Gobierno y Comunes proponen convertir locales, hoteles y oficinas en vivienda protegida

BarcelonaEn plena crisis de la vivienda, el Govern ha hecho de la vivienda de protección oficial (HPO) uno de sus proyectos bandera. Este viernes el PSC y los comunes han presentado una proposición de ley para acelerar la creación de vivienda de protección oficial que incluye cinco medidas, una de las cuales es dar la opción de convertir locales comerciales, oficinas y hoteles en pisos protegidos a los propietarios que estén interesados. Según fuentes próximas a la negociación, "si todo fuera bien y todo el paquete de medidas funcionara" podría servir para incorporar hasta 20.000 pisos. "Era una prioridad inajornable ampliar el parque de vivienda protegido y garantizar que la vivienda cumpla su función esencial de ser un hogar", ha defendido la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la presentación conjunta de esta normativa junto a la líder de Comuns, Jéssica Albiach.

La intención es que los propietarios y promotores se puedan acoger a estas medidas durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la norma, ampliables a ocho una vez transcurrido el plazo, en los municipios declarados zonas tensionadas o áreas de demanda residencial fuerte, unos 270. "Con esta ley le decimos al sector privado que no se puede lavar las manos ante esta crisis salvaje de vivienda", ha defendido Albiach, que ha remarcado las "facilidades" que le ponen al sector privado para "agilizar trámites", pero también "aumentan" su "exigencia". "Tenemos que activar todos los actores posibles ante un objetivo de país", ha añadido Paneque. El Govern y los comunes defienden que son medidas "excepcionales" y que, por tanto, deben estar acotadas tanto geográfica como temporalmente.

Todas las viviendas que se conviertan o se construyan gracias a las ventajas que propone la normativa tendrán la consideración de HPO permanente, y ninguna podrá entrar en el mercado libre. Sus impulsores podrán comercializarlas, pero tendrán que hacerlo a un precio determinado, y solo podrán venderlas o alquilarlas a personas inscritas en la bolsa de vivienda y que cumplan con los requisitos de renta. En paralelo, durante estos cuatro años todos los pisos que se construyan deberán destinarse a vivienda permanente: así, socialistas y comunes quieren poner fin a edificar para hacer alquileres turísticos, de temporada o coliving. Las segundas residencias quedan blindadas en el preámbulo de la ley porque se consideran una extensión de la vivienda habitual.

La propuesta pone en cuarentena normas urbanísticas como la densidad urbana –que fija un máximo de población que puede vivir en una zona– y la altura máxima de los edificios: solo deberán cumplir con las condiciones de habitabilidad. También rebaja la superficie mínima de los pisos a 50 metros cuadrados. El objetivo es facilitar la actuación de los privados: "Son medidas positivas y voluntarias, queremos acabar con las excusas", afirman las mismas fuentes.

Las 5 medidas, al detalle

En cuanto a la conversión de edificios de oficinas y hoteles, los que quieran acogerse a la norma deberán convertir en HPO como mínimo la mitad de su superficie, mientras que el resto podrá seguir teniendo el uso que tenía hasta entonces. El objetivo es llegar a municipios con una oferta hotelera sobredimensionada y envejecida, principalmente ubicados en la costa.

En segundo lugar, la ley dará la posibilidad de subdividir pisos y viviendas unifamiliares de más de 100 metros cuadrados: la vivienda resultante (o más de una, si es el caso) pasará a ser de HPO, mientras que la original mantendrá su condición de libre.

En tercer lugar, permitirá construir HPO en parcelas que no tengan las condiciones mínimas de edificación, siempre que las viviendas que resulten cumplan con los requisitos básicos de edificabilidad.

En cuarto lugar, prevé que los edificios que estén por construir puedan aumentar en un 20% la superficie residencial prevista. En la misma proporción se podrán ampliar los edificios ya construidos a cuatro vientos y en equipamientos comunitarios. El 20% añadido deberá destinarse íntegramente a HPO y, en caso de que ya haya una reserva superior –como en el caso de Barcelona, que es del 30%–, se sumará a la ya existente.

En esta línea, los edificios que ya hayan agotado el número de habitantes que pueden albergar, pero que sean más bajos que los de su lado, podrán añadir plantas hasta igualar la altura. De hecho, socialistas y comunes prevén que sean estas dos últimas iniciativas las que permitan incorporar más pisos al parque de vivienda pública.

Autonomía municipal

El hecho de blindar por ley estas medidas hará que, si el Parlament las llega a aprobar, sean de aplicación inmediata, y no sea necesario modificar el planeamiento urbanístico. Ahora bien, para mantener la autonomía municipal, da a los ayuntamientos la posibilidad de excluir todo el municipio, o bien una zona determinada, de la aplicación de la norma. Con esta rendija, los gobiernos municipales podrán blindar algunas calles para mantener el tejido de pequeñas tiendas y no hacer de los locales comerciales vivienda.

Desde que en otoño de 2024 el ejecutivo socialista impulsó un plan para añadir 50.000 pisos al parque público hasta 2030 –el famoso Plan 50.000–, los de Salvador Illa han ido planteando diversas estrategias para conseguirlo, bajo la premisa de que “toda piedra hace pared”, en palabras del president.

La iniciativa presentada este viernes se enmarca en el acuerdo entre el Govern y los comunes para aprobar los presupuestos de 2026. La norma deberá pasar por el Parlament, aunque lo hará por la vía de urgencia para acelerar los trámites el máximo posible. “Esta vía de extraordinaria urgencia queda justificada por la crisis de vivienda”, ha defendido Paneque. La consellera confía en que la norma sea aprobada antes de que acabe el año. Fuentes de la negociación creen que se alinea con las posiciones de ERC, un apoyo imprescindible para que la ley salga adelante, y recuerdan que los grupos podrán proponer enmiendas que hagan que acaben avalando el texto. “Como el objetivo es compartido, estoy convencida de que habrá un buen diálogo con el resto del arco parlamentario”, ha confiado Paneque, que ha mirado específicamente a las “fuerzas progresistas”.