La propuesta de Collboni diluye el impacto del 30% sobre las grandes rehabilitaciones

BarcelonaModificar la reserva del 30% de vivienda protegida es una de las principales promesas electorales que hizo Jaume Collboni en su carrera para acceder a la alcaldía de Barcelona en el 2023. Llegado ahora al ecuador del mandato, el alcalde quiere desatascar ese compromiso pronto y ha hecho diluir el impacto que la norma. fuentes, la última propuesta que el gobierno municipal ha hecho llegar a los grupos –y que todavía podría modificarse durante las conversaciones– reduce sustancialmente el parque de vivienda que podría verse afectado por la medida, ya que la norma sólo afectará a grandes rehabilitaciones de edificios de más de 1.500 m² –hasta ahora eran los de más de 600 m²– y no todos.

En la presentación que se ha hecho en las últimas semanas a algunos grupos del Ayuntamiento ya la que ha podido acceder el ARA, el gobierno municipal añade dos restricciones más. Dentro de los edificios de más de 1.500 m² sólo estarán obligados a reservar vivienda protegida aquellas grandes rehabilitaciones que impliquen un cambio de uso –el paso de oficinas a vivienda, por ejemplo– de más de 600 m² y aquellos edificios con propiedad vertical –con un único propietario– que realicen divisiones horizontales –que vendan los pisos a más de un propietario– a menos que hayan sido rehabilitados en los últimos 10 años. Ésta es, de hecho, una vía que hasta ahora han utilizado algunas propiedades verticales para esquivar la obligación del 30%. Para fingir que no se trataba de una gran rehabilitación de todo el edificio sino que eran distintos propietarios rehabilitando su piso, vendían algunas de las viviendas de la finca.

Todo ello hace que el impacto del 30% sobre la gran rehabilitación se prevea escaso. Sólo subiendo a 1.500 m² la superficie mínima de los edificios afectados en el caso de gran rehabilitación se reduce ya sustancialmente el parque de vivienda que podría verse obligado a ceder vivienda protegida, que pasaría de cerca de 4.000 edificios a sólo 1.350. Y de éstos, habría que ver cuántos cumplen el resto de requisitos necesarios para que la reserva del 30% les impacte. Fuentes del Ayuntamiento apuntan a la necesidad de reactivar la rehabilitación de edificios en Barcelona, ​​con un parque de vivienda muy envejecido.

Posibles compensaciones económicas

Sin embargo, sí se mantiene la obligación de reservar un 30% de vivienda protegida en aquellas construcciones de obra nueva superior a los 600 m², en aquellos edificios donde se hagan ampliaciones de altura –remontas– superiores a estos 600 m², y en los edificios que se han hecho completamente nuevos sólo manteniendo de pie la fachada. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre actualmente, la propuesta de Collboni ofrece a los promotores diferentes alternativas para que los pisos protegidos no tengan que hacerse obligatoriamente en el mismo bloque que construyan o rehabiliten.

En este sentido, se prevé una modificación del artículo 73 de la Carta Municipal para permitir que los promotores puedan construir el 30% de vivienda protegida en otro solar del mismo barrio o de un barrio colindante –aunque sea de otro distrito–, que convierta en vivienda misma viviendas o edificios ya construidos, pero construidos pero construidos sin embargo, que no tengan que hacer pisos protegidos y que puedan limitarse a hacer una permuta y abonar una compensación económica al Ayuntamiento que el consistorio destinaría a "ampliar el parque público de alquiler asequible".

Para llevar adelante esta última vía, el Ayuntamiento debería poner en juego suelo que tiene actualmente calificada de vivienda libre. Por no tener que hacer vivienda protegida, el promotor podría hacer una permuta con estos terrenos del Ayuntamiento. Es decir, que fuera una parte del suelo público lo que pasara a ser protegido por asumir ese 30% para compensar que el suelo privado pasara a ser completamente de mercado libre. A cambio, el promotor abonaría al Ayuntamiento una compensación que sería el equivalente a la diferencia de valor entre el mercado libre y la vivienda protegida y que el consistorio prevé destinar a ampliar el parque público de alquiler asequible.

La propuesta es controvertida porque, si lo desea, el Ayuntamiento tiene la capacidad de recalificar el suelo que ahora tiene calificado de vivienda de mercado libre para hacer vivienda protegida. Es decir, que podría destinar el 100% de aquellos terrenos a vivienda protegida por sí mismo y, por tanto, que el 30% de vivienda protegida que deberían hacer los privados se hiciera en otros suelos.

Pendiente del apoyo de Junts

Collboni ha defendido desde el inicio del mandato la necesidad de modificar la reserva del 30% de vivienda protegida al considerar que hasta ahora "no ha funcionado". La previsión de hacer crecer el parque de vivienda asequible en unos 334 pisos nuevos cada año que se hizo cuando se aprobó la reforma en el 2018 –con los votos de comunes, PSC, Junts y Esquerra– ha quedado lejos de cumplirse. De hecho, el propio gobierno municipal suele remarcar que hasta ahora sólo se han hecho 23.

La propuesta del alcalde, sin embargo, necesita todavía el apoyo de otros grupos para poder salir adelante. La prioridad del PSC en las últimas semanas ha sido cerrar un acuerdo con Junts, con el que los socialistas tendrían suficiente para aprobar la reforma. Sin embargo, el pacto todavía está pendiente de algunos flecos, como la fiscalidad –los junteros reclaman una rebaja del IBI del 4%–, crear nuevas ayudas y reclamar a la Sareb la cesión de los 823 activos inmobiliarios que tiene en la ciudad.

Alerta por el impacto sobre los inquilinos

Aunque los socialistas han insistido en público en pedir también el aval de Esquerra, los republicanos llevan semanas sin mantener conversaciones con el gobierno municipal y no ven clara la última propuesta. Además, se han desmarcado en los últimos días de cualquier pacto en materia de vivienda que incluya a Junts. Lo que también está descartado es el apoyo de Barcelona en Comú, que alerta de que las exenciones a las grandes rehabilitaciones en fincas de propiedad vertical dejan "desprotegidos a todos los bloques de inquilinos" ante la especulación de los fondos buitre.

La voluntad del gobierno municipal era aprobar la reforma del 30% en la reunión de la comisión de gobierno de este jueves para poder llevarla a la comisión de urbanismo de la próxima semana, pero finalmente no podrá ser. Sobre la mesa existe la posibilidad de aplazarlo para más adelante y convocar una comisión de urbanismo extraordinaria este mismo mes o –más probable– esperar a la comisión de urbanismo de julio.