Casi ninguna custodia que retira la Generalitat llega a los tribunales: "La DGAIA es juez y parte"

BarcelonaMuy rara vez la decisión de retirar una custodia llega a manos de la justicia, y cuando ocurre, casi siempre la sentencia resuelve a favor de la administración. Sólo un 4% de las familias biológicas a las que la DGPPIA (la sigla de la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia que sustituye a la DGAIA)retira la tutela de los hijos recurren contra la medida administrativa que en muchos casos supone para la criatura el ingreso en un centro de acogida o pasar a vivir con tíos o abuelos Y, según datos de la DGAIA, en nueve de cada diez casos pierden la batalla judicial porque el juez avala la decisión de un pero es una fotografía que coincide con los datos más recientes aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): de las 10.000 retiradas de tutelas que se dictan en todo el Estado cada año, un millar de familias recurren a los tribunales y sólo en un 2% de los casos se revocan los desamparos de Marta Tortosa y consejera del Consejo de la Abogacía Catalana (Cicac), hay que tener en cuenta que si hay tan pocos recursos judiciales es porque las familias afectadas "son vulnerables, sin recursos" y no pueden permitirse un abogado por reclamar. "Los abogados de oficio sólo podemos intervenir cuando sea preceptivo por su necesidad, y un procedimiento administrativo contra la DGAIA no es considerado así", apunta en una conversación con el ARA. Sobre cómo es el proceso de decisión de retirar una custodia, Gellida critica: "La administración instruye el asunto, dicta la resolución y además ejecuta el acuerdo. En un estado de derecho siempre hemos tenido presente que la ley la hace uno, lo ejecuta otro, y quien condena es el poder judicial. Incluso en el ámbito penal hay un juez que instruye y otro". Y concluye: "En la DGAIA lo hacen todo, lo que queremos es que haya separación de poderes".

También la jurista Silvia Giménez-Salinas se preguntaba "cómo es posible que la DGAIA pueda hacer de juez y parte" en una jornada reciente sobre la DGAIA en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) en la que coincidió con Gellida. Ambas son las autoras de un informe que el Cicac presentó cuando Gellida era presidenta y que reclamaba, precisamente, que las retiradas se realizaran por una resolución judicial y no administrativa. Sostienen que con su propuesta, las familias, y sobre todo las criaturas, tendrán más garantías que la decisión que se tome sobre su futuro será lo mejor para ellas.

Un procedimiento "largo y burocratizado"

En la misma jornada, la vicedecana del Colegio de la Procuraduría, Margarita Ribas, apuntaba que los procedimientos para recuperar la custodia "son largos y burocratizados", y relataba el ejemplo de un padre y las dificultades que se encontraba para recuperar a uno de sus dos hijos, tutelado, teniendo un sueldo de 480 euros. "Lo que está pasando es un fracaso de nuestra sociedad", afirma Gellida en conversación con el ARA, y asegura que "hay madres que les han quitado a sus hijos porque a las cinco de la mañana les dejan solos para irse a limpiar casas".

"El interés del menor es lo más importante, pero ¿quién decide cuál es ese interés?" se pregunta Gellida. Una de sus propuestas es que los menores implicados tengan su propio abogado por defender sus intereses, "que no siempre son los mismos que los de sus familias". Para ello, están trabajando con la Generalitat para que la abogacía de oficio pueda representar a los niños y adolescentes en estos procedimientos.

De hecho, el artículo 118 de la LDOIA (ley de los derechos y oportunidades de los niños y adolescentes) ya contempla este tipo de abogado desde el 2010, pero nunca ninguna administración lo ha salido adelante. Su principal función es la inspección, atención a las solicitudes y quejas de los menores tutelados y elevarlas a las instancias que correspondan.

"No puede que unos padres se enteren de que les retiran la tutela cuando van a buscar a sus hijos a la escuela y se les ha llevado la DGAIA", ilustraba Gellida en la misma jornada. A su juicio, sería necesaria también una reforma a escala estatal, que modifique la ley orgánica del poder judicial para que haya jueces especializados para abordar estos casos.