El 80% de los agresores sexuales de menores son familiares o conocidos por las víctimas

BarcelonaCinco declaraciones y ocho años y medio después de denunciar, la andaluza Carmen Corrales espera aún se juzgue a su abuelo materno por haberla agredido sexualmente desde los 10 a los 14 años. No fue hasta que cumplió 17 cuando se sintió con fuerzas para contarle a una hermana todo lo que le había hecho una persona con la que se suponía que las unía una relación de amor y confianza. El abuelo, en cambio, se aprovechó de la nieta para violentarla pidiéndole mantener el "secreto". Este es el patrón de la gran mayoría de las violencias sexuales contra la infancia (también en mujeres adultas), ya que en ocho de cada 10 casos los agresores son hombres procedentes de su núcleo familiar o de amistad, personas de las que no se desconfía, desmontando el mito de que son "monstruos" anónimos.

Es uno de los datos que extrae Save the Children del análisis de 389 sentencias judiciales en España (126 en Catalunya) de los años 2021 y 2022 en el que se concluye que la justicia está lejos aún de adoptar la letra de la pionera ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), conocida como ley Rhodes, que obligaba a crear, antes de junio de 2022, juzgados especializados, a tener un registro único de víctimas y a aumentar su protección.

El incumplimiento del calendario y el hecho de que la legislatura terminara de forma abrupta han hecho descarrilar algunas de las medidas que para la entidad de defensa de los derechos de la infancia son básicas para una mayor protección, detección y denuncia de la violencia sexual para romper así con “la ley del silencio” que cubre este tipo de agresiones.

En cifras absolutas aportadas por los Mossos d'Esquadra, el año pasado se presentaron 1.624 denuncias (4,4 cada día) por delitos contra la libertad sexual de menores, 949 por el delito de abusos sexuales (2,6 de media a diario) que ahora la nueva Ley del solo si es si reconoce ya como agresiones sexuales. Pese a los datos, solo son "la punta del iceberg" porque se calcula que solo el 15% de las agresiones se denuncian, afirma Ona Lorda Roure, responsable de políticas de infancia de Save the Children en Catalunya.

Del análisis de las sentencias también se extrae un perfil de quién es la víctima. En un 86% de los casos son mujeres (niñas y adolescentes) y en un 4% tienen una discapacidad, que hace que sean aún más vulnerables. La edad media del inicio de las agresiones sexuales se sitúa en los 11 años (la mitad, entre los 10 y 14 años), mientras que en el período 2019-20 en el 44% de los casos fueron entre 13 y 16 años.

Coacciones y engaños

En cualquier caso, en esta etapa de vida las menores suelen estar en un ambiente protegido, acompañadas de personas de su confianza, que son las que a través de “coacciones y engaños” perpetran la mayoría de las agresiones sexuales. Según la ONG, el 40% de los agresores son familia directa, con especial incidencia del propio padre o de la pareja de la madre, un porcentaje 9 puntos inferior al del anterior período analizado. Un 42% son personas conocidas (vecinos, amigos de la familia, etc.) y un 17% restante, desconocidos. Esta familiaridad entre agresor y víctima facilita que el ataque quede escondido durante años y que incluso una vez detectado cueste dar el paso de denunciar. Además, también influye que siete de cada 10 agresores tienen el expediente judicial limpio y solo un 4% sí presentan antecedentes por agresiones sexuales.

El testimonio de Carmen Corrales, que ahora tiene 26 años, ayuda a tomar una fotografía de cómo responde el sistema a los menores que denuncian. En su caso recuerda que nadie le explicó cómo iría el proceso y tuvo que declarar hasta en cinco ocasiones en “lugares oscuros, con muchas cámaras y muchos tests para responder”: dos frente a la Guardia Civil, una con la jueza de instrucción y otras dos a preguntas de médicos forenses, que han dado veracidad a todo lo que explica, según ha asegurado. Al menos le queda todavía una sexta declaración cuando se abra juicio contra su abuelo. Recuerda cómo salía "destrozada", como si fuera un "zombi". Ahora espera que algún día su agresor se siente en el banquillo de los acusados. "Necesito justicia para poder pasar página a mi vida", reclama la joven.

Aunque cada vez se intenta fomentar más la prueba preconstituida para evitar que las víctimas tengan que ir a declarar más de una vez, en Catalunya la mayoría de víctimas tienen que realizar tres declaraciones en el proceso. Según la ONG, en los últimos años ha aumentado el tiempo de espera de resolución de las denuncias y ahora un 24 por ciento se sitúa en los tres años, y un 34 por ciento de los casos entre los cuatro y cinco. En un 20% de los casos, la notificación de los abusos la realiza la propia víctima, pero la gran destapadora es la madre (un 30%), mientras que la escuela o el ámbito sanitario tan solo lo hacen en el 2%.

Condena sin justicia

De las sentencias analizadas en Catalunya, solo el 18% absolvió al acusado, mientras que en un 21% de los casos los jueces tuvieron en cuenta como única prueba la palabra de la menor agredida para dictar condena. Sin embargo, para la ONG "una sentencia condenatoria no significa justicia", ya que durante todo el proceso la víctima es sometida a un estrés innecesario que atenta contra sus derechos y las deja con secuelas emocionales, mentales y físicas. Para Carmen del Moral, responsable de políticas de la infancia de Save the Children, es esencial "una reforma de la justicia, a la altura de la infancia", indicó en la presentación de las conclusiones del informe. "No puede ser que denunciar suponga un calvario, una situación de desprotección y que haga revivir la situación de violencia para las víctimas", ha denunciado.

En este sentido, Del Moral ha avalado el modelo Barnahus, que la Generalitat estrenó en Tarragona de forma pionera en todo el Estado copiando la experiencia islandesa, y que ofrece en un mismo techo una atención integral a la víctima. Hasta este servicio se trasladan todos los profesionales especializados involucrados en el proceso (policías, psicólogos, fiscales y jueces) en un ambiente muy agradable con juegos y un jardín, que evite que el menor tenga que desplazarse y realizar varias declaraciones del mismo hecho, ya que con una sola vez se registra y se considera una prueba preconstituida válida para el juicio. De hecho, el Camp de Tarragona es la zona de Catalunya que más abusos sexuales a menores detecta. Derechos sociales prevé abrir en los próximos años hasta 12 de estos servicios en Catalunya.