Un año después de la dana, todavía emergen detalles que ponen en evidencia la actuación negligente del gobierno valenciano por la difusión tardía del ES-Alert el día de la catástrofe. Una de las novedades la ha aportado este martes la jefa del servicio de coordinación del 112, Inmaculada Piles: admitió ante la juez que instruye la causa de que a las 18.35 horas del 29 de octubre del pasado año la responsable de Protección Civil de la Delegación del gobierno español en el País Valenciano, Patricia García, ya le indicó que era "el mensaje". Es decir, el envío ya se valoró más de hora y media antes de que se difundiera a las 20.11 h, cuando la mayor parte de las 229 víctimas mortales ya habían perdido la vida. De hecho, el ARA explicó hace un año que el gobierno español ya pidió a la Generalitat Valenciana que enviara la alerta pocos minutos después de las seis de la tarde. La declaración de Piles, pues, se suma a otros testigos recogidos por la magistrada que revelan la inacción de la conselleria de Emergencias encabezada por la imputada Salomé Pradas, pero también la pasividad del presidente valenciano, Carlos Mazón, con sus múltiples ausencias, una comida de cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana y una retahíla de cambios de versión sobre cuándo empezó a preocuparse por la tragedia.