Violencia policial

El 1-O en Dosrius: 30 guardias civiles en el punto de mira

La investigación no ha podido aclarar, de momento, la cadena de mando

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BarcelonaLas imágenes de las cargas de la Guardia Civil el 1-O en Dosrius (Maresme) son de las más recordadas de la jornada. Hacia las dos del mediodía, un pelotón de una veintena de agentes antidisturbios aparecen por el patio de la Escola Castell con todas las protecciones puestas, porra en mano y el casco con la visera bajada. Los de delante llevan el escudo a la altura del pecho, casi reproduciendo la formación tortuga que utilizaban los soldados romanos. Detrás van agentes de la policía judicial, cubiertos con capuchas, y al final, otra línea de antidisturbios. La formación avanza en bloque hacia la entrada de la escuela, donde se encuentran un centenar de personas concentradas de pie. Cuando ven a los agentes, la mayoría levanta las manos, y el alcalde avanza para hablar. Pero la comitiva policial avanza en tromba pasando por encima del alcalde y el resto de personas entre golpes de porra y empujones. Unas horas antes se había producido una escena similar en el centro Cotxeres del núcleo de Canyamars, que acabó con varios ciudadanos lisiados.

Hasta 25 personas denunciaron haber sufrido lesiones en el operativo. Durante cuatro años, el juzgado de instrucción 4 de Mataró ha investigado los hechos. A pesar de la contundencia de las actuaciones, la causa ha pasado casi desapercibida, pero es de las que registran más agentes en el punto de mira: hasta una treintena de guardias civiles investigados, que han declarado en el juzgado el último año y medio. El caso también cuenta con otra particularidad: el exalcalde del municipio Marc Bosch y el exconcejal Eduard Garcia constan en la causa como perjudicados pero también como investigados por un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Ambos han sido los últimos de una larga lista de hasta 80 personas que han declarado en el juzgado, entre agentes y votantes heridos. Ahora la juez tendrá que decidir si envía a los agentes y a los exrepresentantes municipales a juicio.

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De momento, como en la mayoría de investigaciones por las cargas del 1-O, no se ha podido aclarar la cadena de mando y todos los agentes que han desfilado en el juzgado –que solo han contestado a las preguntas de la juez y la Abogacía del Estado– han echado balones fuera a la hora de identificar quién les daba las instrucciones. En este sentido, pueden resultar claves las diligencias de investigación que pueda pedir Òmnium Cultural –representada por el letrado Àlex Solà–, que se acaba de incorporar a la causa como acusación popular. Entre los guardias civiles denunciados están un teniente, dos sargentos y un cabo. Solo la causa por las cargas en Sant Carles de la Ràpita ha podido llegar a un mando superior de la Guardia Civil, un capitán.

Según las fuentes consultadas, cuando declararon en el juzgado la mayoría de agentes aseguraron que cuando llegaron a la escuela el ambiente era de hostilidad. Una descripción que contrasta con las imágenes, con el patio vacío y los votantes en las escaleras con las manos en alto. En los vídeos no se oye ningún grito de aviso ni intento de mediación de la Guardia Civil cuando se encamina hacia las escaleras. A pesar de todo, los agentes aseguraron que habían intentado mediar con los ciudadanos. “Para que un civil pueda desobedecer, el agente le tiene que dar una orden”, subraya el abogado Lluís Maria Anglada, que representa al exalcalde y al exconcejal investigados.

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La agresión al alcalde de Dosrius fue uno de los capítulos por los cuales se pasó de puntillas al juicio del Procés en el Tribunal Supremo. Respondiendo a preguntas del abogado Jordi Pina –que representa a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull–, uno de los agentes negó que el alcalde fuera a hablar con ellos. “Es que lo estoy viendo en el vídeo”, le respondió Pina. Dos agentes más también negaron que se utilizara la porra para golpear a los votantes, a pesar de que también aparece en el vídeo. Algunos de los lesionados también declararon en el Supremo, como Virginia, que explicó que tres agentes la sacudieron. “Me empezaron a amenazar todos a la vez. Yo lloraba, gritaba, no entendía bien qué me estaban diciendo porque me estaba rompiendo por dentro”. Heridas que cuatro años después continúan esperando una respuesta judicial.