Por el grupo de WhatsApp de los directores y gerentes de centros y servicios de atención a la dependencia corren los comentarios sobre la información publicada en ARA sobre las multas de 5,2 millones de euros a residencias geriátricas. Lo explica el presidente de DiGESCAD, Andrés Rueda, que lamenta la “criminalización” de estas instalaciones.

Una mala administración de medicación, una dieta pobre o inadecuada, una pésima higiene del centro o no garantizar la atención continuada de los usuarios. También falsear datos, ignorar las advertencias de la administración u obstaculizar la inspección y la información a la familia. Son sólo parte de los motivos que han llevado a sancionar a residencias de gente mayor de Catalunya. Desde 2020 las multas económicas firmes ascienden hasta los 5.321.733 euros, según los datos aportados al ARA por el departamento de Derechos Sociales en respuesta a una petición a través del portal de transparencia de la Generalitat. Aunque no se detallan cuántas son las residencias sancionadas, salvo 2020 y 2024, en el resto de años se superan el centenar de expedientes sancionadores. Sin embargo, el departamento permite a las residencias que han corregido las infracciones invertir el importe de la multa en actuaciones de mejora en las instalaciones.

Una vez terminado el 2025, también se ha terminado el presupuesto del Plan que daba "aire" a las familias con personas con un alto grado de discapacidad. "¿Ahora qué debemos hacer?", se preguntan, exhaustas, por la escasez de los llamados respiros, programas de estancias temporales en residencias para las personas con discapacidad para que las familias descansen. Además, son familias empobrecidas a la fuerza para que la dependencia o la discapacidad supone un sobrecoste económico en terapias, prótesis y cuidadoras que no siempre cubre la administración pública.

Ayuntamientos catalanes han lanzado un grito de socorro para que la Generalitat no los deje solos a la hora de atender a las personas que viven en la calle. Aunque no existe un censo oficial que ponga cifras al sinhogarismo, se ha constatado que es un fenómeno que ya sobrepasa la corona metropolitana y se extiende por localidades pequeñas de todo el país. Los consistorios comparten que, hoy por hoy, la problemática no cuenta con recursos económicos suficientes.

Carmen Castillo lleva más de cuarenta años en el psiquiatra y, ahora, a punto de cumplir 75 suele pasar por la consulta de primaria o el hospital más de lo que quisiera. Aconsejada por la hija, está a la espera de tener el botón de la teleasistencia y una valoración de grado de la dependencia para conseguir bonificación para adaptar el baño, un trámite que dice haberse enrevesado porque ha tenido que ir a la doctora que la conoce de hace años para que le haga un informe sobre cómo la artrosis le ha reducido la movilidad. "Te manejan de aquí para allá buscando quien te entienda y te atienda", se queja. Esta duplicidad de trámites es lo que pretende terminar la futura Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria (AGAISS-Cat), que ha aprobado este miércoles el Parlament, aunque, si todo va bien, no entrará en funcionamiento hasta dentro de un año, y aún habrá que esperar hasta noviembre de 2027 para que la integración de ambos servicios esté plenamente.

Los llamaban "los Erasmus" porque se diferenciaban de los demás menores extranjeros no acompañados que llegan en patera. Quizás porque llevaban un teléfono caro o por las historias que contaban. Finalmente, el apodo que les puso la Policía Nacional ha resultado ser cierto porque se ha destapado un fraude en Tarragona en el que varios progenitores abandonaban a sus hijos para que éstos se declararan desamparados y pudieran entrar en el sistema de protección. De momento, hay una treintena de padres detenidos y 22 de estos chicos han vuelto con su familia biológica, aunque la investigación está todavía abierta.

Las Barnahus, los servicios integrales que la Generalitat puso en marcha para los menores víctimas de violencia sexual, están bajo mínimos. De los veintiséis profesionales que trabajan en las catorce casas que existen en toda Catalunya, sólo seis continúan en sus puestos, mientras que el resto de plazas, o están vacantes o el nuevo personal todavía no está formado. Esta situación está provocando que se retrasen los cuidados a las criaturas y una sobrecarga de trabajo para los profesionales que se han quedado.

La Generalitat busca familias con hijos que tengan derecho a cobrar una prestación por niño y que, por diversas razones, no la reciban. Es una de las medidas que plantea el Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS), que hace unos meses recibió el encargo de la consejería de Derechos Sociales de encontrar fórmulas para reducir la tasa de pobreza infantil, situada en el 34% y que, en palabras de la consejera Mònica Martínez Bravo, es "persistente y superior" a la media de la Unión Europea (20%), e incluso de España (29,2%). De hecho, sólo la supera Bulgaria (35%).

