Los correctores de selectividad en el País Valenciano amenazan con dimitir si no hay acuerdo con el gobierno
El nuevo encuentro entre la consejería y sindicatos acaba justo con un pacto de diecinueve medidas para la reducción de la burocracia
ValenciaLa Asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de las PAU del País Valenciano, que forman 250 docentes, ha anunciado que está valorando no presentarse a la constitución de los tribunales para las pruebas de acceso a la universidad, renunciar en bloque el día que se conformen –2 de junio– o adoptar acciones "más contundentes" respecto a las calificaciones. El anuncio ha coincidido con un nuevo encuentro entre la Generalitat y los sindicatos para intentar poner fin a una huelga indefinida que ha entrado en su tercera semana y este martes ha tenido un seguimiento del 16%. Pese a la duración de la protesta, el encuentro únicamente ha servido para avanzar en la reducción de la burocracia.
En un comunicado, la asamblea, constituida ante lo que califican de "estancamiento de las negociaciones", reprochan a la consejería de Educación que no haya mostrado "una mínima flexibilidad" para atender las mejoras reclamadas por el profesorado. En concreto, critica que no haya mostrado "una verdadera preocupación" por las ratios "desorbitadas", la pervivencia de aulas no acondicionadas, la realización de tutorías no remuneradas, la existencia de un "profesorado quemado" por los procedimientos burocráticos, el "desprecio al valenciano" y la supresión de los grupos de la especialidad artística.
El colectivo también critica "el silencio" y la "escasa solidaridad" que ha habido por parte de las cinco universidades públicas valencianas, que a su parecer solo han manifestado un "tibio apoyo" y únicamente por parte de algunos departamentos y facultades. Exigen un "verdadero apoyo institucional" y un "sincero apoyo" al alumnado presente y futuro del cual se nutren la mayoría de las universidades valencianas. El escrito concluye que en ningún caso desean perjudicar el futuro de los alumnos ni las familias, pero que, debido a "la tibia respuesta de las universidades", se ven obligados a tomar estas medidas.
Ruptura sindical
El anuncio se produce al día siguiente de que los sindicatos ANPE y CSIF aceptaran la última propuesta de aumento salarial presentada por la consejería. La oferta prevé una subida de 200 euros mensuales en dos años con una cláusula de revisión para el último año para su vinculación al IPC. El STEPV, la UGT y CCOO –los sindicatos mayoritarios, que suman el 70% de la representación– continúan considerando "insuficiente" la oferta. Cabe destacar que en el sector público la legislación solo obliga a la administración a negociar, y le permite pactar con sindicatos minoritarios. No ocurre así en el sector privado, donde es necesario firmar el acuerdo con una mayoría sindical.
Después de leer el comunicado, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" al alumnado y ha garantizado que las pruebas se llevarán a cabo en "condiciones de normalidad" gracias a los servicios mínimos aprobados para la huelga educativa y acudiendo, si es necesario, a los profesores que hay en reserva.
Aproximación en la simplificación de la burocracia
En cuanto a los avances en iniciativas para reducir la burocracia, la consejería ha presentado un plan con diecinueve medidas. Una de las más importantes es la redacción y aprobación de un decreto de simplificación administrativa que incorporará una revisión de las cargas burocráticas. La Generalitat también se ha comprometido a simplificar los documentos oficiales para la evaluación de los alumnos, integrar diversas plataformas existentes actualmente, reducir los trámites de las tutorías e impulsar el teletrabajo durante los periodos no lectivos y para reuniones como los consejos escolares.
Por el contrario, donde no se han producido avances es en la reducción de ratios ni en el incremento salarial. Además, se ha dejado para este miércoles la negociación de la ampliación de las plantillas para atender la diversidad, el refuerzo del uso del valenciano y la mejora de las infraestructuras. No obstante, sobre los equipamientos, Educación ha avanzado un desembolso de casi 373 millones de euros y un plan para mejorar la climatización de las aulas.