El otro caso que acosa a Pedro Sánchez: ¿tiene base la investigación en Begoña Gómez?

MadridJuan Carlos Peinado se ha convertido en esta legislatura en uno de los jueces más mediáticos y cuestionados. Su determinación en investigar a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de fondos públicos le ha puesto en el punto de mira del PSOE y de la Moncloa. También otros partidos de la mayoría plurinacional, como Sumar o ERC, le han señalado atribuyendo su actuación a motivaciones políticas. ¿En qué basa el juez de instrucción de Madrid uno de los casos que asedian al presidente español?

Los correos de la asesora

El último movimiento de Peinado, de esa misma semana, tiene relación con la rama de la malversación. El juez considera que la contratación de la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, implica desviar fondos públicos debido a que realizaba tareas relacionadas con los negocios privados de la mujer del presidente español. ¿En qué se sustenta esa hipótesis? Peinado lo extrae de correos de la asesora dirigidos a empresas que colaboraban con la cátedra de Transformación Social que la mujer de Sánchez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. La defensa de Gómez sostiene que este cargo de asesora en "plena disposición" implica que se hagan funciones que tienen un cariz de "favor" personal. Mucho se ha citado el ejemplo del exasesor de la mujer de Mariano Rajoy, que le acompañaba a comprar.

"No puede afirmarse que «como esa persona ha robado una gallina, yo puedo robar tres o cinco»", argumenta Peinado en un auto hecho público el miércoles en el que rebate que la inconcreción en la delimitación de funciones que ha tenido hasta ahora esta figura no excusa la actuación de Álva. La defensa de la mujer del presidente ve en el análisis de Peinado una interpretación de la malversación "extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad" a lo que el juez ha respondido utilizando la polémica interpretación que hizo de ese delito la sentencia del Proceso para justificar que ese uso "desleal" de los recursos públicos encaja en el tipo penal. Para apuntalar esta tesis, el juez ha pedido a la Guardia Civil que analice también todos los correos de Gómez entre 2018 y 2025 y también el registro de llamadas de la asesora con las empresas patrocinadoras de la cátedra.

La cátedra de la Complutense

La Fiscalía se opone a esta interpretación y no ve base suficiente para la malversación. Según el ministerio público, nada es "sospechoso" en las cantidades que ha ganado Gómez por su labor en la Complutense, unos 34.000 euros entre 2012 y 2022 de los que 9.131 son previos al ascenso de Sánchez a la Moncloa. En un escrito de hace tres semanas la Fiscalía de Madrid remarcaba que es necesario tener en cuenta las "magnitudes" cuando se habla de "negocios privados". En cuanto al tráfico de influencias y la corrupción en los negocios, la base de esta investigación son unas adjudicaciones de contratos públicos al socio de Gómez en la cátedra universitaria, el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado por Peinado y al que la mujer de Sánchez hizo cartas de recomendación. Algunos de esos contratos también están en el punto de mira de la Fiscalía Europea.

"Cada semana persigue algo diferente", se quejó el PSOE cuando hace un mes Peinado decidió prorrogar la investigación otros seis meses. La Audiencia de Madrid, pese a haber recortado el alcance de la causa —vetando indagar sobre el rescate de Air Europa— y de haber rechazado el intento del juez de separarla en dos juicios orales, le permitió seguir investigando conjuntamente la malversación y el tráfico de influencias, que esta instancia superior ve "entrelazados".

Los intentos de apuntar más arriba

Uno de los argumentos para achacar una base política a la causa es que Peinado ha tratado de extender la sombra de sospecha sobre otros cargos de la Moncloa. Que convocara a Sánchez como testigo por el tráfico de influencias acabó con una denuncia del presidente por prevaricación. El juez planteó, sin éxito, que el Tribunal Supremo investigara al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la presunta malversación por el hecho de que fue secretario general de la Presidencia cuando se contrató a Álvarez en la Moncloa. Peinado ha imputado a dos personas que le sucedieron: Francisco Martín, actualmente delegado del gobierno español en Madrid, y quien ostenta el cargo actualmente Judit Alexandra González, citada a declarar el próximo miércoles.