El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros que impuso a Lloguer Segur por prácticas abusivas contra los inquilinos después de resolver el recurso de alzada interpuesto por la inmobiliaria. El departamento que dirige Pablo Bustinduy considera que esta compañía ha vulnerado los derechos de los consumidores aprovechando su posición de dominio de mercado y ha dado por agotada la vía administrativa.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la solicitud de medidas cautelares que presentó Airbnb por paralizar la sanción de 64 millones de euros que el ministerio de Consumo le impuso por infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos que incumplían la normativa. El ministro Pablo Bustinduy ha valorado que esta decisión demuestra que "ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores".

La vivienda, que sigue siendo la principal preocupación de los españoles, ha hecho estallar un choque más crudo de lo habitual entre el PSOE y Sumar. Ambos socios de coalición han estado toda la semana enfrentados después de que Pedro Sánchez anunciara una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler. Es una medida que enerva la formación de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del ejecutivo tardó poco en calificarlo de "grave error" y se quejó de que el presidente español lo anunció el día antes de una reunión que tenían programada para hablar de vivienda. Pero Sánchez tiró por el derecho y Sumar ha dejado claro reiteradamente que no le avalará. "Nunca lo aceptaremos, es injusto, no es sensato y no funcionará", verbalizó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el viernes en rueda de prensa. "Tal y como está, no tendrá nuestro apoyo. Por supuesto, tendremos que negociar", insisten fuentes de Sumar en el ARA. Desde el ministerio de Vivienda, explican a este diario que, efectivamente, están negociando tanto con el socio de coalición como con los aliados parlamentarios y apuntan a que esta semana ha habido reuniones. Desde el entorno de la ministra Isabel Rodríguez, confían en que se llegará a un acuerdo en el que todo el mundo se sentirá "cómodo" y esperan que el ruido atronador de la polémica se rebaje: "Todos queremos lo mismo".

El gobierno español ha multado con 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por anunciar viviendas turísticas sin licencia, cuyo número de registro no corresponde o con información incorrecta sobre la naturaleza jurídica de sus anfitriones. El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado un total de 65.122 anuncios en la plataforma online de viviendas turísticas que incumplen la normativa.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros, incluyendo sanciones muy graves a seis empresas extranjeras que funcionan sin licencia en España, a las que se les han bloqueado los portales.

Anuncios con escenas de campos idílicos y árboles floridos, promesas de vehículos "limpios" o "menos contaminantes", publicidad de vuelos "sostenibles" con combustible "verde" y afirmaciones asegurando la neutralidad de carbono en las próximas décadas. Las empresas –sobre todo las grandes corporaciones– se han acostumbrado a que sus estrategias de comunicación puedan exagerar, o directamente inventarse, credenciales ecológicas para mostrar que sus productos y operativas son más sostenibles de lo que realmente lo son. Falta poco para que el mundo empresarial lo tenga algo más complicado para hacer ecopostureo –o greenwashing, en inglés– a diestro y siniestro.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a Lloguer Segur, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

El ministerio de Consumo ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales publicados en su plataforma de alquileres. Según ha explicado este lunes a través de un comunicado, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha instado a la filial irlandesa de la multinacional a eliminar estas ofertas al considerarlas "ilícitas al contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos".