Medio millar de personas protestan en Barcelona contra el incumplimiento del PSOE de regular el precio de los alquileres

Por una política de vivienda social y asequible, medio millar de personas se han manifestado este sábado en Barcelona -a pesar de que hay diversas en todo el Estado - en protesta por el incumplimiento del gobierno español de regular el precio de los alquileres, según datos de la Guardia Urbana. Medio centenar de entidades, como Sindicat de Llogateres, el Observatori DESC o la PAH, han convocado una nueva movilización ante la delegación del gobierno español, en la calle Mallorca con Roger de Llúria, tan solo seis semanas después de protagonizar un acto de fuerza por la anulación del decreto de la Generalitat que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer vivienda social antes de desalojar familias vulnerables. El lema de la concentración: "La vivienda es un derecho, no un negocio", ilustra el espíritu de la convocatoria a favor de un aumento del parque público de viviendas y en contra de las grandes empresas que monopolizan el mercado a precios inalcanzables para una sociedad en crisis.

La propuesta del ministro socialista José Luis Ábalos de no limitar el precio máximo del alquiler y apostar, en cambio, por permitir una exención fiscal del 90% de los beneficios de los propietarios que rebajen un 10% el precio del alquiler es la nueva batalla de los movimientos a favor de un cambio de política de la vivienda. Para el Sindicat de Llogateres, no regular el precio de los alquileres sería un "fraude democrático" contra el espíritu del acuerdo de gobierno PSOE-Podemos. De hecho, las suculentas reducciones fiscales que pretende el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han provocado una nueva grieta en el ejecutivo de coalición español y el malestar entre los socios de la investidura de Pedro Sánchez porque consideran que los socialistas incumplen los acuerdos de avanzar hacia una regularización de los precios de las viviendas para facilitar el acceso en un momento en que la precarización de sueldos estructurales se suma a la profunda crisis económica debido a la pandemia y a unos precios de los pisos que casi no han bajado de las nubes.

Los manifestantes han hecho un recorrido hasta el centro de la ciudad y, antes de llegar a la plaza Sant Jaume, los miembros del colectivo Guerra a Cerberus han empapelado la fachada de la sede del BBVA de la Vía Laietana con carteles para exigir la regulación de los alquileres. También han hecho una performance que incluía humo de colores. Ante el edificio de la Generalitat, los manifestantes han pedido al Govern que se conforme después de las elecciones del pasado mes de febrero que tramite con urgencia la norma que tiene que regular el acceso a un alquiler asequible en Catalunya, en la línea del decreto aprobado por el Parlament pero suspendido judicialmente al entenderse que esta materia se tiene que fijar en una ley.

Los activistas por el derecho a la vivienda también exigen la garantía "de suministros básicos de agua, luz, gas y telecomunicaciones" y de una "segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias", "ampliación presupuestaria para vivienda social hasta al menos el 2% del presupuesto estatal" y participación "activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo". De hecho, la PAH ha pedido una ley de vivienda "más ambiciosa y concreta" y su portavoz, Juanjo Ramon, ha insistido que al margen de los alquileres, el texto también "tiene que ofrecer segundas oportunidades a las familias vulnerables". Según la PAH, la negociación que está haciendo el gobierno español es "opaca", "utilizando la vivienda para hacer política en lugar de hacer políticas de vivienda".

Arma en la carrera electoral

Desde la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, en España ha habido un millón de desahucios, que se han traducido en bolsas de pobreza y vulnerabilidad. Se calcula que en España hay 32.000 personas malviviendo en la calle y una cifra mucho más superior que viven en viviendas sin condiciones, en el que se llama el sinhogarismo oculto. El alargamiento de las restricciones para parar el coronavirus solo hace que agravar la situación, con más de cuatro millones de parados (512.000 en Catalunya) y casi 900.000 más cobrando ERTE (120.000 en Catalunya).

A pesar de las iniciativas legislativas para parar los desahucios de familias en precariedad económica durante los meses de pandemia, los desahucios han continuado y solo la intervención y movilización de la sociedad civil organizada ha conseguido parar algunos temporalmente. Hace dos años, la ONU ya había alertado que los precios desorbitados de los alquileres en las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid, en claro desequilibrio con los salarios, dejaba s miles de personas en la pobreza e instaba al gobierno español a poner remedio fijando unos máximos.

A pesar de que PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo para abordar la cuestión, las divergencias entre los dos socios se han evidenciado durante toda la legislatura y ahora, con el todavía vicepresidente Pablo Iglesias como presidenciable en la Comunidad de Madrid, la política de la vivienda tiene todos los números para ser una arma en la carrera electoral. Esta semana la ONU ha vuelto a poner la lupa sobre España y pidió que se pararan dos desahucios en Barcelona: uno de una familia con dos menores en Sant Andreu y el de un hombre de 83 años del Gótico.