La modernización de las residencias geriátricas, para personas con discapacidad y de salud mental tendrá que esperar. La Generalitat da a los centros un año más para demostrar que sus instalaciones y servicios cumplen los estándares necesarios para poder ofrecer plazas a los beneficiarios de la ley de dependencia. En principio, este proceso de acreditación debía finalizar el mes que viene, pero el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha pospuesto el plazo hasta octubre de 2026 para facilitar la subsanación de las deficiencias que actualmente les impiden obtener la aprobación y evitar su cierre.

Dicen estar en la reserva, que se han tomado el verano como un "descanso" antes de aceptar una nueva acogida de una criatura que, por varios motivos, no puede convivir con sus progenitores. Josep Sala y Esther Bertran son maestros que durante los años 90 habían acogido en verano a niños de Bosnia o del Sáhara, y que una vez jubilados invierten tiempo, esfuerzos y ganas en acoger a criaturas tuteladas por la dirección general de la Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).

Madres con criaturas grandes dependientes que deben dejar de trabajar. Hijas o esposas que cuidan en casa a los padres o parejas. "Las familias, básicamente mujeres, se ven obligadas a inmolarse, a hacer grandes sacrificios de su vida", resume Gustavo García, coordinador del Índice DESC 2024, con el que anualmente la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cuenta con cifras oficiales el estado de los servicios sociales públicos. La frase sirve para ilustrar hasta qué punto los nuevos modelos de cuidado a domicilio que propugnan todos los gobiernos (el ministerio tiene en marcha una estrategia de desinstitucionalización) fracasan al chocar con la realidad de los hogares que deben hacer manos y mangas para cuidar al familiar dependiente con las pocas ayudas públicas que reciben.

Más de un centenar de jóvenes extutelados por la Generalitat han denunciado sentirse el chivo expiatorio de una mala gestión de la administración y por el reproche de la Sindicatura de Cuentas sobre los 167 millones de euros de prestaciones sociales pagadas a personas que ya no cumplían los requisitos. Como ha avanzado el ARA, la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) ha empezado a enviar a cientos de estos chicos mensajes en los que reclama miles de euros por "impagos indebidos" y les da diez días para que puedan presentar alegaciones. Son cantidades que superan los 10.000 euros y en muchos casos incluso los 30.000.

La dirección general de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA, que sustituye a la DGAIA) ha empezado a enviar correos electrónicos a jóvenes extutelados para reclamarles supuestos "pagos indebidos" de las prestaciones a las que, por ley, tienen derecho desde la mayoría de edad hasta los 23 años. Según ha podido saber el ARA, se han enviado "centenares" y las cantidades reclamadas ascienden a más de 10.000 euros y, en algunos casos, la cifra llega a superar los 36.000 euros. El envío de estos mensajes llega tan sólo quince días después de que la Sindicatura de Cuentas cifrara en 167 millones de euros los impagos indebidos otorgados por el departamento de Derechos Sociales e Inclusión a unas 230.000 familias, de los cuales 4,7 millones (el 2,8%) correspondían a los que se habían dado a los jóvenes que habían pasado parte de su infancia en el sistema de protección. reclamándole unos 30.000 euros. "Le he querido tranquilizar diciéndole que debía ser un error", explica la joven, que tiene 22 años. me reclaman yo estudiaba bachillerato y no tengo ninguna ausencia tan larga y no tengo informes negativos de mi referente", comenta indignada a este diario. "Parece que nos vayan a joder a los más débiles, poniéndonos bastones en la rueda; ¿quién puede devolver estas cantidades?", se pide la chica que afirman casos con "cantidades exageradas" que han sembrado de nerviosismo a estos jóvenes y han hecho que los teléfonos y los WhatsApps echen humo. el expediente de reintegro, una vez finalizado el proceso de revisión, deberá ser objeto de reintegro por parte del interesado. ni tampoco llegarán a entender que disponen de diez días a partir de recibir el correo para realizar las pertinentes alegaciones y para presentar la documentación. "Muchos quedarán como morosos de verdad", lamenta.

