Un error hará que los resultados de Cataluña en las pruebas PISA no se puedan comparar con otros territorios ni años anteriores
La mala aplicación de los criterios para decidir qué alumnos quedan exentos de hacer los exámenes hace que la prueba no sea representativa
BarcelonaGrave revés en el sistema educativo catalán. Los resultados de las pruebas PISA en Cataluña que se harán públicos a principios de septiembre no se podrán comparar con otros territorios ni tampoco con ediciones de años anteriores. Es decir, que el informe PISA no permitirá ver si el nivel de los alumnos catalanes ha mejorado ni empeorado. El motivo es lo que desde el departamento de Educación se ha calificado de una "incidencia técnica, aislada y puntual". A grandes rasgos, Cataluña no ha aplicado correctamente los criterios que la OCDE —los impulsores de las pruebas PRISA— marca para justificar que un alumno no pase las pruebas, cosa que ha hecho que la muestra de estudiantes que sí que hicieron los exámenes no sea representativa del alumnado catalán que tiene 15 años. Un hecho del cual el Govern recibió una alerta en el mes de marzo y que ha comunicado este viernes, 24 de julio. El Govern ya ha abierto una investigación para esclarecer las causas del error.
Tal como ha explicado la directora general de Currículum y Desarrollo Profesional, Sónia Fernández Cuenca, ha habido un error en el índice de exención, es decir, en el porcentaje de estudiantes que se ha considerado que, ya sea por discapacidades físicas, cognitivas y emocionales o por desconocimiento de la lengua, no debían hacer los exámenes PISA. Concretamente, la OCDE marca que el porcentaje de alumnos exentos debe ser de un 5% y en las pruebas del año 2025 en Cataluña este porcentaje se disparó hasta el 23,2%. En otras palabras, el número de alumnos que no han hecho las pruebas PISA en Cataluña es demasiado elevado como para que los resultados de los exámenes representen el nivel real de los alumnos nacidos el año 2009. A priori, la muestra de las pruebas PISA para Cataluña era de 2.545 alumnos y de estos hasta 591 se decidió que no pasaran los exámenes: seis por discapacidad física, 92 por dominio insuficiente de la lengua y hasta 493 por discapacidad cognitiva, emocional o conductual.
Todo ello hará que los resultados no sean representativos y que, según el departamento de Educación y el ministerio de Educación, no se puedan comparar con las notas de otros territorios ni tampoco con los mismos resultados de Cataluña en años anteriores.
Ahora bien, esto no quiere decir que Catalunya no reciba los resultados de las pruebas PISA. De hecho, la media que obtengan los alumnos catalanes que sí han hecho la prueba servirá para determinar los resultados de España en el informe de la OCDE porque, según el Gobierno, el error en la muestra no afecta la representatividad a escala estatal. "Si la muestra no es equilibrada los resultados no son comparables, pero sí que son válidos", ha defendido Fernández Cuenca. También ha asegurado que errores como el perpetrado en Catalunya son "un fenómeno que la misma OCDE ha tenido que gestionar en otras ocasiones".
"Estamos ante un error técnico, no de un problema de nivel del alumnado ni de la calidad del sistema educativo. No ha habido ninguna manipulación ni ocultación de los datos", ha insistido la representante del departamento en diversas ocasiones durante la comparecencia que ha hecho por "responsabilidad y transparencia".
¿Qué ha pasado?
Aunque desde el departamento se ha asegurado que todavía se está investigando los motivos del error, sí que han puesto sobre la mesa diversos hechos que advierten que "no son conclusiones", pero que dan información de contexto alrededor del error. Uno de estos hechos "de contexto" es que, tal como ha detallado Fernández Cuenca, las pruebas PISA coincidieron en muy poco tiempo con las pruebas de final de etapa de 4º de ESO —las antiguas competencias básicas— y las pruebas catalanas tienen unos criterios más amplios que las de la OCDE a la hora de decidir qué alumnos quedan exentos de hacer el examen. Esto podría haber hecho que los mismos centros educativos tuvieran "confusión" a la hora de aplicar los criterios correctos a cada prueba.
Aquí, hay que tener en cuenta que, tal como ha descrito Educación, aunque en el circuito para determinar qué alumnos pasan las pruebas y cuáles están exentos está la OCDE, dos empresas, España y las comunidades, el último paso para aplicar los criterios de exención es de los mismos centros educativos.
Otro de los hechos que la directora general de Currículum ha admitido es que la aplicación de las pruebas PISA —del 31 de mayo al 16 de mayo—, coincidió con un "proceso de transición" entre el Consejo Superior de Evaluación (el organismo que había sido responsable de la aplicación de las pruebas desde hace años) y la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación (el nuevo organismo de quien dependen las evaluaciones del sistema educativo). "En el momento de los hechos el proceso de creación de la agencia todavía estaba en constitución", ha admitido Fernández Cuenca.
¿Y ahora qué?
Según han detallado desde el Gobierno, en el mes de marzo la OCDE avisó al ministerio del error en la muestra catalana y, estos lo comunicaron a la directora de la Agencia de Evaluación. A partir de aquí, "inmediatamente" el departamento abrió unas "diligencias previas informativas de carácter reservado" y este proceso para recopilar la información "aún está abierto". "Puedo afirmar que es un caso aislado", ha justificado sin embargo la directora general de Currículum. Además, también ha asegurado que el Gobierno "tiene la evidencia" de que es un caso aislado porque este año también se han hecho pruebas estatales, internacionales (PIRLS) y catalanas y en todas ellas las tasas de exención "han estado dentro del margen del umbral que marca cada prueba".
Educación también ha insistido en que ahora su prioridad es "garantizar que [un error como este] no se repita". En este sentido, Fernández Cuenca ha explicado que "hoy mismo" se ha creado un órgano "hasta ahora inexistente" para ordenar y aplicar cada prueba del sistema haciendo "protocolos, circuitos de actuación y umbrales de alerta para cada una de las pruebas". El objetivo de este órgano llamado Comisión de coordinación de pruebas y estudios de evaluación será que "la validación de las exenciones —cuando un alumno queda exento de hacer los exámenes— se haga "siempre y para todas las pruebas". "Hasta ahora esto dependía de circuitos informales y ahora corresponderá a un orden estable que tendrá un protocolo específico para gestionar cualquier incidencia con antelación suficiente", ha asegurado la representante del departamento.