Desaparece el abuso sexual y cambia el consentimiento: aprobada la ley del 'Solo sí es sí'

MadridVila-real o Burjassot son los dos últimos lugares donde las alarmas se han disparado después de la denuncia por presuntas violaciones múltiples a dos chicas jóvenes. Un goteo de casos que coincide, precisamente, con la votación de una ley que ha nacido a raíz de la violación múltiple de la Manada en los Sanfermines y las consiguientes manifestaciones multitudinarias con los lemas "Hermana, yo sí que te creo" y "Solo sí es sí" y que tiene por objetivo principal afrontar el problema de la violencia sexual.

En Cataluña, hasta septiembre de 2021 se contabilizaron 1.558 delitos sexuales, una cifra que supera el total registrado en 2020 (1.525), año marcado por el confinamiento y la etapa más dura de la pandemia, según datos del Instituto Catalán de la Mujer. En cerca de la mitad de los delitos (45,2%) las víctimas eran menores de edad, mientras que la edad más frecuente de los agresores (23% de los casos) comprende la franja entre 18 y 25 años. Los datos en el conjunto de España contabilizan 13.174 delitos sexuales durante 2020. El abuso y la agresión sexual suponían tres de cada cuatro delitos sexuales y en la mitad de casos las víctimas eran chicas menores.

A partir de ahora, en España se elimina la diferencia entro en abuso y agresión y se modifica la definición del consentimiento. La ley de garantías de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, afronta este jueves su último trámite en el Congreso de Diputados para después ser enviada al Senado para su tramitación final. Si no hay ninguna sorpresa, la norma saldrá con el apoyo de los grupos soberanistas de la cámara baja y también de Ciudadanos. La norma tenía que salir adelante con mayoría absoluta porque se trata de una ley de carácter orgánico. Estos son los principales cambios de un texto que, finalmente, no incluirá la penalización de la prostitución.

Definición de consentimiento

Uno de los cambios principales implica la modificación del Código Penal para que el consentimiento expreso sea clave a la hora de juzgar los delitos sexuales. De este modo, la ley abre la puerta a un nuevo modelo: si hasta ahora se exigía que la víctima demostrara que se negó y se resistió, a partir de ahora se requerirá un consentimiento afirmativo. Por eso el texto se conoce como la ley del solo sí es sí. "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actas que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", recoge el dictamen al que ha tenido acceso el ARA. "Es un cambio para dejar atrás la cultura de la violación y construir una cultura del consentimiento", ha defendido la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el debate en el Congreso, donde en la bancada del gobierno solo estaba la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Con este cambio también se borra la diferencia entro en abuso y agresión sexual. A partir de ahora, cualquier ataque a la libertad sexual, si se prueba como tal, será considerado agresión sexual (desaparece la figura de abuso). La agresión sexual se define como "cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento". Y se considerará violación cuando se "produzca un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías", recoge el dictamen.

Además, el texto incluye nuevos agravantes como las agresiones grupales, el hecho de ser pareja o familiar de la víctima o que el agresor utilice sustancias químicas para anular la voluntad de la víctima.

Después de unas enmiendas presentadas este mismo miércoles se obligará a las personas enjuiciadas por un delito relativo a la libertad sexual a someterse a programas formativos sobre educación sexual y educación en la igualdad, han explicado fuentes del ministerio de Igualdad al ARA. El objetivo es añadir un enfoque "responsabilizador más que punitivo" a la norma, explican las mismas fuentes. "Es una apuesta por la educación por la libertad sexual, por llenar de feminismo las aulas de nuestro país", ha añadido Montero. Para Vox, en cambio, lo que hace la normativa impulsada por el ministerio de Igualdad es "equiparar un piropo" con una violación. "Me da pena no volver a oír «dime cómo te llamas y te pediré por Reyes» o «este es un cuerpo y no el de la Guardia Civil»", ha dicho la diputada Carla Toscano, quien ha asegurado que hay "piropos que son groseras", pero que una "grosería no es un delito".

Además, cuando se trate de delitos contra la libertad sexual o delitos relacionados con la violencia de género, la medida de conciliación entre víctimas y responsables del delito estará condicionada al hecho que sea la víctima la que solicite de manera expresa la medida de conciliación. En el resto de casos, no se podrá contar con la conciliación o mediación.

Anuncios y uso de imágenes

Finalmente, se "considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomente o normalice las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como la que implique una promoción de la prostitución", recoge la norma. Fue la incorporación de este punto, precisamente, lo que hizo que la CUP finalmente cambiara su voto favorable a la ley por la abstención. La diputada Mireia Vehí ha defendido el cambio por haber roto el "pacto" de dejar fuera de esta ley cualquier aspecto relacionado con la prostitución.

La ley del sí es sí también incorporará sanciones en el uso de imágenes de personas sin su consentimiento para hacer "anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública" y que esto suponga una situación "de acoso, hostigamiento o humillación". Este punto se introdujo a raíz de una enmienda de Junts que establece penas de prisión de entre 3 meses y un año o multas de entre 6 y 12 meses.

La prostitución, aparcada

Hace una semana, sin embargo, la ley colgaba de un hilo por las discrepancias entre los partidos alrededor de la prostitución. En concreto, en torno a la tercería locativa, el delito que sanciona a los propietarios de los inmuebles donde se produzca una clara situación de explotación sexual, y el proxenetismo no coactivo, dos elementos dirigidos a abrir el camino hacia la abolición de la prostitución. Mientras que PSOE y PP proponían endurecer este punto con multas a las prostitutas, desde Unidas Podemos y los socios de la investidura del gobierno de coalición habían llegado a consensuar una enmienda en que se introducían sanciones a los proxenetas (la tercería locativa) pero se dejaban fuera de la penalización a las trabajadoras sexuales.

Finalmente, ninguna de las dos propuestas salió adelante y se suprimió el punto entero. Así, se han dejado de lado los elementos vinculados a la prostitución para abordarlos en otras leyes. De hecho, esta era la intención de los socios del gobierno de coalición, que apostaban por hablar de la prostitución en la futura ley de tráfico,y al ver el desacuerdo con el PSOE la misma ministra Irene Montero también avaló esta posición. A su vez, el PSOE ha presentado una ley abolicionista en solitario. Y en este sentido, la diputada socialista Laura Berja ha cargado contra Unidas Podemos y los socios de investidura por haberles lanzado "amenazas" después de haber presentado la enmienda abolicionista que acabaron retirando por "responsabilidad" para que se salvara la ley.

Más educación

Para revertir los datos de delitos sexuales, la organización Save the Children pide mucha más "educación afectiva y sexual desde edades tempranas", así como "diversidad de información". La ONG alerta de que la pornografía es el canal mayoritario y cuantifica en un 46,5% a los adolescentes que han visto pornografía y han llevado alguna de las escenas a la práctica.

Además, insisten en que las cifras son solo "la punta del iceberg". "No es que haya más casos, sino que cada vez el problema es más visible y la sociedad está más sensibilizada" apunta Emilie Rivas, responsable de Políticas de Infancia de la ONG. De hecho, la organización estima que solo uno 15% de los sucesos terminan siendo notificados a las autoridades.