Más de 2.000 millones y un millar de profesionales para reforzar los servicios sociales municipales
El acuerdo con el mundo local prevé mejoras en la atención domiciliaria y simplificaciones burocráticas
BarcelonaUno de los deberes pendientes del Gobierno en materia de servicios sociales era actualizar la partida que destina a los ayuntamientos y los consejos comarcales para la atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, dependencia y pobreza, que no se renovaba desde 2025. Con este dinero el mundo local financia la atención a niños y adolescentes y a personas en situación de sinhogarismo, y también los sueldos de los trabajadores que realizan atención domiciliaria, por poner algunos ejemplos. Este miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmado un nuevo acuerdo para el periodo 2027-2030 que prevé destinar más de 2.000 millones de euros e incorporar más de 1.000 nuevos profesionales a los servicios sociales del mundo local a lo largo de los próximos cuatro años.
El jefe del ejecutivo catalán ha presidido el acto de firma de este nuevo contrato programa, en el que también han participado el consejero de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno; la presidenta de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Meritxell Budó, y el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), David Bote. La cifra global se divide en 2.181 millones de euros directos para el convenio marco y 136,3 millones de euros para actuaciones de transporte adaptado y políticas de juventud.
Una de las novedades es la manera en que los ayuntamientos y los consejos comarcales financiarán los servicios sociales. Hasta ahora, el sistema funcionaba mediante una serie de fichas justificativas individuales que requerían un "tedioso proceso de revisión durante todo el año", según fuentes de Derechos Sociales. Con el nuevo modelo, casi todos los fondos se tramitarán como transferencia directa y solo un pequeño porcentaje se mantendrá como subvención tradicional. Los ayuntamientos comunicarán la intervención realizada en cada caso y el departamento efectuará el pago. "Esto reduce el trabajo burocrático y permite una relación más rápida, eficiente y moderna entre administraciones", defienden las mismas fuentes.
El nuevo plan también incluye una mejora del sueldo de las personas que trabajan en el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), una reivindicación del sector. El Gobierno prevé aumentar el precio por hora del servicio de los 24 euros actuales a 27 euros en 2027 y, a partir de ahí, cada año subirá un euro hasta llegar a los 30 euros por hora en el año 2030. Desde Servicios Sociales remarcan que esto supone "un esfuerzo muy importante", ya que cada euro de más que paga por este servicio supone 7 millones de euros más para el Gobierno.
Más contrataciones
El Gobierno ha desglosado el millar de nuevas contrataciones que prevé que hagan los ayuntamientos con este nuevo plan. Por un lado, la atención primaria se reforzará con 276 profesionales adicionales para los Equipos Básicos de Servicios Sociales (EBAS) para tareas de dirección, coordinación y atención directa. En el área de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA), se sumarán 472 efectivos nuevos —incluyendo figuras de coordinación y administración— para reducir la institucionalización de menores. En cuanto a la lucha contra el sinhogarismo, el despliegue incluirá 115 perfiles nuevos, repartidos entre 93 educadores de calle (74 en 2027 y 19 en 2028) y 22 referentes especializados en el territorio. Además, se añadirán 15 nuevos técnicos destinados a reforzar las políticas de juventud en los entornos rurales.
La semana pasada el consejero de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, ya anunció que el ejecutivo catalán destinará el doble de lo que se invierte ahora para que los ayuntamientos hagan frente al sinhogarismo, y que se pasará de los 62,2 millones de euros del periodo 2022-2025 a un total de 133 millones de euros hasta 2030. Además, este incremento financiará 1.100 nuevas plazas de alojamiento y atención repartidas por los diferentes municipios catalanes, entre los cuales no está Barcelona, que articula la lucha contra esta lacra por otro canal con el departamento porque la problemática es más grave en la capital.