La concertada se alía y exige más financiación para garantizar su gratuidad
La federación de familias de alumnos asegura que el déficit de recursos y plazas estrangula a los centros públicos
BarcelonaFamilias, sindicatos y patronales de la escuela concertada se han aliado por primera vez para exigir mayor financiación, más recursos para la educación inclusiva y otros 3.300 maestros. El colectivo ha iniciado una campaña de firmas para plantear a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas a la proposición que debe garantizar el 6% del PIB en educación para que se incluya la concertada. Por otra parte, la federación Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (AFFAC) presentó una campaña para reivindicar la escuela pública como la "mejor opción educativa", y criticó la renovación "casi automática" de conciertos.
En el ámbito de la concertada, la alianza –que representa a 677 escuelas, 340.000 alumnos y 30.000 trabajadores– reclama más financiación para garantizar la gratuidad de la escuela concertada, un incremento de plantilla para equipararse a la pública y una homologación retributiva y de condiciones laborales. Por otro lado, ante los cambios introducidos en la renovación de conciertos –cuando se da financiación pública a escuelas privadas para concertarlas– de todas las etapas justificados por Educació para "dar estabilidad al sistema", Ruiz admitió que no descartan recurrir a los tribunales para denunciar el cierre de 34 grupos el próximo curso, pero que, de momento, prioriza. Otro de los cambios más relevantes que ha introducido Educació es que los conciertos tendrán una duración de seis años.
Según la portavoz de las patronales y secretaria general de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña (FECC), Meritxell Ruiz, todo ello hace que la red concertada viva una situación "límite" y pone "en riesgo el servicio educativo catalán". De hecho, la alianza nace en un momento difícil para la escuela concertada por el goteo de cierres de grupos y el paso de centros en la red pública en un contexto de caída de la natalidad. En este sentido, Ruiz ha denunciado la "infrafinanciación" que sufre la red desde hace décadas y la falta de recursos específicos para atender a los escolares más vulnerables, aunque, ha subrayado, escolarizan a un 27% de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Según los cálculos de la FECC, el déficit de financiación en la concertada por plaza escolar es de 1.540 euros en infantil y de 1.884 euros en la ESO. Ruiz ha asegurado que Educació cuenta con cerca de 7.500 millones de euros de presupuesto y que del aumento de 1.775 millones que ha recibido últimamente, sólo ha recibido un 10% "pese a representar cerca del 30% del sistema".
La pública carga contra los conciertos
En paralelo, la AFFAC ha prestado atención para animar a las familias a elegir "exclusivamente" la escuela pública en la preinscripción del curso 2026-2027, coincidiendo con el inicio del proceso, que se abrirá del 4 al 18 de marzo para infantil y primaria y del 6 al 18 de marzo para ESO. La directora de AFFAC, Lidón Gasull, ha defendido que la pública es "la mejor opción" porque garantiza una educación "de calidad, inclusiva y equitativa", y ha subrayado que el hecho de marcar centros concertados en la solicitud puede favorecer derivaciones automáticas si no se obtiene plaza en la primera opción pública.
La AFFAC también ha indicado que la red pública asume mayoritariamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y ha denunciado que muchos centros siguen en "barracones". "El déficit [de recursos y oferta] está en la pública, que es la principal responsable de la escolarización y la que acoge a más alumnado vulnerable", ha remarcado Gasull.
En esta línea, ha denunciado que la oferta inicial del departamento "no tiene ningún sentido", porque propone una "inferior" a la que ya se prevé para el próximo curso. La sobreoferta de plazas en la concertada, afirmó la AFFAC, alimenta la "segregación escolar", al tiempo que denuncia que la estabilidad de seis años en la concertada contrasta con la planificación en la pública, que "cambia año tras año", y consolida un modelo dual que dificulta reducir ratios.