El gobierno español alertó hace un año que se habían excluido demasiados alumnos catalanes de las pruebas PISA

BarcelonaEl ministerio de Educación advirtió hace más de un año a los servicios técnicos de la consejería de Educación que la OCDE había detectado una tasa de exención de alumnos catalanes superior a la permitida en las pruebas PISA 2025. Si bien la organización internacional fija que, en la muestra de un territorio, el porcentaje de estudiantes exentos de hacer la prueba no puede superar el 5%, en Cataluña esta tasa se disparó hasta el 23,3%. Según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado el ministerio en un comunicado, el aviso se produjo en abril de 2025, cuando las pruebas ya estaban en marcha —se hicieron entre el 31 de marzo y el 16 de mayo—, y fue la empresa encargada de gestionar su aplicación por la OCDE la que informó al Estado de las anomalías.

La cartera que encabeza Milagros Tolón —titular del ministerio de Educación desde diciembre de 2025, ocho meses después de realizarse las evaluaciones— explica que el personal técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa se puso en contacto con los responsables técnicos del Consejo Superior de Evaluación Educativa de Cataluña para trasladarles la detección de las incidencias. Ahora bien, el ministerio remarca que estas comunicaciones se limitaron al ámbito técnico y no llegaron a otros niveles de la administración —a la escala política— porque entonces aún no se podía determinar "el alcance ni las posibles consecuencias" de los problemas detectados.

El ministerio añade que no fue hasta marzo de 2026, cuando la OCDE presentó los resultados globales de las pruebas, que se pudo valorar el impacto real de las incidencias. Así, el gobierno español afirma que no fue hasta hace cuatro meses que se supo a ciencia cierta que los resultados de los alumnos catalanes no serían representativos para el informe internacional y, por tanto, no se podrían comparar con las notas de otros territorios ni tampoco con los mismos resultados de Cataluña en años anteriores. En la práctica, todo ello significa que la próxima edición de PISA no permitirá ver si el nivel de los alumnos catalanes ha mejorado o empeorado.

Consultados por este diario, desde la consejería de Educación se han limitado a decir que hay un proceso interno en marcha para intentar identificar y reconstruir los hechos que han llevado a esta incidencia. Fuentes gubernamentales indican que será el proceso de diligencias informativas el que determine el origen del error que hizo que la Generalitat descartara un 23% de los estudiantes.

Quien sí que ha hablado ha sido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha afirmado que el Govern no dio a conocer antes el error en la elaboración de las pruebas Pisa 2025 para no "informar sin evidencias". "No nos pareció prudente dar una información sin tener unas mínimas evidencias de lo que había podido pasar", ha dicho en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo, en la que ha dicho que la investigación en el departamento de Educación continúa abierta. "La primera detección efectivamente se hace en marzo. Aquí empieza todo un expediente de seguimiento, de valoración", ha afirmado.

¿Qué ha pasado exactamente?

A grandes rasgos, se puede afirmar que Catalunya no ha aplicado correctamente los criterios que la OCDE —los impulsores de las pruebas PISA— marca para justificar que un alumno no se someta a las pruebas, cosa que ha hecho que la muestra de estudiantes que sí que hicieron los exámenes no sea representativa del alumnado catalán que tiene 15 años.

En concreto, de los 2.545 alumnos catalanes de 15 años que debían participar en las pruebas PISA, 591 fueron excluidos, y finalmente solo hicieron la prueba 1.954, una desviación que, según la Generalitat, provocó “un problema de representatividad estadística”. PISA permite determinadas exenciones cuando una discapacidad física, cognitiva, conductual o emocional o un dominio insuficiente de la lengua imposibilitan hacer la prueba de manera adecuada. Con todo, estas circunstancias no implican automáticamente quedar fuera, ya que cada alumno debe ser valorado individualmente según la gravedad de su diagnóstico.

En una comparecencia el lunes en el Parlament, la consellera de Educación, Esther Niubó, defendió que el Govern todavía no sabe cómo se ha producido el error que ha invalidado la inclusión de los resultados de Catalunya en las pruebas internacionales. En aquella intervención en la comisión de Educación, Junts, la CUP, el PP y Vox reclamaron la dimisión de la consellera, mientras que Aliança Catalana pidió la disolución del Govern y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Este martes, el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha dado un paso más y ha explicado que su grupo ha registrado una solicitud a la junta de portavoces para que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca de forma "urgente" —este mismo viernes— para dar explicaciones sobre "el escándalo"

de las pruebas PISA. PP, Vox y la CUP también se mostraban partidarios a la modificación del calendario de plenos, pero la junta ha rechazado la propuesta juntaire con los votos en contra del PSC, Comuns y ERC.

Mientras los republicanos han votado en contra de la petición de Junts porque considera "absurdo" hacer comparecer a Illa antes de tener las conclusiones —y, han registrado una solicitud propia para que el president comparezca en septiembre—, los Comuns defienden que hacerlo en julio sería una comparecencia "clandestina" y un favor al president, y reclaman que se explique a la vuelta con luz y taquígrafos.