Conflicto abierto en la Garrotxa por la construcción de una variante sobre un acuífero protegido

GeronaCada día más de 2.000 camiones de alto tonelaje atraviesan Olot y siguen el recorrido por la carretera comarcal de Les Preses. La mayoría son camiones de la industria cárnica, que hacen el trayecto de ida y vuelta entre Osona y el macroescorxador de la capital garrotxina, y transportan cerdos vivos, despojos o mercancías frescas. El paso constante de camiones por todo este tramo urbano, con casas muy cerca de la calzada, genera mucho malestar entre los vecinos y provoca reiterados problemas de tráfico. Por eso, hace tiempo que ayuntamientos, empresas y plataformas vecinales reclaman la construcción de una variante que rodee la ciudad y evite el paso de vehículos pesados. Finalmente, después de años de negociaciones, en marzo de 2026 la Generalitat aprobó el proyecto constructivo de la nueva variante, con un presupuesto de 470 millones de euros, y la obra principal ya está en licitación. Pero la nueva carretera tiene a ecologistas y agricultores en contra: defienden que afectaría gravemente a zonas de campos muy fértiles y, sobre todo, al acuífero fluviovolcánico de la Garrotxa, que suministra agua a toda la comarca.

La intención de la Generalitat es que las actuaciones para construir la variante comiencen en la primavera de 2027. Son unos 11 kilómetros, con un 40% del trazado soterrado, que deben conectar la autovía A-26, al norte de Olot, con la confluencia de la C-63 (que va en dirección a Vic) y la C-37 (en dirección a Girona), en el polígono del sur de Les Preses. Y ante la negativa de la Generalitat a reconsiderar el proyecto, la asociación garrotxina Salvem les Valls ha presentado un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya ha sido admitido a trámite. También lo ha hecho el sindicato Unió de Pagesos. Ambos piden medidas cautelares que detengan el plan de construcción hasta que se dicte sentencia. El Ayuntamiento de La Vall d'en Bas, por su parte, también ha llevado el caso a los juzgados, pero sin pedir medidas cautelares.

El punto crítico de la disputa son los 900 metros de túnel del Verntallat, sobre el acuífero de la comarca, en la zona de cultivos entre Les Preses y la falda del Puigsacalm. Para poder excavar y construir las paredes de hormigón de la carretera soterrada en este tramo, la Generalitat prevé la instalación de 72 pozos de bombeo para absorber y extraer el agua subterránea, y, de esta manera, conseguir bajar el nivel freático del acuífero para que se pueda trabajar en seco.

Esta decisión asusta a los ecologistas. "Si comienzan las obras, los daños pueden ser irreversibles. No somos conscientes de lo que puede suponer destruir el acuífero. No tenemos ninguna otra fuente de agua potable en toda la comarca, ninguna más", defiende Moisès Mont, presidente de Salvem les Valls (Salvemos los Valles). La entidad también sostiene que no se han hecho estudios de alternativas y recuerda que la misma Agencia Catalana del Agua (ACA) dotó a este acuífero de la máxima protección medioambiental declarándolo Reserva Natural Subterránea.

Joan Paredes, abogado que durante mucho tiempo ha trabajado en la administración pública, lleva el caso de los ecologistas y alega la urgencia de aplicar medidas cautelares. "Lo único que pedimos al juez es que suspenda la ejecución hasta que se puedan practicar todas las pruebas, porque, si el juez nos da la razón al final, pero la obra ya está empezada, la sentencia será inaplicable", expone. Y continúa: "En el momento en que se tramita el proyecto no se tienen en cuenta primero las medidas de protección que por normativa europea y por preceptiva normativa española se deben establecer para el mantenimiento de este tipo de acuíferos. No hay ningún informe de los que constan en el expediente de organismos de la administración actuante que garantice que, una vez acabado el vaciado temporal del acuífero, los pozos no queden perjudicados".

El Gobierno mantiene el calendario

Ante los recursos judiciales, el departamento de Territorio responde que el diseño constructivo sí cuenta con informes favorables y plenas garantías de la ACA y asegura que el vaciado temporal durante la construcción no pondrá en riesgo ni el acuífero ni el abastecimiento de agua de boca de la comarca. Igualmente, el ejecutivo de Salvador Illa califica la infraestructura de inaplazable y de necesidad histórica para resolver los graves problemas de seguridad vial, movilidad y contaminación que sufren los núcleos urbanos de Olot y les Preses. Así, la Generalitat se mantiene firme en su postura y trabaja tanto en el ámbito jurídico como administrativo para mantener el calendario de actuaciones, mientras continúa avanzando en proyectos complementarios que tienen que ver con medidas compensatorias con los propietarios afectados que habrá que expropiar.

Por otra parte, los partidarios de la variante hacen presión para que el calendario no se retrase. Un grupo de vecinos de les Preses, constituidos bajo la entidad Les Preses 2020-2030, anuncian movilizaciones, exposiciones públicas abiertas a la ciudadanía y la contratación de servicios jurídicos para personarse en el contencioso con el objetivo de apoyar a la Generalitat. "La presentación de los contenciosos significa una deslealtad a las negociaciones que se han llevado a cabo durante este proceso. Se han aceptado cambios y compensaciones de todo tipo que se han incorporado, pero estas entidades quieren alargar todavía más la asfixia y los peligros que tenemos que soportar por el tráfico de 20.000 vehículos, 3.000 camiones, 15.000 cerdos vivos y los restos de los animales muertos por nuestras travesías. Son diecisiete años de sufrimiento", sentencia Pau Tarradelles, portavoz de la plataforma.