El derecho a morir dignamente, una conquista con décadas de atraso

BarcelonaAntoni Monguilod moría en octubre de 2019 de Parkinson después de 12 años de lucha reclamando una muerte digna. La misma lucha que había emprendido Maribel Tellaetxe, enferma de Alzehimer que quería irse antes de dejar de reconocer a sus hijos; la de Montserrat Voltà, la mujer enferma de ELA que criticó en una carta que el sistema la obligara a vivir "de una manera indigna"; o la de José Antonio Arrabal, enfermo de ELA que grabó su "muerte en clandestinidad" en 2017 para que nadie llevara a la justicia a su familia. Como le ha pasado a Ángel Hernández, el hombre acusado de violencia machista por haber ayudado a morir dignamente a su esposa, María José Carrasco. Y tantos otros, empezando por Ramón Sampedro, el marinero y escritor gallego tetrapléjico desde los 25 años que luchó una dura batalla legal para poder morir dignamente, reflejada en el cine. Sus casos no tendrían que volver a repetirse a partir de este viernes, después de la entrada en vigor de la nueva ley de regulación de la eutanasia, que convierte España en el sexto país del mundo que legaliza la muerte asistida -después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia.

Con la nueva ley, un paciente mayor de edad afectado por una enfermedad grave, crónica invalidante o incurable puede pedir que se le aplique la eutanasia tanto en centros hospitalarios como en casa. Su estado tiene que estar asociado a un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable" y tiene que existir la "seguridad", o una gran probabilidad, de que no haya posibilidad de cura o de mejora. El ministerio de Sanidad asegura que se trata de una norma "garantista" que "da respuesta a una demanda social". El objetivo es que el paciente pueda estar acompañado por la familia hasta el final, que pueda decidir cómo irse y que lo haga asistido por un equipo de profesionales sanitarios. El texto cuenta con el consenso del gobierno y con el aval de la comunidad médica. El 92% de los 15.000 profesionales sanitarios que participaron en una encuesta del departamento de Salut sobre la norma se mostraron a favor de ella. A pesar de que la ley reserva la posibilidad de que un médico haga uso de la objeción de conciencia si no está de acuerdo con asistir en la muerte de un paciente, solo un 11% de los encuestados afirmaban que ejercerían esta potestad.

"Solo por casos como los de Ramón Sampedro o María José Carrasco ya nos parece una buena ley", ha asegurado la coordinadora de la Asociación Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, desde la Casa Orlandai de Barcelona, donde los miembros de la entidad han brindado para celebrar la entrada en vigor de la normativa. En Madrid décimas de personas se han concentrado en la Puerta del Sol. Faltaba precisamente Ángel Hernández, que está pendiente de afrontar su juicio por haber ayudado a su mujer a morir dignamente. La Fiscalía le acusa de un delito de cooperación en el suicidio, enmarca la causa dentro de la violencia machista y pide para él seis meses de prisión. "Fue un acto de solidaridad y de compasión", asegura Vallès, que encuentra "ofensivo" para las víctimas de la violencia machista la comparativa y espera que la justicia tenga en cuenta el nuevo marco legal y exculpe a Hernández.

Algunos pacientes, excluidos de una ley con cuestiones interpretables

Su juicio ha oscurecido la entrada en vigor de una ley que las entidades celebran pero que seguirán con lupa. Vallès explica que el nuevo texto es tan "garantista" que no da cobertura a todos los casos. Ya de entrada, la nueva ley deja fuera de la posibilidad de morir dignamente a las personas menores de edad -a pesar de que "se ha demostrado que con 16 años un menor puede ser competente", opina Vallès- o los afectados por una enfermedad mental. Los procedimientos para pedir la muerte asistida pueden alargarse hasta 45 días, un plazo que las entidades también consideran demasiado largo. Pero sobre todo, Vallès explica que una de las debilidades de la nueva ley es que tiene cuestiones interpretables.

En paralelo al nuevo texto legal, el ministerio de Salud ha aprobado un protocolo de actuación para valorar la situación de incapacidad de los pacientes. Hace falta una entrevista clínica con un profesional sanitario que evalúe si la persona entiende qué quiere decir el procedimiento, razona de manera coherente, es capaz de tomar la decisión por sí misma y la expresa voluntariamente y sin coacciones. Vallès alerta que esto a la práctica deja en manos de los médicos "decidir sobre la competencia de la persona y la valoración del paciente".

La coordinadora de la entidad considera que en los territorios con una comunidad bioética potente, como Catalunya -donde la Generalitat ha desarrollado una comisión de garantías y un registro para los médicos objetores de conciencia-, no tiene que haber problemas, pero cree que el carácter interpretativo de la norma puede comportar problemas en otros territorios más conservadores o sin una tradición médica tan potente. Vallès también advierte que habrá que velar para que los hospitales regidos por entidades religiosas no "presionen" a sus profesionales para hacer objeción de conciencia. De hecho, con la ley en marcha, el objetivo de la entidad pasa ahora por convertirse en una herramienta de defensa de los derechos de las personas que quedan fuera de ella, por "continuar rompiendo tabúes" y por "garantir que el desarrollo de la ley se hace sin diferencias y sin excusas" tanto en las grandes ciudades como en los pueblos más pequeños.