La ola de cierres de tiendas en Barcelona reabre el debate sobre limitar el alquiler de locales
Los comerciantes dudan sobre el encaje jurídico de una regulación que ERC vuelve a llevar al Ayuntamiento
BarcelonaEl goteo constante de cierre de comercios históricos sigue pasando factura a Barcelona. Solo en las últimas semanas, bajaron la persiana o anunciaron que lo harán tiendas que llevaban décadas en marcha. En muchos casos, por la imposibilidad de hacer frente al precio del alquiler. Son ejemplos recientes el horno Santa Clara o la ferretería Camps, ambos en el barrio de Gràcia. Antes habían sufrido el mismo destino otros negocios como el restaurante italiano Luigi –un histórico de la plaza Francesc Macià– o la peluquería de la calle Muntaner donde empezó Raffel Pagès. Todos ellos son sólo algunos casos que han trascendido de un fenómeno que provoca muchas otras despedidas silenciosas.
En el caso del horno Santa Clara, por ejemplo, el negocio ha cerrado después de que la propiedad quisiera doblarles el alquiler del local de Travessera de Gràcia con Quevedo, que pasaría de 1.500 euros a 3.000. Hacía ochenta años que servían café y pastas a los vecinos del barrio. El caso de la ferretería Camps de la calle Gran de Gràcia es similar. Abierta hace noventa años, cierra ahora porque ya no le salen los números. El descenso de las ventas, unido al alquiler de 15.000 euros mensuales que pagaban desde hace tres años y que ahora la propiedad quería volver a subirlos, ha sido una estocada definitiva para este comercio casi centenario.
La noticia sobre estos últimos cierres ha reabierto un debate cíclico en la capital catalana. Hace tiempo que los alquileres son el núcleo de un letrero cóctel para el comercio de proximidad que combina otros factores como los cambios de hábitos de los consumidores, el estallido de plataformas como Amazon o la falta de relevo generacional. En octubre de 2024 la comisión de Economía y Hacienda aprobó una proposición de Esquerra en la que el Ayuntamiento se comprometía a instar a la Generalitat y al Estado a llevar a cabo "con la mayor celeridad posible" una regulación efectiva de los alquileres de los locales destinados a actividad económica.
Aquello dio pie a la creación, pocos días después, de un grupo de trabajo entre el Ayuntamiento de Barcelona y el departamento de Empresa de la Generalitat para analizar los retos del comercio y del alquiler de locales. Sin embargo, catorce meses después no ha trascendido ninguna conclusión. Consultadas por el ARA, fuentes del consistorio y del Govern explican que mantienen contactos periódicos a través de reuniones y grupos de trabajo que analizan retos del sector como los alquileres, pero también el relevo generacional, la digitalización, el empleo de calidad, la formación y la profesionalización.
Ante la falta de concreciones, según ha podido saber el ARA, Esquerra volverá a llevar el debate a la comisión de Economía del Ayuntamiento. En un ruego, reclamarán que el gobierno municipal se comprometa a analizar e impulsar, en colaboración con la Generalitat y en el marco de sus competencias, las vías legales para la regulación de los alquileres de los establecimientos comerciales en áreas tensionadas por el turismo. Asimismo, reclamarán que en el plazo de seis meses se establezcan las zonas de alquiler comercial altamente tensionadas en la ciudad y que se impulse un grupo de trabajo del consistorio con los grupos parlamentarios para la elaboración de una ley de regulación de los alquileres comerciales.
Dudas sobre la regulación
Sin embargo, el camino de esa hipotética regulación no parece fácil. Ya en 2024, la entonces concejala de Comercio del Ayuntamiento y ahora quinta teniente de alcaldía, Raquel Gil, mostró sus dudas sobre la posibilidad de regular el alquiler de los locales comerciales porque "el marco legislativo no lo pone fácil". Unas dudas que comparte el sector. En declaraciones al ARA, el presidente de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, admite preocupación por que el precio del alquiler esté haciendo inviables algunos negocios, pero subraya que "la regulación es algo complicada" porque "supone entrar en el terreno de la oferta y la demanda". "Cuando hay actividad económica, poner topes es muy complicado", explica, y remarca que es un debate distinto al de la vivienda, que sí es un bien social.
Desde Barcelona Oberta, su presidente, Gabriel Jené, se muestra aún más contundente sobre la posibilidad de regular el alquiler de los establecimientos. "Es un delirio ideológico", opina, y también diferencia el caso del comercio del de la vivienda. Jené argumenta que es inviable una regulación de este tipo porque lo que aquí se confronta no es el derecho de alguien a tener un lugar donde vivir frente a alguien que quiere hacer negocio con un piso, sino que es un debate sobre los beneficios económicos del propietario y del comerciante. "¿Cómo decides quién puede tener más beneficios y quién no?", se pregunta.
Más allá de la regulación del alquiler, desde el Ayuntamiento se apunta que se está trabajando en la elaboración de un censo de actividades económicas en planta baja. Un registro que, dicen, debe permitir "actualizar y mejorar" el conocimiento de los establecimientos a pie de calle con datos como la tipología de la actividad económica, el uso del local y su ubicación geográfica. Tanto Generalitat como Ayuntamiento remarcan, además, que se trabaja en la agenda de actividades derivada de que Barcelona haya sido elegida recientemente Capital Europea del Comercio Local 2026.