Barcelona abre 32 expedientes sancionadores por incumplimiento de la ley de los alquileres
El importe de las multas a portales y propietarios puede alcanzar los 96.000 euros
BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona ha abierto 32 expedientes sancionadores a propietarios de pisos por incumplimiento de la ley de regulación de los precios del alquiler, la 11/2020, que aprobó el Parlament en septiembre de 2020. Se trata de 16 anuncios de alquiler en plataformas digitales que no cumplen con la obligación de incluir el índice de precios de referencia que figura en la norma, cosa que impide comprobar si el precio sobrepasa el límite legal. Los procedimientos afectan tanto a los administradores de las fincas que se anuncian como a los portales web que hacen de intermediarios. El importe de las sanciones puede alcanzar los 96.000 euros.
La concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha informado este lunes en rueda de prensa de que la tramitación de estos expedientes responde a una "fase previa de anuncio" y asegura que el objetivo de estas sanciones es "garantizar el cumplimiento de la norma, darla a conocer y fomentar su aplicación". Se trata, de hecho, de una sanción leve que puede implicar una multa de un mínimo de 3.000 euros. Según el consistorio, los expedientes se empezaron a tramitar en marzo y requieren un plazo de seis meses para saber cuáles son las sanciones firmes.
De los 16 anuncios detectados, a través de una búsqueda por internet, 10 corresponden a ofertas publicadas en el portal Idealista, 5 a Fotocasa y 1 a Habitaclia. En cuanto a las inmobiliarias, se ha abierto expediente a empresas con una fuerte presencia en la ciudad como Engel & Volkers, Don Piso y Núñez y Navarro, entre otros. Según ha explicado el Ayuntamiento, tres administradores de fincas ya han abonado las sanciones y dos plataformas, Habitaclia y Fotocasa, han empezado a incluir en sus anuncios el campo donde recoger el índice de precios. En el resto de casos, los expedientes siguen abiertos.
Expediente por precio abusivo
Marín ha explicado también que el Ayuntamiento está empezando a tramitar otro expediente a un propietario de un piso que habría firmado un contrato por encima del precio establecido por ley. Esta sería, pues, una infracción más grave y la sanción podría oscilar entre los 9.000 y los 90.000 euros. La concejala ha recordado que la Generalitat es quien tiene competencia sancionadora pero que si alguien tiene la sospecha de que ha firmado un contrato que vulnera la ley" puede hacer llegar su caso al Ayuntamiento, que valorará si hay que tramitar el expediente correspondiente.
Hace unas semanas, la Generalitat anunció que después de una primera fase de detección de alquileres irregulares ya ha encontrado 30 contratos sancionables. La mayoría son por no hacer constar el índice de referencia. Los contratos con infracciones se han firmado en Manresa, Sant Boi de Llobregat, Sabadell, Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Vic, Rubí, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, El Vendrell, Reus y Tarragona.
