A Collboni se le atraviesa la reforma del 30% de vivienda protegida

BarcelonaAl alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, se le está atragantando la modificación de la reserva del 30% de vivienda protegida. Mientras crecen las dudas en las filas del PSC sobre la posibilidad de acabar cerrando un acuerdo con Junts per Barcelona, ​​la oposición de Barcelona en Comú en la última propuesta que el alcalde ha puesto sobre la mesa ha hecho perder este miércoles en el gobierno municipal una votación presupuestaria clave. Todo ello ha llevado al cuarto teniente de alcaldía, Jordi Valls, a plantear por primera vez la posibilidad de que el 30% no se modifique este mandato.

En una entrevista en SER Catalunya, el responsable de Economía y Vivienda del gobierno de Jaume Collboni ha añadido presión este miércoles a la negociación con Junts para modificar la reserva de un 30% de vivienda protegida. Ha alertado al grupo que lidera Jordi Martí Galbis de que si no se llega a un acuerdo para modificar la norma antes del verano, ya no se tocará hasta el próximo mandato. O caja o faja. Un ultimátum con el que Valls intenta desbloquear un acuerdo que parecía hecho, pero que ahora está en el aire.

"No haremos un debate eterno, llevamos dos años discutiendo sobre el 30% y creo que ya hemos debatido lo suficiente", ha dicho Valls, que ha avisado a Junts de que, "si antes del 1 de agosto no hay acuerdo", el ejecutivo municipal cerrará la carpeta y no será hasta después de las elecciones municipales decida si la reabre. Por el momento, el grupo de Junts per Barcelona no ha respondido públicamente al aviso del cuarto teniente de alcaldía.

Las palabras de Valls llegan en un momento de estancamiento de las conversaciones entre Junts y el PSC. A falta de algunos detalles, ambos grupos estaban bastante acordes con la última propuesta de reforma del 30% que Collboni había planteado y que, tal y como avanzó el ARA, diluye el impacto de la medida sobre las grandes rehabilitaciones. Las negociaciones pivotaban sobre todo en torno a la fiscalidad y la petición de Junts de rebajar un 4% el IBI que pagan los barceloneses.

El impacto del caso Cerdán

Sin embargo, en los últimos días un factor externo ha impactado también en la negociación. Fuentes de Junts admiten que todo lo que ocurre en Madrid –con los casos de corrupción salpicando el hueso más cercano al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez– hace que cerrar un acuerdo con los socialistas sea más difícil: "Encarece el precio de hacerse una foto con el PSC". Estas dudas no han gustado al ejecutivo de Collboni, quien considera que el 30% debería quedar al margen del ruido que pueda haber en el Congreso.

Por eso las palabras de Valls de este miércoles son leídas como una manera de añadir presión pública al grupo de Junts per Barcelona, ​​que, como el PSC, ha defendido insistentemente la necesidad de modificar la reserva del 30% impulsada en el 2018 por el gobierno de Ada Colau. Un cambio de la normativa también pedido insistentemente por la patronal –con Foment a la cabeza– y por el sector inmobiliario, que incluso han contribuido a facilitar las conversaciones entre ambos grupos en el Ayuntamiento.

Un miércoles difícil

Mientras no cierra un acuerdo con Junts, la reforma del 30% ha provocado también otros quebraderos de cabeza al gobierno municipal este miércoles. La oposición ha tumbado en la comisión de economía una modificación de crédito con la que Valls quería movilizar 100 millones de euros del remanente para hacer frente a gastos de la financiación del transporte público de la Autoridad del Transporte Metropolitano (50,1 millones de euros para bonificaciones), gastos de carácter social (13,7 millones para el Ajuntament Municipal de Serveis Socials) y gastos millones).

Los comunes habían avisado el lunes de que no apoyarían la modificación de crédito si Collboni no se comprometía a "echar atrás el desmantelamiento del 30%", y este miércoles han cumplido su amenaza. El balón pasó entonces al tejado de Junts por Barcelona, ​​que, lejos de dar oxígeno al PSC, se mostró muy crítico con el gobierno municipal por su "desprecio absoluto al diálogo ya la negociación" y le instó a buscar alternativas para movilizar estos 100 millones sin necesidad de tocar el remanente. Solo ERC ha votado a favor.

Una vez certificada la derrota del gobierno municipal, Valls ha lamentado la posición de Junts y sobre todo de Barcelona en Comú, a quien ha recordado que en el pacto que suscribieron por las ordenanzas fiscales estaba el compromiso de mantener las bonificaciones al transporte público al que se debían dedicar 50 de los 100 millones de euros. "Ahora esta exigencia ya no es tan importante ni les preocupa", ha denunciado Valls, que ha acusado a los comunes de instalarse en una "posición permanentemente ofendida".

Pese a admitir que la principal responsabilidad de aprobar los expedientes es del gobierno municipal, Valls ha subrayado que "esto no exime al resto de grupos de su responsabilidad" y ha remarcado que las modificaciones de crédito han sido habituales siempre que ha habido una prórroga presupuestaria en el Ayuntamiento. Ahora Valls tiene dos opciones: u obtener esos 100 millones de euros sacándolos de otras partidas ya asignadas en el presupuesto del 2024 ahora prorrogado o llevar al pleno otra modificación de crédito que permita, como quería, utilizar el incremento de recaudación que el Ayuntamiento tendrá este año y que con la prórroga no ha podido asignar.