La Generalitat multa con más de cinco millones de euros las infracciones de las residencias

BarcelonaUna mala administración de medicación, una dieta pobre o inadecuada, una pésima higiene del centro o no garantizar la atención continuada de los usuarios. También falsear datos, ignorar las advertencias de la administración u obstaculizar la inspección y la información a la familia. Son sólo parte de los motivos que han llevado a sancionar a residencias de gente mayor de Catalunya. Desde 2020 las multas económicas firmes ascienden hasta los 5.321.733 euros, según los datos aportados al ARA por el departamento de Derechos Sociales en respuesta a una petición a través del portal de transparencia de la Generalitat. Aunque no se detallan cuántas son las residencias sancionadas, salvo 2020 y 2024, en el resto de años se superan el centenar de expedientes sancionadores. Sin embargo, el departamento permite a las residencias que han corregido las infracciones invertir el importe de la multa en actuaciones de mejora en las instalaciones.

Los datos sobre las infracciones y el castigo que reciben las residencias geriátricas esconden el nombre de los centros, su capacidad en plazas y también si son de gestión privada o pública (el 3% de las plazas ofertadas). Además, en este período postpandémico, se ha ordenado el cierre de trece residencias, la gran mayoría por no estar registradas oficialmente y ofrecer servicio de manera ilegal o por no cumplir la normativa de adaptabilidad. También se ha firmado la suspensión de servicio de otros seis establecimientos asistenciales, en los que los residentes tuvieron que ser trasladados a otros centros hasta que se solucionara el problema.

En el 2020, cuando el estallido de la pandemia de la covid se cebó en los residentes de estos centros, la Generalitat impuso multas por 908.000 euros y se produjeron siete cierres (la mitad de los de todo el período analizado). Al año siguiente, las multas crecieron hasta 119.200 euros y cuatro centros tuvieron que cerrar por faltas muy graves. En 2022 las multas ascendieron hasta 1.470 millones de euros, cifra que se redujeron en los siguientes ejercicios para situarse en los casi 1,2 millones de 2023 y 600.000 euros de un año después, según los datos del departamento. Los años 2022 y 2023 terminaron con un centro cerrado cada uno.

Hay que tener en cuenta que entre la apertura de un expediente informativo y la sanción puede pasar más de un año, ya que los centros tienen un tiempo para rectificar deficiencias detectadas. "Hay líneas rojas, como la vejación de las personas, la vulneración de derechos, que son directamente sanciones", explican desde el departamento del servicio de inspecciones. Para carencias menos graves, si "hay margen de maniobra de mejora se hacen advertencias", continúa el profesional, quien afirma que las multas "no tienen afán recaudatorio", pero sí sirven para que las direcciones "se pongan las pilas". respetar la voluntad de las personas" y se aconseja sustituir la comida triturada por los texturizados o dejar que los residentes se quiten oa la hora que quieran. A menudo, sin embargo, incluso la buena voluntad choca con el déficit de personal de las residencias y obliga a organizarse a base de estrictos horarios en función de los turnos. las deficiencias detectadas. Una de cada siete inspecciones se resuelve con una multa.

La plantilla del servicio de inspecciones del departamento sigue invariable en los 29 profesionales (en su mayoría mujeres), que deben controlar al menos una vez al año el millar de centros autorizados como residencias, pero también otros recursos como los centros de día, las residencias de personas con discapacidad, de salud mental o las viviendas de apoyo a víctimas de violencia machista o los jóvenes extutelados. La plantilla es reducida, pero según las mismas fuentes, se hacen esfuerzos por ampliarla, si bien subraya que también se cuenta con la inspección del departamento de Salut y con un equipo de técnicos que no levantan actos en las visitas, pero que encargan inspecciones en "recursos secundarios".

Sí se niega "el falso rumor" que corre entre familiares de que las inspecciones se hacen siempre avisando a la dirección de los centros. Sin embargo, se admite que se realizan siempre acompañados de responsables del centro y se invita a trabajadores y usuarios a hacer encuentros en solitario. Sólo se realizan con cita previa las inspecciones para dar la autorización empresarial, pero tanto las que se originan por una denuncia (de familias, trabajadores o por la prensa) como de oficio, los inspectores se plantan en la puerta por sorpresa. La media del tiempo de inspección es de unas siete horas –desde el desayuno hasta la siesta– y se examinan los dormitorios, la cocina, el comedor, los lavabos o la higiene de los utensilios. Si el inspector lo considera, también se realizan visitas en horario nocturno. La visita sirve para "palpar" el ambiente del centro y comprobar si se cumplen los planes personalizados de los residentes o se realizan actividades, y también se piden contratos y actos. Afirman desde el servicio que los inspectores han elaborado una lista de unas "40-50 residencias de especial seguimiento", que les sirve de "alarma interna" para estar más encima incluso cuando una inspección ha sido satisfactoria. En el otro extremo tienen en el radar a un centenar de centros en los que no constan quejas graves ni se aprecian irregularidades en las inspecciones. Son en estos establecimientos en los que los inspectores encuentran mayor "colaboración".

Crisis de confianza

Las muertes de residentes durante las primeras oleadas de la Covid supusieron una pérdida de confianza de las residencias geriátricas, que se situaron en el foco mediático y político. En estos años se han doblado las denuncias de las familias, pero la mayoría no se derivan en ninguna sanción. La comida es uno de los principales elementos de las quejas, pero también la pérdida de ropa, apunta Jordi Sánchez, director de servicios sociales del síndico de agravios, que señala los errores en la administración de medicación como los más preocupantes para la entidad.

En cambio, para las familias de residentes organizadas, el problema que más angustia es, aparte de los menús, lo que consideran que es una deficiente atención médica por la falta de médicos y enfermeras. La presidenta de la Coordinadora 5+1, María José Carcelén, denuncia los "incumplimientos" y trampas que realizan algunas residencias a la hora de contabilizar las enfermeras "para llegar a los ratios" exigidas. En este punto, los inspectores responden que, finalmente, que las residencias tengan un centro de atención primaria (CAP) de referencia ha ayudado tanto a tener una mejor asistencia como a reducir los errores de fármacos. En la visita, los inspectores se fijan si al final de las comidas quedan "pastillas en el suelo" para comprobar si se han seguido las pautas prescritas.

El alargamiento de años de vida y las organizaciones de las familias actuales han supuesto un cambio de los residentes. Si hace unos años se encontraban personas todavía suficientemente autónomas, ahora más del 80% presentan demencias o graves problemas de movilidad y ni las residencias ni el personal están preparados para este nuevo perfil. Lo admite el sector y, para los inspectores, se traduce en que las familias buscan un servicio sociosanitario, que normativa en mano, no es una residencia.

Desde ACRA, la patronal de las grandes residencias, defienden la actuación de los inspectores a la hora de fiscalizar el servicio e incluso valoran las sanciones que puedan derivarse de infracciones, pero alertan de que éstas son "una absoluta minoría" y en ningún caso "no pueden manchar" la gran labor de los profesionales.

Carcelén es muy crítica con la labor de la inspección, a quien tachan de ser "cómplice" de las residencias, de esconder y archivar infracciones o déficits de personales. "Las personas de las residencias son personas que tienen derechos y esto no se tiene en cuenta", afirma.