El barrio más pobre de Tarragona: plantaciones de marihuana y pisos ocupados

TarragonaEl portal está lleno de porquería y de papeles en el suelo. También hay pintadas a las paredes y la mayoría de los buzones están a reventar. La puerta de la entrada está forzada, así que es posible acceder sin necesitar llave. También están forzadas las puertas de las cámaras de los contadores de la luz y el agua, y un enorme charco cubre parte del suelo. Si alguien hizo algún tipo de limpieza o mantenimiento, fue hace siglos. El edificio está en el barrio de Campclar de Tarragona, uno de los más pobres de Catalunya, con una renta por hogar inferior a los 21.000 euros al año según datos de 2017. La cifra actual posiblemente es más dramática.

 "Un día tendremos que entrar en con flotador al portal", se queja una vecina que habla en voz baja para que no la oigan los de arriba, los que han ocupado un piso en la sexta planta, otro en la tercera y uno más en la primera. "En uno plantan marihuana, en otro la venden y en el tercero viven", detalla la educadora de apoyo comunitario Laura Balcells mientras asiente con la cabeza dando la razón a la mujer.

La vecina sigue explicando que por desgracia solo quedan cinco inquilinos "de los de antes" en el edificio. El resto son gente que no se sabe de dónde han venido pero que, asegura, no han traído nada bueno. En total hay doce pisos en el bloque y todos son propiedad de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, es decir, de la Generalitat. Se trata de viviendas de protección oficial, pisos de alquiler con inquilinos que pagan en función de su renta. Excepto los que están ocupados, claro, que no pagan nada.

 "No podemos ir a la comisaría a denunciar", dice otra vecina de las de antes de que también baja la voz cuando habla de los que plantan marihuana en el edificio. "Si lo denuncio, son capaces de prender fuego a la puerta de mi piso cuando duermo por la noche", argumenta. La Agència de l'Habitatge tendría que hacer algo, como propietaria de los pisos. Lo que es difícil, sin embargo, es contactar con ellos, y más todavía ahora, en tiempo de pandemia. Antes los vecinos podían dirigirse a la oficina que la agencia tiene en Campclar, pero ahora está cerrada y hay que pedir cita previa por teléfono o por internet. "Puedes estar toda la santa mañana llamando y no cogen el teléfono", se queja la vecina. Tiene razón, es imposible conseguir línea.

Si en el centro de Tarragona preguntas sobre el barrio de Campclar, muchos te responden que aquello es el Bronx. A pesar de esto, cuando llegas, el barrio no parece nada del otro mundo. Al contrario, sorprenden sus calles anchas y la buena apariencia de los edificios, que son construcciones de un máximo de seis plantas. El barrio nació, como tantos otros, en los sesenta, para acoger a los inmigrantes españoles que venían a trabajar a Catalunya, en este caso en la industria petroquímica. Inicialmente no había casi servicios y la heroína causó estragos en los años ochenta, pero el movimiento vecinal hizo posible que mejoraran las condiciones de vida.

Más tarde, en los noventa, coincidiendo con los Juegos Olímpicos, parte de la población gitana que vivía en Barcelona fue trasladada a Campclar con el objetivo de limpiar la imagen de la capital catalana, según explica el director de la cátedra de inclusión social de la Universitat Rovira i Virgili, Àngel Belzunegui-Eraso. Así mismo, también llegó población magrebí. "Esto no quiere decir que toda la gente que vino fuera mala, pero si añades problemáticas a un barrio que ya las tenía, todavía es más complicado".

Hay que destacar también que en Tarragona hay una clara segregación residencial, según este profesor de sociología. La ciudad tiene un casco urbano e infinidad de barrios: en los llamados barrios de Llevant residen las clases más acomodados , y en los de Ponent –donde está Campclar–, las de rentas más bajas. Se puede decir que los vecinos de una zona difícilmente pisan la otra.

Además, en Campclar hay 514 pisos de protección oficial de la Generalitat. Todos están concentrados en solo un par de calles. De hecho, hay una gran diferencia entre la parte del barrio donde hay viviendas de promoción privada, y la que tiene pisos sociales. Es como si se tratara de dos barrios en uno. En una parte hay vida comercial, bloques en buenas condiciones y casas adosadas que en Barcelona costarían un riñón. Mientras que en la otra casi no hay tiendas y la mayoría de los bloques de pisos tienen la fachada despintada y cuelgan cables de cualquier manera: está claro que muchas viviendas tienen la electricidad pinchada. Y esto que la única comisaría que los Mossos d'Esquadra tienen en la ciudad de Tarragona está precisamente en Campclar.

Laura Balcells es educadora de apoyo comunitario de la Associació per a la Recerca i Acció Social Vincle, que la Agència de l'Habitatge ha contratado para hacer seguimiento de los pisos que son de su propiedad. Balcells se encarga, en concreto, de 306 de las 514 viviendas que la Generalitat tiene en Campclar, a pesar de que ella solo trabaja a media jornada. El Govern también dispone de un gestor de proximidad y de una gestora social de apoyo a familias para encargarse de los pisos, pero, según Balcells, desde que empezó la pandemia se les ve poco por el barrio.

Ocupación de pisos

Balcells tiene que ayudar a las comunidades de vecinos a organizarse para limpiar la escalera y el portal, y otros asuntos. Y, según dice, no es nada fácil. "Cuando ocupan un piso para plantar marihuana, lo primero que hacen es forzar la puerta de la portería o llevársela directamente. De este modo los que comprarán [la droga] pueden entrar fácilmente", explica. Aunque se trate de un solo piso, ya se convierte en un cáncer para toda la comunidad de vecinos.

