sostiene que los contactos que ella mantenía "se orientaban a la obtención de futuros beneficios privados o comerciales indebidos". Es decir, el patrocinio de la cátedra era la "fachada" de una "retribución encubierta por futuros beneficios" relacionados con el gobierno español. Eso sí, a última hora, ha descartado el delito de intrusismo laboral. Asimismo, también deja a tocar del banquillo de los acusados a Cristina Álvarez –la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, que está en el punto de mira por el trabajo que hacía– y Juan Carlos Barrabés –un empresario que se habría beneficiado de Begoña Gómez después de haberla ayudado con la cátedra–. Ante el más que probable recurso de todas las defensas, será la Audiencia Provincial de Madrid quien tendrá la última palabra sobre si finalmente la mujer de Sánchez se sienta o no en el banquillo de los acusados.

"Propias de regímenes absolutistas"

En relación con el presunto delito de tráfico de influencias, dice que desde que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE y, "sobre todo", presidente del gobierno español se tomaron "determinadas decisiones públicas favorables" a la cátedra: "Pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional". Y es en este momento cuando el juez incluso compara España con un régimen autoritario para justificar la ausencia de jurisprudencia: "No podrá encontrarse un supuesto de similares características, porque las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de régimenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro estado". Como mucho, cita a Ferran VII, que fue rey en el siglo XIX. El abogado de Begoña Gómez replicó hace tiempo que la dirección de la cátedra no era retribuida, pero el juez no le da verosimilitud: "El beneficio puede ser indirecto y a favor de un tercero", recalca en alusión a Juan Carlos Barrabés.

Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, tienen ahora cinco días para pedir la apertura de juicio oral y formular su escrito de acusación, que deberá contener el número de años de prisión que solicitan para Begoña Gómez. La Fiscalía hace tiempo que pide el archivo de la causa. En caso de que llegue a juicio –como es previsible–, Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular. Poco después de conocerse la noticia, la reacción del gobierno español ha llegado de manos del ministro Félix Bolaños, que ha cargado con dureza contra el juez, a quien ha acusado de hacer un "daño irreparable" al "buen nombre" de la justicia española: "Esta instrucción ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces de nuestro país".

También ha reaccionado el PSOE. Fuentes del partido atribuyen intencionalidad política a Peinado por haber difundido la interlocutoria este lunes, el mismo día –remarcan– que el principal investigador del caso Kitchen haya confirmado que el Asturiano era el apodo de Mariano Rajoy. "Está contra las cuerdas", dicen fuentes socialistas, mientras ponen la mano en el fuego por Begoña Gómez: "La verdad se acabará imponiendo", afirman. Las mismas voces defienden las actividades profesionales de la mujer del presidente español, que está de viaje oficial a China.

La contratación de su asesora

El delito de malversación tiene relación con la contratación de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, que la ayudaba en tareas relacionadas con la cátedra. El juez reconoce que la mujer de Pedro Sánchez no puede ser considerada "autora directa" del presunto delito porque ella no le pagaba el sueldo, pero cree que sí fue "inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente" del "desvío" de dinero público porque "aprovechó de manera estable su dedicación en tareas ajenas a la encomienda institucional", como interlocución con universidades y patrocinadores, seguimiento de la cátedra y asistencia a reuniones. Por tanto, dice que Begoña Gómez utilizó la "fuerza de trabajo y cobertura institucional sufragada por el Estado" para sus "finalidades privadas y profesionales" y sostiene que, viendo la "continuidad, reiteración y aprovechamiento" de esta ayuda, no puede enmarcarse en "meros favores aislados o episodios episódicos".

Finalmente, el juez da carpetazo al delito de intrusismo laboral, que estaba vinculado con la firma de un pliego de condiciones técnicas de un software de la cátedra. Como ha quedado acreditado que no se requería un "título específico" para hacerlo y no hay "indicios plurales y sólidos", sino solo "frívolos", el juez ha decidido aparcarlo.