Desahuciada la vecina de 87 años de Madrid a quien exigían un alquiler de 1.650 euros

MadridEl desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años de Madrid que va en silla de ruedas, se ha consumado este miércoles en el cuarto intento de echarla de casa. Aunque desde este martes por la tarde cientos de vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas de la capital española se habían concentrado e instalado fuera del edificio, los antidisturbios de la Policía Nacional han ejecutado la sentencia de desahucio, lo que ha dado lugar a momentos de gran tensión: el Sindicato ha denunciado el uso de "violencia" por parte de la policía, con golpes en la cabeza a los manifestantes, así como el uso de gas pimienta. La propiedad del inmueble, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., planteaba un incremento del alquiler hasta los 1.650 euros, que Maricarmen no podía afrontar: tiene una pensión de 1.350 euros y hasta ahora pagaba 500 euros de alquiler, porque tenía un contrato de renta antigua. Pese a los intentos de negociación, el fondo se ha cerrado en banda. Ahora la vecina no sabe dónde irá y, de momento, el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que tiene una "plaza de emergencia" en una residencia.

Es la cara más cruda de una emergencia que hace tiempo que golpea al Estado y que ha desencadenado un intercambio de reproches políticos. El gobierno español presiona a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento por su inacción y los socios de izquierda exigen recuperar inmediatamente el decreto habitacional del ejecutivo español que incorpora una medida antidesahucios, y que PP, Vox y Junts tumbaron en su momento. De hecho, el desahucio de Maricarmen coincide con la denuncia por parte del Sindicato de Inquilinas de Barcelona del suicidio de Olga, una mujer de Hospitalet, pocos meses después de haber sido desahuciada. Asimismo, este lunes se producía el desahucio de Sílvia Sanz de su piso en el barrio de Gràcia (Barcelona), donde vivía desde hacía 13 años. Las organizaciones sociales hace meses que exigen recuperar la moratoria antidesahucios para inquilinos vulnerables para evitar situaciones como estas.

Un decreto bloqueado

La moratoria antidesahucios estuvo en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2025 y el gobierno español planteó prorrogarla en un decreto ómnibus (incorporaba medidas fiscales y energéticas por la guerra en Ucrania y después en Oriente Medio). La derecha del Congreso (PP, Vox y Junts), sin embargo, lo tumbó. Después, el gobierno español volvió a intentarlo troceando el texto (separó las medidas estrictamente vinculadas a la vivienda), pero tampoco prosperó. Todo el mundo esperaba que en el último consejo de ministros antes de las vacaciones de verano el gobierno español lo aprobase de nuevo, pero la Moncloa decidió dejarlo para septiembre. El argumento de la derecha es que los propietarios privados no deben asumir la emergencia habitacional de los que no pueden asumir las subidas de alquiler -en el caso de Maricarmen superaba su pensión- y que debe ser el Estado quien proporcione la alternativa, incluso cuando se ha residido toda la vida en el mismo inmueble. Ahora bien, las listas de espera en la administración están saturadas.

"No sé qué está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, pero es exactamente lo contrario de lo que se esperaba cuando la gente les votó el 23 de julio del año 2023. No entiendo este despliegue policial, ha sido una violencia brutal contra los activistas, contra la misma Maricarmen", ha manifestado la líder de Podemos, Ione Belarra, en los pasillos del Congreso.

"Hoy es un día de inflexión", ha afirmado el portavoz de Sumar en el Congreso, Ernest Urtasun, que ha exigido "al conjunto de fuerzas políticas" dar apoyo a un decreto que, a su parecer, se debería aprobar ya la semana que viene en consejo de ministros. De hecho, Urtasun ha dicho que se está "negociando" con todas las fuerzas. "No tenemos tiempo", ha insistido. El ministro Pablo Bustinduy (Sumar) ha recriminado al PSOE que no se haya hecho antes: "Es un acuerdo anunciado en la Moncloa [en julio] y no se ha cumplido, y los resultados son estos. No puede esperar más".

Quien también ha apelado a los socios del bloque de investidura ha sido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a quien el caso de Maricarmen abre un nuevo frente. Rodríguez ha criticado al gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso (PP), así como al Ayuntamiento, por haber puesto una "alfombra roja" a fondos de inversión como los que han adquirido la vivienda de la vecina de Madrid. Este martes, de hecho, la Comunidad inauguraba la feria The District, el encuentro internacional de inversión inmobiliaria que el año pasado salió de Barcelona por la presión social. Mientras tanto, dirigentes del PP en el Congreso restan importancia al drama habitacional. Hablan de un caso particular y apelan a la construcción de vivienda

Un caso que nace hace ocho años

En 2018 la familia propietaria del edificio vendió la finca entera a Renta Corporación, uno de los grandes grupos inmobiliarios en el Estado. Entonces le plantearon a Maricarmen que pudiera comprar el piso, pero ella no podía afrontar el precio que le pedían. Es en este momento cuando aparecen el fondo de inversión y los problemas. Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. le planteaba primero un incremento del alquiler hasta los 2.650 euros. "Me niego a marcharme. Lucharé", reivindicaba hace un tiempo la vecina.