También es habitual que los intrusos manipulen los contadores de la luz y del agua, porque para plantar marihuana se necesita mucha agua y mucha electricidad. Y si no, que se lo pregunten a Martirio y a Juani, que viven en una escalera donde hay dos pisos de la Agència de l'Habitatge que están ocupados: en uno plantan la droga y en el otro la venden. Ellas también hablan en voz baja para que no las oigan.

En marzo del año pasado hubo un incendio en la cámara de los contadores de luz del edificio por una sobrecarga eléctrica que dejó todo el bloque sin suministro durante semanas. Incluso los vecinos tuvieron que ser realojados a un camping. "Aquí todo el día y toda la noche hay gente que sube y baja por la escalera", se quejan las vecinas. Y tienen razón: no deja de entrar y salir gente del portal. Todos van supuestamente a comprar droga.

Fuentes de la Agència de l'Habitatge han reconocido que tienen 39 procedimientos abiertos por ocupación en Campclar. En concreto, 32 viviendas y 7 locales de su propiedad están ocupados. Según Balcells, no es tan fácil echar a los intrusos. El proceso judicial puede durar años. Además el problema en el barrio no es solo la marihuana: los despropósitos suceden uno detrás del otro.

Por ejemplo, hace unos meses alguien manipuló una caldera de agua de forma incorrecta en una vivienda y desde entonces decenas de vecinos se han quedado sin gas y tienen que recurrir a bombonas de butano. En otras ocasiones se trata de puro vandalismo. Como lo que pasó en la escalera 18 de la calle Riu Brugent: alguien rompió el cristal de la puerta del ascensor del portal y desde hace dos meses esta puerta no se puede utilizar. Esto a la práctica quiere decir que para usar el ascensor hay que subir a la primera planta.

La comunidad de vecinos tenía que presentar una denuncia por vandalismo para que la Generalitat reclamara a la compañía aseguradora que arreglara la puerta, pero pasa lo de siempre: nadie quiere denunciar por miedo a represalias. ¿La consecuencia? Pues, por ejemplo, que Juliana González hace dos meses que no sale a la calle. Es vecina de esta escalera, tiene 81 años y va en silla de ruedas. Ella también vive en un piso de protección oficial con su hijo. "Hace dos meses que no me lavo el pelo porque no puedo ir a la peluquería", se queja la mujer. "¿Usted cree que esto es normal? Es una vergüenza que no arreglen el ascensor".

La Fundación Casal l'Amic hace 40 años que trabaja en proyectos sociales en Campclar. "Ya era un barrio castigado con un alto nivel de paro –comentan dos de sus educadores, Natàlia Avilés y Martí Llaurador–, pero ahora con la pandemia es peor: muchos no tienen ningún tipo de ingreso. Aquí había mucha economía sumergida". Y, según dicen, conseguir ayudas sociales es una odisea: todos los trámites se tienen que hacer por internet y la gente no sabe. Su nivel de estudios es demasiado bajo. Por no saber, no saben ni solicitar cita previa a través de internet en la Agència de l'Habitatge cuando tienen un problema. Fuentes de la agencia, en cambio, aseguran que su contacto con los inquilinos es "aceptable" y citan como prueba que el año pasado hizo hasta 454 actuaciones de reparación en el barrio.

Algunos vecinos recurren a la parroquia de Santa Tecla, que también está en Campclar, para obtener comida. Mossèn Agustí Ayats y Francisco Morcillo distribuyen cada semana comida procedente del Banco de Alimentos. Francisco Morcillo es vicepresidente de la asociación de vecinos de la zona deportiva, que se llama así porque corresponde a la parte de Campclar donde hay un estadio de deportes y una piscina olímpica. Es, de hecho, la zona en mejores condiciones del barrio, donde se concentran los edificios de promoción privada. Esta asociación de vecinos es la única que continúa activa en Campclar.

Aparte de la zona deportiva, en Campclar hay otras muchas equipaciones. De hecho, fuentes del Ayuntamiento de Tarragona destacan que el barrio ha experimentado una importante transformación urbanística en los últimos 20 años. Por ejemplo, hay tres escuelas, un casal cívico, un espacio de encuentro, un hogar de gente mayor o la oficina central del Servei d'Ocupació para los barrios de Ponent.

"Se continúa pensando que poniendo equipaciones cambiarán las cosas", opina Jordi Collado, que es miembro de la Cooperativa Combinats y ha trabajado durante diez años en Campclar en proyectos sociales. "Aquí lo que hay es un maltrato institucional", añade. Según dice, no puede ser que todo el parque público de pisos de Tarragona se concentre en un mismo lugar y en un mismo barrio, que la Generalitat no haga un seguimiento más exhaustivo de sus viviendas, y que el Ayuntamiento se desentienda. E insiste: hace falta sobre todo una actuación social.

Desde el verano pasado existe en Tarragona una plataforma vecinal que se llama Recuperem els Nostres Barris y que denuncia que los robos han aumentado en Campclar y en el resto de barrios de Ponent durante el último año. Uno de sus representantes, Paco Fiori, explica que reclaman "más seguridad ciudadana", es decir, más presencia policial. Según dice, los extranjeros están detrás de los robos.

Durante la última campaña electoral, llamaba la atención que en Campclar casi no había carteles de partidos políticos. Sí que había, sin embargo, una gran valla publicitaria de Vox que, curiosamente, estaba situada en la parte del barrio en mejores condiciones, donde también vive clase trabajadora, pero que concentra pisos de promoción privada.