El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en declaraciones este lunes ha lamentado que las herramientas de protección existentes en España para garantizar los derechos de los inquilinos "son insuficientes", y exigido que se debe hacer más. En este sentido, preguntado por la moratoria de desahucios que el gobierno español aprobó en marzo de 2020, en plena pandemia, y después prorrogar en el marco de un decreto ley de enero, Bustinduy ha pedido una nueva prórroga de la medida, que como el resto de medidas en vigor para afrontar la crisis energética y de precios de los últimos dos años, de precios de los últimos dos años. "Lo que existe debería prorrogarse, no se entendería otra cosa", ha dicho el ministro.
La crisis de la vivienda
Consum propone multar con 3,6 millones Alquiler Seguro
Facua denunció a la compañía por haber impuesto el pago de honorarios a los inquilinos
27/10/2025
2 min
BarcelonaEl ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a Lloguer Segur, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del ministerio que dirige Pablo Bustinduy.
"3.600.902 euros. Esta es la cantidad a la que asciende la multa que la subdirección general de Inspección y Procedimiento Sancionador del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto para Alquiler Seguro", ha comunicado este lunes la asociación de consumidores Facua. Otras organizaciones como el Sindicato de Inquilinos de Madrid y la OCU también la denunciaron.
Hace unos meses, Consum abrió un expediente sancionador a una "gran agencia inmobiliaria" por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler en todo el territorio español, sin revelar inicialmente el nombre de la empresa.
Posteriormente, Facua informó de que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre del 2023 por haber impuesto el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.
Alegaciones
La propuesta de sanción presentada por el ministerio, que debe ser valorada ahora por el secretario general de Consum y Joc, Andrés Barragán, continuará en fase de análisis durante los próximos meses, dado que se espera una decisión una vez revisadas las alegaciones formuladas por las partes.
"Lo que se ha conocido hoy es una propuesta de sanción, uno de los pasos intermedios dentro del procedimiento del expediente del ministerio de Consumo. Como vivimos en un sistema muy garantista, yo no puedo posicionarme sobre un procedimiento en curso. Esto contravendría las garantías que asisten a las partes", ha declarado Bustinduy. "Lo que sí puedo decir es lo que he dicho siempre y, específicamente, en el ámbito de la vivienda: el ministerio de Consumo tiene recursos limitados, pero vamos a destinarlos todos a garantizar que ninguna empresa está por encima de la ley. En el mercado de la vivienda se ha impuesto la ley de la selva", ha expuesto.
En la resolución, que ha sido comunicada a Facua como parte personada en el procedimiento, se detallan las irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria firma con los arrendatarios y se desestiman las alegaciones de la agencia contra la primera propuesta de sanción emitida en marzo.
Entre estas irregularidades, Consum destaca la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el cual se incluye el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica. Aparte, se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
Consum presiona para que se prorrogue la moratoria de desahucios