En el informe, la síndica Maria Àngels Cabacés había constatado irregularidades en el cobro de la prestación de los extutelados a jóvenes que estaban trabajando o vivían fuera de Catalunya, criterios excluyentes para ser beneficiarios de la ayuda. atribuir estos pagos indebidos a las deficiencias tecnológicas del mismo departamento para poder actualizar los datos de las personas beneficiarias y al hecho de que no comparte datos con la administración de Hacienda o la Seguridad Social. recalcularan qué cantidad debía recibir de la prestación. Como respuesta, afirma, recibió un "tú sigue cobrando la ayuda ya la declaración de Hacienda del año que viene ya lo notificarás". sobrevivir, sin ser conscientes de que, una vez les llegue la prestación, como ya ingresan un sueldo, no tendrán derecho a cobrar la prestación o, por lo menos, no completamente. tiene una recepción certificada.

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La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha defendido este miércoles en el Parlament la capacidad de la DGAIA para proteger la menor explotada sexualmente por una red de pederastia, aunque también admitió que no hizo lo suficiente para evitarle el dolor. Con el informe elaborado por los servicios jurídicos del departamento, la consellera compareció en comisión a petición propia sin ánimo de "buscar culpables", matizó, y sí con la voluntad de encender fuego nuevo a un sistema que "hace muchos años" necesitaba una refundación. "El sistema protegió a la menor como pudo, y pese al acompañamiento de los profesionales, se falló y nada puede compensar el daño que se le hizo en la adolescencia", ha subrayado.

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Las noticias sobre el fracaso de la DGAIA (dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia), del departamento de Derechos Sociales, a la hora de atender adecuadamente sus responsabilidades, han sacudido a la opinión pública y han comportado reacciones nominalmente radicales de la consejera del departamento responsable. He echado de menos, en todo este tristísimo episodio, algunos elementos de realismo, que algunas veces se han escolarizado por las rendijas de las informaciones y entrevistas. Me refiero a la queja –o denuncia, por ser precisos– de las pésimas condiciones laborales de las personas a las que se confía la delicadísima labor de cuidar de las personas –niños y adolescentes– que han terminado bajo la tutela de la DGAIA.

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La de este martes es la segunda protesta en dos meses que el Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional (SinMaDiF) convoca ante la consejería de Derechos Sociales e Inclusión para exigir más recursos económicos y humanos para cubrir las necesidades de las personas dependientes y de sus cuidadoras principales, un papel que recae en un 90% de los casos en madres, mujeres o mujeres. Denuncian que "el abandono" que sufren es violencia machista institucional porque, cuando a un familiar se le diagnostica, "los derechos salen por la ventana" y dejan a la familia en la "soledad horrorosa" de tener que buscar servicios, recursos y ayudas para poder salir adelante. "¡Ya no podemos más!", exclaman.

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La emergencia humanitaria ante una gran llegada de menores no acompañados (a un ritmo de un centenar de jóvenes cada día) y los años de prórroga presupuestaria en la Generalitat limitaban la capacidad para realizar nuevas adjudicaciones de servicios. Ante este escenario, la antigua cúpula del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha defendido este miércoles en el Parlament que tuvo que optar por realizar contratos de emergencia a entidades entre los años 2016 y 2020, una fórmula reservada sólo para situaciones muy excepcionales. Sin embargo, la Sindicatura de Cuentas considera que estos contratos se realizaron sin que quedara suficientemente justificado un contexto de emergencia nacional, catástrofe o necesidad inmediata de atención a personas en peligro.

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David Rodríguez, elegido recientemente vicedecano del Colegio de Trabajo Social de Catalunya, alerta de las carencias del sistema de protección a la infancia y defiende una reforma estructural de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) centrada en la prevención, la humanización y la escucha activa de los menores y las familias.

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Un día después de que entrara en vigor el nuevo reglamento de extranjería aprobado por el ejecutivo español, el departamento de Derechos Sociales ha hecho llegar a los ayuntamientos la instrucción sobre los dos nuevos informes que deben elaborar los técnicos municipales para que los migrantes puedan iniciar los trámites de regularización. El texto del ejecutivo español contempla nuevas formas para solicitar la regularización y reducir la burocracia en el proceso, aunque también deja vacíos legales para los demandantes de asilo a los que se rechaza la petición.

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La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, tiene prisa por cerrar lo antes posible los escándalos que salpican a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que han vuelto a poner en el punto de mira al sistema de protección de menores. En menos de 24 horas, la consellera adelantó el calendario de la presentación de "la refundación" de la DGAIA: si en la reunión del lunes con el tercer sector y los colegios profesionales el departamento dio como plazo entre dos y tres meses para tener una propuesta a punto, este martes por la mañana la consellera portavoz, Silvia Paneque, recortó el periodo a entre tres. Finalmente, Martínez Bravo ha concluido que el plan se hará público "la próxima semana".

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