Cinco años esperando cobrar la pensión de orfandad

BarcelonaHasta cinco años ha tenido que esperar a una joven extutelada por la Generalitat para tener en su cuenta las mensualidades de la pensión de orfandad queantigua DGAIA –actualmente reconvertida en DGPPIA– guardaba hasta llegar a la mayoría de edad. La joven tiene ahora veintitrés años y ha cobrado de repente 15.000 euros, pero el suyo no es el único caso de demoras injustificadas en este colectivo de chicos.

Cuando la administración se hace cargo de la tutela legal de una criatura huérfana de padre o madre también recibe de la Seguridad Social las pensiones de orfandad a las que tienen derecho y hace una hucha hasta que cumplen los dieciocho años y pueden disponer libremente de ese dinero. En principio, se ingresan en una cuenta a nombre del menor beneficiario y la Generalitat actúa sólo de vigilante. Una de las damnificadas asegura que le habían respondido que "nadie sabía" dónde estaba su cuenta. "Es cierto que la DGAIA me salvó y me ha cuidado muchos años, pero también me siento robada por los que se suponía que velaban por mí", lamenta.

Las prestaciones a los extutelados llevan años llevando cola, mucho antes de los impagos indebidos detectados este verano y que finalmente han quedado en nada al quedar demostrado que en la mayoría de los casos se debió a un fallo de la propia administración. El laberinto del circuito burocrático se envuelve en leyes y modificaciones que hacen muy difícil entenderlo. De hecho, la chica extutelada se enteró de que había estado recibiendo dinero por orfandad cuando Hacienda le hizo una paralela por no haber declarado estos ingresos en su primera declaración de la renta. "No sabía de lo que me hablaban", afirma. Y a partir de ahí descubrió que en algún sitio le esperaba una cuenta corriente a su nombre.

Hasta 2017, tanto las prestaciones no contributivas como las pensiones de orfandad a las que tenían derecho los menores tutelados servían para cubrir los gastos derivados de su atención a los centros o familias de acogida. Ese año, tras recibir varias quejas de afectados, el Síndic de Greuges abrió una actuación que dictaminó que el modelo suponía una vulneración de los derechos de los niños porque acababan pagando por un servicio público y gratuito –su cuidado– que incluso estaba incluido en la cartera de servicios sociales.

En esta línea, el Parlament introdujo un anexo a la ley 5/2017 de medidas fiscales, en el que modificaba la ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia del año 2010 y, en consecuencia, la instrucción del 2012, que legitimaba a la Generalitat como beneficio. La nueva norma establecía que la pensión de orfandad no puede retenerse y ha pasado a ser una parte del patrimonio del menor tutelado y, por tanto, no puede ser utilizada para financiar los gastos de mantenimiento.

Sin reglamento

Ahora bien, esta modificación, que beneficiaba a los menores, no se implementó porque ningún gobierno nunca redactó ni aprobó el preceptivo reglamento complementario que aterrizaba la norma. Aún hubo que esperar tres años, hasta julio pandémico, cuando se dio luz verde a las disposiciones adicionales 8a y 9a de la ley 14/2010 de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia. La traducción de tanto tecnicismo es que se facultaba al departamento a "crear el mecanismo adecuado para hacer efectivo el reembolso total de las prestaciones y pensiones de orfandad retenidas y no recibidas por los niños y adolescentes tutelados desde la entrada en vigor de la ley 5/2017".

El texto suponía la admisión de que a estas criaturas se les había maltratado, porque se les había privado de un dinero que les pertenecían, pero se aplazaba la ejecución de los reembolsos hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor de la ley, es decir, "el 1 de enero del 20 2022".

¿Qué ha pasado en este tiempo hasta llegar a finales del 2025, en los que al menos una cuarentena de jóvenes extutelados huérfanos no han cobrado lo que les correspondía? El departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la consejera Mònica Martínez Bravo defiende que desde entonces se han abonado todas las cantidades y con intereses, "pero el procedimiento para identificar y localizar a todos los jóvenes es largo". Fuentes que conocen la situación comparten que es una situación incomprensible y más teniendo en cuenta que este colectivo llega en muchos casos a la mayoría de edad sin un adulto de referencia. "Los retrasos ilustran hasta qué punto la DGPPIA vive en un desbarajuste", afirma una técnica.

Carta

Recientemente, la consellera ha enviado a 35 jóvenes una carta de cuatro páginas, llena de tecnicismos y de referencias a leyes, instrucciones y disposiciones de complicada lectura, en la que resuelve abonar las cantidades adeudadas desde el 1 de enero del 2022 y deja al aire cuando se devolverán los intereses de demora. Estos intereses, continúa el texto, tendrán que calcularse de acuerdo con lo que dispone "el artículo 25 del decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de finanzas públicas de Cataluña". Según el departamento, el trámite no ha finalizado y asegura que se van a pagar los intereses. Sin embargo, no justifica el porqué del retraso.

Una de las damnificadas critica que, después de tantos años de espera, no haya recibido ninguna explicación ni justificación de cómo se han aplicado las cantidades abonadas y tampoco de cómo se calcularán los intereses. Además, los técnicos que orientan a este colectivo cuestionan que estos jóvenes reciban de golpe cantidades elevadas de dinero sin que ningún adulto les asesore. "Muchos se pierden cuando ven tanto dinero", afirma. A la beneficiada del principio de este artículo esto no le va a suceder. "El dinero es mi futuro y lo tengo guardado para un piso y ahora es como si no lo tuviera", asegura.