Desalojan dos asentamientos de barracas en la Sagrera por "riesgo grave e inminente" de seguridad

BarcelonaEn un solar en los alrededores del puente del Treball Digne, en el distrito barcelonés de Sant Andreu, se acumulan carros cargados hasta arriba de maletas, bicicletas y otros objetos personales. Los propietarios han recogido las pertenencias a toda prisa y se mantienen cerca, sentados en silencio en el mismo puente o en los extremos, o agrupados en bancos a la espera de saber adónde pueden ir ahora para guarecerse. Son más de un centenar de personas que vivían en los dos asentamientos de chabolas situados en unos terrenos de Adif que este miércoles a las ocho de la mañana un amplio dispositivo de la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra ha desalojado y dispersado.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que la actuación responde a un informe de los Bomberos que concluye que existe un riesgo "muy grave e inminente" para las personas que malviven, lo que ha motivado la decisión de intervenir "con carácter de urgencia", ya que había "riesgo sobre su vida". Según el director de Bomberos de Barcelona, ​​Sebastià Massagué, hubo un incendio el pasado fin de semana en una de las barracas. "El informe lo único que hace es hacer valer la seguridad de las personas y manifestar el riesgo de que cualquier otra persona quedara atrapada", ha dicho.

De las barracas, ubicadas en un solar en la zona de la Sagrera, se han desalojado a 126 personas, cuatro de las cuales eran mujeres, según ha informado la concejala de Sant Andreu, Marta Villanueva. No había ningún menor. El espacio, con una cuarentena de barracas, acumulaba materiales combustibles, entre ellos desechos o electrodomésticos con instalaciones eléctricas, tiendas de campaña, baterías de gas propano, cocinas portátiles y pequeñas hogueras que incrementaban el riesgo de incendio y, por tanto, una rápida propagación. De hecho, Massagué ha dicho que incluso había personas que dormían en una estación transformadora de electricidad. "Queríamos evitar nuevas víctimas", argumentó.

126 expulsados, 58 atendidos

La intervención ha comenzado de forma coordinada y con presencia de servicios municipales de atención social y limpieza. Algunos de los habitantes del asentamiento que a lo largo de la mañana todavía estaban explicaban que no estaban al corriente del desalojo hasta que se les ha comunicado por la mañana. Según Shei, integrante del Sindicato de la Sagrera, Navas y Congreso y miembro de la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC), "solo se les ha notificado cuando ya les estaban desalojando". En esta notificación, prosigue, "se apela al incendio que se produjo este mismo mes, del que algunas de las personas del asentamiento no tenían constancia".

Hasta el lugar se han desplazado profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) para atender a los afectados sobre el terreno. Según el consistorio, éstos han atendido a 58 de los 126 desalojados, la mitad de los cuales ya estaban bajo el radar de los servicios sociales. El resto los rechazaron, apuntan las mismas fuentes municipales, si bien se les informó de cuál era el servicio responsable de su situación si provenían de municipios cercanos.

La subjefe del CUESB, Merche Cuesta, ha explicado que por la mañana no han hecho ningún alojamiento. "Lo primero que hacemos es que las personas vayan al servicio y que sea el servicio referente quien lo valore y nos haga llegar las peticiones", señaló, concretando que pueden tratarse desde alojamientos hasta ayudas económicas o red de apoyo.

Mientras tanto, los equipos de limpieza han trabajado allí para sacar las barracas; unos trabajos que se alargarán unos días hasta poder devolver la propiedad a Adif. El Ayuntamiento ha recordado que el entorno está en obras y que "será la propiedad quien determine qué medidas tomar". Por otra parte, ha habido dos detenidos, uno por busca y captura y otro por infracción de la ley de extranjería.

Esparcir el sinhogarismo

Paralelamente, la COSHAC también ha criticado la actuación del gobierno de Jaume Collboni, al que acusa de utilizar los desalojos para "desplazar a las personas pobres del paisaje urbano", y ha vinculado estas políticas con procesos de gentrificación.

Desde Amics del Quart Món, referente a la ciudad en la atención y acompañamiento de los residentes de asentamientos, David Espinós lamenta que el desalojo sin alternativa obligará a los afectados a buscar un nuevo emplazamiento, y que lejos de mejorar las condiciones de vida, todavía serán "más precarias". En este sentido, el director de esta entidad también criticó que el Ayuntamiento de Barcelona utilice "la seguridad o la salubridad" para expulsar a los chabolistas, que no tienen otra salida que "esparcirse por la ciudad", como ya se vio en otras actuaciones anteriores en el parque de la Ciutadella, la plaza Joan Miró o la Zona Franca.

En clave política, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha rechazado que el departamento se involucre en la atención de estas personas como sí hizo con los desalojados del antiguo B9 de Badalona ante la pasividad del alcalde Xavier García Albiol. Para Martínez, las competencias son exclusivamente municipales y señaló que en esta ocasión Collboni respondió buscando "las soluciones adecuadas", mientras que en Badalona se intervino por "la emergencia climática" de las bajas temperaturas invernales y la incomparecencia de la alcaldía.