Pruebas PISA

Arriba-abaix en las pruebas PISA: un error de Catalunya hará imposible comparar resultados con otros años y territorios

La mala aplicación de los criterios de la muestra de alumnos no permitirá concluir si el nivel educativo mejora o empeora

25/07/2026 - 11:01 h.

BarcelonaGrave revés en el sistema educativo catalán. Los resultados de las pruebas PISA en Cataluña que se harán públicos a principios de septiembre no se podrán comparar con otros territorios ni tampoco con ediciones de años anteriores. Es decir, que el informe PISA no permitirá ver si el nivel de los alumnos catalanes ha mejorado o empeorado. El motivo es lo que desde el departamento de Educación se ha calificado como una "incidencia técnica, aislada y puntual". A grandes rasgos, Cataluña no ha aplicado correctamente los criterios que la OCDE —los impulsores de las pruebas PISA— marca para justificar que un alumno no se someta a las pruebas, cosa que ha hecho que la muestra de estudiantes que sí que hicieron los exámenes no sea representativa del alumnado catalán que tiene 15 años. El Govern recibió una alerta del error en marzo y lo ha comunicado este viernes, 24 de julio. Ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este fiasco.

Tal como ha explicado la directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, Sònia Fernández Cuenca, ha habido un error en el índice de exención, es decir, en el porcentaje de estudiantes que se ha considerado que, ya sea por discapacidades físicas, cognitivas y emocionales o de desconocimiento de la lengua, no debían hacer los exámenes PISA. Concretamente, la OCDE marca que el porcentaje de alumnos exentos debe ser de un 5%, y en las pruebas del año 2025 en Cataluña este porcentaje se disparó hasta el 23,2%. En otras palabras, el número de alumnos que no han hecho las pruebas PISA en Cataluña es demasiado elevado para que los resultados de los exámenes representen el nivel real de los alumnos nacidos en el año 2009. A priori, la muestra de las pruebas PISA para Cataluña era de 2.545 alumnos y de estos hasta 591 se decidió que no pasaran los exámenes: seis por discapacidad física, 92 por dominio insuficiente de la lengua y hasta 493 por discapacidad cognitiva, emocional o conductual.

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Todo ello hará que los resultados no sean representativos y que, según el departamento de Educación y el ministerio de Educación, no se puedan comparar con las notas de otros territorios ni tampoco con los mismos resultados de Cataluña en años anteriores.

Ahora bien, esto no quiere decir que Cataluña no reciba los resultados de las pruebas PISA. De hecho, la media que obtengan los alumnos catalanes que sí han hecho la prueba servirá para determinar los resultados de España en el informe de la OCDE porque, según el Gobierno, el error en la muestra no afecta la representatividad a escala estatal. "Si la muestra no es equilibrada, los resultados no son comparables, pero sí que son válidos", ha defendido Fernández Cuenca. También ha asegurado que errores como el perpetrado en Cataluña son "un fenómeno que la misma OCDE ha tenido que gestionar en otras ocasiones".

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"Estamos ante un error técnico, no ante un problema de nivel del alumnado ni de la calidad del sistema educativo. No ha habido ninguna manipulación ni ocultación de los datos", ha insistido la representante del departamento en diversas ocasiones durante la comparecencia que ha hecho por "responsabilidad y transparencia".

¿Qué ha pasado?

Aunque desde el departamento se ha asegurado que todavía se está investigando los motivos del error, sí que han puesto sobre la mesa diversos hechos que advierten que "no son conclusiones", pero que dan información de contexto alrededor del error. Uno de estos hechos "de contexto" es que, tal como ha detallado Fernández Cuenca, las pruebas PISA coincidieron en muy poco tiempo con las pruebas de final de etapa de 4º de ESO —las antiguas competencias básicas— y las pruebas catalanas tienen unos criterios más amplios que las de la OCDE a la hora de decidir qué alumnos quedan exentos de hacer el examen. Esto podría haber hecho que los mismos centros educativos tuvieran "confusión" a la hora de aplicar los criterios correctos a cada prueba.

