270.000 catalanes tienen problemas para comprar su medicación prescrita
La pandemia dispara en un 30% la población que sufre la llamada pobreza farmacéutica
BarcelonaCuatro infartos, cuatro operaciones y cinco stents. También diabetes. El historial médico de Fructuoso Martínez, de 57 años, es largo y grave y le obliga a tomar hasta nueve pastillas cada día. Su situación socioeconómica, sin trabajo estable y sobreviviendo de pensiones no contributivas, hace que le sea imposible hacer frente a la factura farmacéutica y ha tenido que recurrir al Banco Farmacéutico, una ONG que sufraga el gasto de fármacos a la población vulnerable. “Si tuviera que pagar los 70 euros que cuesta mi plan médico quizás me habría muerto porque no los puedo pagar”, explica este exempresario de nacionalidad española, que en diciembre de 2018 llegó con sus padres, su mujer y cinco hijos –cuatro menores de edad– a Barcelona procedente de Venezuela, explica, arruinado por las “expropiaciones del gobierno” de Nicolás Maduro y después de haber sufrido tres secuestros. La familia sobrevive de prestaciones sociales y por los trabajos que tanto a Martínez como a su mujer les salen “aquí y allá”, pero después de pagar el alquiler ya no tienen margen. Viendo la vulnerabilidad de la familia, su trabajadora social del Ayuntamiento de Barcelona derivó a Martínez al Banco Farmacéutico.
El caso de Martínez ilustra lo que se llama la pobreza farmacéutica, que con la energética, la habitacional y la alimentaria completa la fotografía de la vulnerabilidad social. En realidad son diferentes caras de una misma realidad. Como dice la responsable del programa de necesidades básicas de Cáritas Barcelona, Mercè Darnell, “la pobreza es pobreza” y va al alza. También la farmacéutica, que a diferencia de las otras no está reconocida oficialmente como tal.
Más vulnerables
Los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) estimaban que en 2018 había en España 1,2 millones de personas –el 2,6% del censo– que tenían que elegir entre medicarse o comer. Pero la crisis del covid ha agravado todos los índices sociales que miden la pobreza y, según las estimaciones del Banco Farmacéutico, la pobreza farmacéutica se ha disparado un 30% hasta afectar al 3,6% de la población. Extrapolando el dato, habría 270.000 catalanes en esta situación. La evolución de ayudas del mismo banco también indica que hay un incremento de la demanda. Así, de los 7.000 planes de medicación (que no quiere decir personas) de enfermos crónicos, aproximadamente un 40% corresponden a los dos años pandémicos, apunta Homer Val, responsable del fondo social de esta ONG, con presencia en Catalunya, Aragón y Madrid. Un 17% de los beneficiarios son menores de edad y, de estos, el 56% tienen trastornos del sistema nervioso, como hiperactividad y esquizofrenia.
La crisis del coronavirus también ha tenido un impacto en la media de edad de los usuarios del banco. Hasta antes de la pandemia, la mayoría de los beneficiarios se situaba entre los 45 y los 65 años. Val señala que abunda el perfil de personas jóvenes que han sido expulsadas del mercado laboral o que ya tenían una situación precaria y han quedado fuera del sistema de protección oficial y tienen que recurrir a las entidades sociales. Si tienen ingresos, intentan pagar el gasto de la vivienda, y a partir de aquí recurren a las ONG, ya saturadas, para cubrir las otras necesidades básicas.
Coincide Laura Gomà, propietaria de una farmacia en el barrio de Fondo de Santa Coloma de Gramenet y vocal del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, que también señala cómo la pobreza impacta la salud emocional. “El 99% de los usuarios del banco tienen prescritos ansiolíticos o antidepresivos”, afirma.
La filosofía del Banco Farmacéutico se importó de Italia, donde hace años que funciona con una extensa red de farmacias colaboradoras y la complicidad de muchos ayuntamientos. En Catalunya, la entidad tiene presencia en una decena de municipios del área metropolitana de Barcelona y Lleida. “También tenemos usuarios de los barrios de Sant Gervasi o Sarrià”, matiza Val. Los beneficiarios van con su plan de medicación y pueden retirar los fármacos en farmacias colaboradoras de la iniciativa, que en última instancia envían la factura a la entidad.
El banco se hace cargo solo de fármacos cubiertos por la Seguridad Social y de pacientes con la tarjeta sanitaria que tienen una medicación superior a los 20 euros mensuales. Quedan excluidos los pensionistas (con un copago reducido) y los inmigrantes o sinpapeles que quedan fuera del sistema sanitario porque no pueden empadronarse en su municipio. Para los pacientes que requieren una medicación que no cubre la Seguridad Social, los servicios municipales y las entidades sociales hacen todo lo que pueden para que sean atendidos en los hospitales (donde la dispensación es gratuita), aprovechando los “agujeros” del sistema, admite Darnell, que explica que Cáritas se hace cargo del gasto de “cremas, champús o tratamientos dermatológicos” excluidos del copago.
Con la pandemia, Cáritas se ha centrado en apoyar la vivienda y la alimentación, pero Darnell también dice que han tenido que aumentar las partidas destinadas a pagar “gafas, dentistas y audífonos”, necesidades básicas muy caras y que no tienen ninguna ayuda oficial ni copago. “No estoy hablando de personas que atendemos por estética sino por necesidad, a quien les hace falta una prótesis bucal para ir a buscar trabajo”, dice la responsable de la entidad.
