Barcelona realojará en la Casa Orsola y en dos bloques más vecinos pendientes de desahucio en Vallcarca

BarcelonaBarcelona ha dado por cerrada este martes una de las carpetas más candentes que tenía sobre la mesa. El síndico de agravios de la capital catalana, David Bondia, ha dado por terminada la mediación que abrió entre el gobierno municipal y los vecinos amenazados de desahucio de los bloques de propiedad municipal ocupados de avenida Vallcarca 83 y 87 bis y de la calle Farigola número 3. Según ha explicado en rueda de prensa, de las 30 personas que vivían 28 que cumplían los requisitos de vulnerabilidad. De éstas, la mitad las han aceptado y la otra mitad no.

Quienes sí han aceptado la solución ofrecida por el síndico serán realojados próximamente en tres pisos en Torre Baró, en el barrio Gòtic y en una de las viviendas libres que hay en la Casa Orsola, en el Eixample. Sin embargo, ninguno seguirá en su barrio. El síndico admitió que ha sido imposible encontrar pisos disponibles en Vallcarca o en el distrito de Gràcia. Pese a dar por cerrada la mediación, el síndico ha confiado en que algunas de las personas que por ahora han rechazado las soluciones ofrecidas las acabarán aceptando próximamente.

En cuanto a estas 14 personas, Bondia ha explicado que seguirán en contacto con los servicios sociales y las entidades que les ayudan. Sin embargo, lo harán bajo la amenaza de ser desahuciados en cualquier momento. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha confirmado que una vez cerrada la mediación los expedientes para poder despejar estos edificios considerados infravivienda y afectados por el planeamiento urbanístico de la zona continuarán adelante.

Entre las personas que han rechazado la mediación, hay seis que son de una misma unidad familiar (un matrimonio con dos hijos y dos abuelos), un matrimonio de avanzada edad y otro matrimonio con dos hijos. Bondia —que inició la mediación por encargo del Ayuntamiento como parte del preacuerdo entre el PSC y Barcelona en Comú por negociar los presupuestos— se ha felicitado por haber podido ofrecer en medio año soluciones habitacionales para 28 de las 30 personas que vivían en estos tres bloques ocupados. En cuanto a las dos personas a las que no se les ha ofrecido un piso alternativo, Bondia ha explicado que no cumplían con los requisitos de vulnerabilidad como para optar a un piso de inclusión.

Bonet ha considerado "ejemplar" la mediación del síndico -en la que también han participado la federación de asociaciones gitanas de Catalunya (Fagic), el secretariado del pueblo gitano y Habitat3- y ha subrayado que se han podido ofrecer pisos para todas las personas vulnerables. En cuanto a que no se haya reunido todavía la mesa sobre la modificación del planeamiento urbanístico, Bonet ha defendido que era "urgente" encontrar soluciones primero a las familias afectadas. Sin embargo, ha explicado que la propuesta del gobierno municipal será desafectar dos edificios que hay por encima de la calle Agramunt, y añadir unas setenta viviendas dotacionales en una zona donde hasta ahora no estaba previsto hacer pisos.

"Acuerdos bajo amenazas"

Desde Som Barri, la plataforma que agrupa a algunos de los vecinos de Vallcarca afectados por el planeamiento urbano de la zona, se han mostrado muy críticos con el acuerdo, y han acusado al síndico de hacer "un lavado de cara al Ayuntamiento". Según la abogada del colectivo, Ester Murillo, las personas que aceptaron ser realojadas lo hicieron "bajo el juego del miedo y las amenazas", ya que se les avisaba de que si no aceptaban el traslado en cualquier momento podrían ser desahuciados por el Ayuntamiento. Además, aseguró que "se les han puesto sobre la mesa documentos en catalán que no entendían" o sin explicarles el contenido.

Murillo ha criticado también que la mediación se haya limitado a buscar realojar a las familias de los blogs sin siquiera haber abierto la mesa de negociación sobre posibles cambios en el planeamiento que evitaran la demolición de los tres edificios ocupados. La abogada ha denunciado además que las propuestas hechas por el síndico y el Ayuntamiento obligan a los afectados a dejar Vallcarca y recomenzar su vida en otros barrios de la ciudad, debiendo cambiar de escuela en el caso de los menores.

Una de las vecinas que ha rechazado la propuesta del síndico y el Ayuntamiento es Carmen. En declaraciones a los periodistas, ha explicado que no le acepta porque ahora vive con su pareja, los hijos y los abuelos en un mismo espacio y en la oferta que les han hecho les obligan a separarse de los abuelos. Además, ha dicho, sus hijos están muy integrados en el barrio y en la escuela y no quieren irse. "Es muy difícil integrar a niños en otra escuela y hacer amigos nuevos", ha lamentado.

En un comunicado posterior, Som Barri y el Sindicato de la Vivienda de Vallcarca han denunciado "falta de transparencia e irregularidades" en la actuación del síndico. Según ellos, el gobierno municipal "ha instrumentalizado al síndico de agravios para cerrar el proceso en falso y sin dotarlo de los tiempos y recursos necesarios. Critican, además, que dos personas hayan quedado excluidas del proceso, enterándose este lunes por la noche por vía telefónica del fin de la mediación "sin argumento ni justificación".

El desenlace del pacto tampoco ha satisfecho a los grupos de la oposición. En el caso de Barcelona en Comú -que son los que pactaron con el gobierno la mediación- porque no da respuesta a todos los vecinos afectados y porque no se ha abierto la mesa para modificar un planeamiento urbanístico que consideran "desfasado". Preguntado sobre la labor del síndico, el portavoz de BComú, Marc Serra, admitió que no pueden hacer una valoración muy positiva porque la mitad de los vecinos afectados no tienen en estos momentos una alternativa al desalojo. En este sentido, Serra ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, que no se produzca ningún desahucio.

Desde Junts, en cambio, se ha criticado que el gobierno municipal sólo actúe cuando tiene "un problema mediático". "Este gobierno sólo se mueve para resolver sus problemas, no los de la gente", ha dicho el concejal Joan Rodríguez, quien ha subrayado que otras personas también vulnerables que han seguido los procedimientos para obtener un piso de inclusión verán cómo les avanzan estos vecinos de Vallcarca porque "han logrado ser un problema para el Ayuntamiento".