La Justícia sólo ve "viable" la inmersión lingüística si se deja escoger entre estudiar en catalán o castellano
Los magistrados se adelantan al veredicto del Constitucional sobre las nuevas normas catalanas para blindar el sistema catalán
BarcelonaHace casi un año que el Tribunal Constitucional (TC) tiene sobre la mesa la ley y el decreto ley que impulsaron el Gobierno y el Parlament en el 2022 para blindar la inmersión lingüística en las escuelas. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien le elevó la consulta. Precisamente este martes el alto tribunal catalán ha avanzado su posicionamiento sobre la normativa sin esperar la respuesta del TC: los magistrados consideran que es "inconstitucional" y que el sistema de inmersión lingüística que se aplica en las escuelas de Catalunya "solo sería viable" en caso de que las familias pudieran elegir entre escolarizar a sus hijos solo en lengua catalana o exclusivamente en lengua castellana en un centro público.
Es el argumento que dan en una de las sentencias donde reconocen el derecho de una nueva familia a que su hijo reciba un 25% de castellano en las aulas. "Un sistema de inmersión, como el utilizado en el centro aquí examinado, podría tener viabilidad en una enseñanza gratuita binaria o de opción lingüística, pero presenta unos límites en un modelo único integral de enseñanza gratuita para todos los alumnos y alumnas, como es el sistema educativo de Catalunya, donde deben respetarse la cooficialidad de las lenguas y el derecho de los alumnos a recibir un mínimo de enseñanza en castellano, de acuerdo con los fundamentos de la Constitución", dice la sentencia.
Los magistrados de la sala quinta contenciosa que han emitido este nuevo pronunciamiento se basan en anteriores sentencias del propio tribunal y del TC. Con esta resolución, el alto tribunal se adelanta al fallo del Constitucional. Sin embargo, habrá que ver qué dice el tribunal de garantías español sobre las dos normativas recurridas, porque el TSJC deberá limitarse a lo que establezca. Previendo que el TC puede tumbar estas normativas, el departament d'Educació ya tiene previsto aprobar y desplegar en los próximos meses el decreto de régimen lingüístico que desarrolla la nueva normativa y que podría convertirse en un tercer escudo para blindar la inmersión, junto con la ley y el decreto ley recurridos.
Este martes, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha criticado que el tribunal haya comunicado las nuevas sentencias en plena campaña electoral por querer influir en el resultado de las elecciones: "El TSJC ha querido entrar en campaña", ha dicho, al tiempo que ha acusado a los magistrados de "excederse" en sus funciones. El departament presentará un recurso al Tribunal Supremo porque entiende que las nuevas resoluciones son contrarias al marco legal catalán y, por tanto, no se pueden aplicar.
Derechos de los alumnos que están de paso en Catalunya
La sentencia del TSJC reconoce que el objetivo de la normativa catalana es que los niños y adolescentes "dominen ambas lenguas" cuando acaben los estudios, pero critica que el sistema vigente "obvie" los derechos de los alumnos "que solo están transitoriamente" en Catalunya. "No pueden crearse etapas educativas de inmersión que puedan perjudicar a estos alumnos", insisten los magistrados, que también consideran "insuficiente" e "inadecuado" el peso del castellano en las escuelas públicas.
Ya hace años que la doctrina del propio TSJC y la del Tribunal Supremo coincidieron en establecer en un 25% el porcentaje de lengua castellana en las escuelas de Catalunya. Pero la nueva normativa catalana ha dejado de hablar en términos de volumen y ahora se basa en las competencias que logran dominar los alumnos. Por eso, en su momento el TSJC dudó de la constitucionalidad del decreto ley y la ley impulsadas en el 2022 y las llevó al TC, que todavía tiene que dictaminar o no la validez.
Sin embargo, el alto tribunal catalán sigue dando salida a los recursos de familias que, a título individual, piden escolarizar a los hijos en castellano. Esta vez, el TSJC ha dado la razón a otras tres familias para que tengan un 25% de castellano en el aula. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que representa a la mayoría de familias que recurren a los tribunales con esta pretensión, ha comunicado este martes la existencia de otras dos sentencias en el mismo sentido.