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Aquí hay que tener en cuenta que, tal como ha descrito Educación, aunque en el circuito para determinar qué alumnos pasan las pruebas y cuáles están exentos está la OCDE, dos empresas, España y las comunidades, el último paso para aplicar los criterios de exención es de los mismos centros educativos. Ni Govern ni ministerio validan a posteriori la elección final.

Otro de los hechos que la directora general de Currículum ha admitido es que la aplicación de las pruebas PISA –del 31 de marzo al 16 de mayo—, coincidió con un "proceso de transición" entre el Consejo Superior de Evaluación (el organismo que había sido responsable de la aplicación de las pruebas desde hace años) y la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación (la APE, el nuevo organismo de quien dependen las evaluaciones del sistema educativo). "En el momento de los hechos el proceso de creación de la agencia todavía estaba en constitución", ha admitido Fernández Cuenca.

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Ahora bien, pocas horas después de estas declaraciones la misma agencia —que depende de la Generalitat— ha hecho un comunicado recordando que" la APE inició su actividad el 7 de julio de 2025, es decir, con posterioridad a la gestión y la aplicación de PISA 2025 en Cataluña". A pesar de ello, también explican que "atendidas las funciones" que tiene atribuidas la agencia ha tenido conocimiento de la incidencia y "es plenamente consciente del impacto: la pérdida de representatividad y de fiabilidad estadística de los resultados de la muestra catalana". Además, defienden que desde que ha comenzado a funcionar la agencia todas las pruebas se han hecho con garantías en las muestras utilizadas.

¿Y ahora qué?

Según han detallado desde el Gobierno, en marzo la OCDE avisó al ministerio del error en la muestra catalana, y estos lo comunicaron a la directora de la Agencia de Evaluación. A partir de aquí, "inmediatamente" el departamento abrió unas "diligencias previas informativas de carácter reservado" y este proceso para recopilar la información "aún está abierto". "Puedo afirmar que es un caso aislado", ha justificado, sin embargo, la directora general de Currículum. Además, también ha asegurado que el Gobierno "tiene la evidencia" de que es un caso aislado porque este año también se han hecho pruebas estatales, internacionales (PIRLS) y catalanas y en todas las tasas de exención "han estado dentro del margen del umbral que marca cada prueba".

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Educación también ha insistido en que ahora su prioridad es "garantizar que [un error como este] no se repita". En este sentido, Fernández Cuenca ha explicado que "hoy mismo" se ha creado un órgano "hasta ahora inexistente" para ordenar y aplicar cada prueba del sistema haciendo "protocolos, circuitos de actuación y umbrales de alerta para cada una de las pruebas". El objetivo de este órgano llamado Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación será que "la validación de las exenciones —cuando un alumno queda exento de hacer los exámenes— se haga "siempre y para todas las pruebas". "Hasta ahora esto dependía de circuitos informales y ahora corresponderá a un orden estable que tendrá un protocolo específico para gestionar cualquier incidencia con antelación suficiente", ha asegurado la representante del departamento.

Ustec pide una auditoría

Las reacciones al desastre con las pruebas de la OCDE no se han hecho esperar. Junts y PP ya han pedido la comparecencia de la consellera de Educación Esther Niubó por el error en las pruebas y han tildado el hecho "de incompetencia". También desde USTEC han emitido un comunicado contundente contra el Govern al que le reprochan ocultar la información durante meses, ya que el ejecutivo tuvo conocimiento de la incidencia el pasado mes de marzo. Además, el sindicato ha exigido una auditoría independiente, la asunción de responsabilidades y el fin del convenio del Govern con la OCDE. "La inclusión no consiste en hacer desaparecer a los alumnos vulnerables de las estadísticas", han advertido desde el sindicato mayoritario en el sector que ha convocado huelga el 8 de septiembre, el primer día de curso.