El plan de Barcelona para triplicar las cámaras de videovigilancia arranca en plaza Catalunya y el Front Marítim

BarcelonaHan pasado 24 años desde que Barcelona instaló en la plaza George Orwell de Ciutat Vella su primera cámara de seguridad ciudadana en la calle. Desde entonces, se han puesto otros 159. Una cifra que el gobierno de Jaume Collboni lleva tiempo considerando insuficiente y que ahora triplicará. En los próximos dos años se instalarán hasta otros 500 dispositivos en la vía pública para extender la videovigilancia a todos los distritos. De este nuevo paquete, las primeras 14 ya han sido autorizadas, y empezarán a instalarse en las próximas semanas en plaza Catalunya para que puedan estar en marcha en el primer trimestre de 2026.

Hasta ahora, las 160 cámaras de la ciudad estaban instaladas en puntos de Sants-Montjuïc, el sobre todo de el Eixample. De hecho, estos dos distritos coparán la primera fase de esta ampliación de dispositivos, que se llevará a cabo entre finales de este año y 2026. En este período se instalarán 134 nuevas cámaras. De éstas, 104 se pondrán en nuevas ubicaciones donde hasta ahora no existían dispositivos, y las 30 restantes son renovaciones que, sin embargo, ofrecerán nuevos ángulos de visión que hasta ahora quedaban descubiertos. Además de las 14 de plaza Catalunya, las más avanzadas son las 13 que se han pedido para el Frente Marítimo de la Barceloneta, entre la plaza del Mar y la calle Marina.

El resto de ubicaciones todavía no son públicas porque están pendientes de la autorización definitiva por parte de la Comisión de Control de Dispositivos de Vigilancia de Cataluña. Este órgano –que preside la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso– debe emitir en cada caso un informe preceptivo y vinculante que avale la instalación de los dispositivos, asegurándose de hacer compatibles dos derechos fundamentales de los ciudadanos: el derecho a la seguridad y el derecho a la imagen propia. El aval de la Comisión y la posterior autorización del departamento de Interior de la Generalitat son el último paso de un proceso que comienza casi un año antes, cuando la policía –a menudo en colaboración con vecinos y comerciantes– detecta la necesidad de tener videovigilancia en algún espacio.

Pero, ¿cómo se elige dónde se pone una cámara y dónde no? Para decidir dónde pide que se instalen, el Ayuntamiento realiza un estudio que analiza básicamente tres parámetros: espacios con concentración de hechos delincuenciales; espacios donde existen ocupaciones intensivas o conflictos de convivencia –por ejemplo, zonas donde es habitual que se realicen actividades culturales o manifestaciones–, y el estudio de espacios vulnerables establecidos por el proyecto Secur'cities, que prevé zonas donde puede haber atentados terroristas con múltiples víctimas.

Las nuevas cámaras, que contarán con una definición y un campo de visión mejorados, no dispondrán de ninguna tecnología de reconocimiento facial ni de identificación basada en la inteligencia artificial. Sin embargo, sí podrán moverse o hacer zoom si algún agente desde la sala de control lo considera. Sin embargo, las cámaras van equipadas con un programa que enmascara las imágenes en los ángulos en los que puede grabar imágenes privadas –como ventanas–. Tampoco se pueden grabar hospitales, parques infantiles o playas. Las imágenes que grabe, además, deberán eliminarse en un período de tres meses, salvo que hayan grabado algún hecho delictivo sujeto a investigación.

Objetivo: más de mil cámaras

Para más adelante quedarán el resto de fases de despliegue de estas nuevas 500 cámaras. La previsión del Ayuntamiento es que durante 2026 y el primer trimestre de 2027 se puedan desarrollar las fases 2 y 3 –con la instalación de 121 nuevos dispositivos– y que durante el resto de 2027 se pueda completar la fase 4, la más ambiciosa, con hasta 245 nuevas cámaras. Todo ello hará que la ciudad cuente con hasta 660 cámaras, que obtendrán imágenes de un 5,16% del espacio público de la ciudad. Pero el objetivo del gobierno municipal es ir más allá: recientemente el alcalde, Jaume Collboni, ha anunciado que quiere poner otros 500 en el próximo mandato y superar, por tanto, el millar de dispositivos.

En una sesión de trabajo con periodistas, la gerente de Seguridad y Prevención, Maite Català, ha subrayado que todo el proceso se hace con "muchas garantías", y ha defendido la doble utilidad de las cámaras: por un lado, porque sirven como elemento disuasorio para los delincuentes, que saben que pueden; y, por otro, porque, en caso de que se acabe cometiendo un delito igualmente, puede proteger a las víctimas porque las imágenes grabadas pueden servir de prueba ante una causa judicial. Todo ello, ha dicho Català, debe ayudar a "dar la vuelta a la percepción de inseguridad de la ciudadanía".