El choque entre Comuns y ERC paraliza medidas por la vivienda en Barcelona

BarcelonaHace tiempo que el debate sobre la articulación de un frente amplio se cierne sobre la izquierda en Catalunya. Lo promueven, entre otros, el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, y el ya oficialmente alcaldable de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Sin embargo, en el día a día del ayuntamiento de la capital catalana, la realidad está muy lejos de esta idea. La pugna entre estos dos grupos municipales es cada vez más cruda, hasta el punto de que en el pleno de este viernes los vetos cruzados entre ellos han derribado dos medidas destinadas a combatir la compra especulativa de la vivienda.

La primera en fracasar ha sido la propuesta de crear una comisión no permanente de estudio para evitar la compra con fines especulativos. Una iniciativa de ERC avalada por el gobierno municipal que pretende analizar las posibilidades de limitar este tipo de operaciones tomando como ejemplo otras experiencias internacionales. Una comisión que debía presidir la líder de ERC en el Ayuntamiento, Elisenda Alamany, y que, como ya ocurrió en diciembre, ha vuelto a ser rechazada por el pleno a consecuencia de la abstención de Barcelona en Comú y el voto en contra de Junts, PP y Vox.

La respuesta de los republicanos y el PSC ha llegado poco después. Ambos se han abstenido por contribuir a derribar una proposición de Barcelona en Común que, entre otros, reclamaba al gobierno municipal acelerar los trabajos para elaborar las herramientas urbanísticas necesarias para poder limitar las compras especulativas y garantizar el uso habitual y permanente de la vivienda. Una proposición que también pedía intensificar las inspecciones y controles para combatir el fraude y hacer cumplir la normativa que obliga a reservar un 30% de vivienda protegida.

Ambos debates han ido acompañados de reproches entre los grupos, que se han culpado unos a otros del fracaso de las medidas. La concejala de Barcelona en Común, Lucía Martín, ha criticado que se quiera crear una comisión de estudio cuando ya existen cinco informes de expertos –cuatro de ellos encargados por la Generalitat– que avalan la regulación de la compra especulativa. Martín ha dicho que "retrasar políticas de vivienda imprescindibles es una especialidad de PSC y PSOE", y ha alertado de que no se puede repetir con las compras especulativas lo ocurrido con la regulación del alquiler de temporada.

Desde Esquerra, la concejala Eva Baró ha apuntado que incluso algunos autores de estos informes han cuestionado la normativa impulsada por la Generalitat, y ha argumentado que hay que estudiar bien qué regulación se hace para evitar "chapuzas" y "rendijas". En este sentido, ha acusado a los comunes "de hacer un mal servicio a las políticas de vivienda en Barcelona" actuando con "dogmatismo" y con la "creencia de que siempre tienen la razón en todo". "No pudiendo hacer un debate sobre la compra especulativa creo que damos un pésimo mensaje a nuestros conciudadanos", ha dicho.

También la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha defendido la importancia de debatir y estudiar antes bien las posibilidades normativas para "no trabajar improvisadamente". "En un momento que vemos crecer la extrema derecha por todas partes y que la ciudadanía pide que no nos enredemos en rencillas estériles, me sorprende que se mantengan en una posición difícil de explicar si no es por partidismo", espetó la dirigente socialista a los comunes.

El blindaje del uso habitual de los pisos, en el aire

El rifirrafe se está cobrando, por ahora, otra víctima colateral. Se trata de la propuesta de modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para establecer que el uso habitual y permanente de la vivienda es el "prioritario" en la ciudad y que está por encima del uso temporal. Esta regulación es fruto de un acuerdo entre Barcelona en Comú y el PSC y está pendiente de llegar al pleno desde diciembre porque no tiene garantizados los apoyos necesarios. En la comisión de Urbanismo recibió un informe desfavorable de los grupos por voto en contra de ERC.

Los republicanos, que han sido uno de los principales defensores de la necesidad de regular el alquiler de temporada, votaron en contra del plan pactado entre el PSC y Comuns alegando que no es necesario ahora que ya se ha aprobado la ley del Parlament. Sin embargo, detrás de ese posicionamiento está el malestar por el veto de los comunes en la comisión de estudio que debía presidir Alemán. Tras la votación de este viernes en el pleno, la modificación del MPGM aún queda más en el aire.