Más de 90 desahucios previstos para esta semana en Barcelona

BarcelonaA pesar de la repercusión política y social que han tenido los dos decretos de vivienda tumbados el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, con la convocatoria de elecciones en el horizonte y decenas de personas acampadas en los centros de ciudades de todo el Estado como Madrid y Barcelona, la emergencia de la vivienda no se detiene. Este lunes comenzará una nueva semana de desahucios sin la protección a los inquilinos que conferían los decretos, que se promovieron a toda prisa por la presión de la ciudadanía y de los sindicatos a raíz de la expulsión de Maricarmen Abascal, una vecina de Madrid de casi 90 años. Ella, finalmente, podrá volver a casa después de llegar a un acuerdo con el fondo de inversión propietario del piso del cual la echaron, pero todavía hay cientos de personas que continúan sin tener ninguna alternativa y que se enfrentan a un posible desahucio en los próximos días. Según ha podido saber el ARA, solo en Barcelona, la ciudad donde se practican más desahucios de Cataluña, hay más de 90 previstos para esta semana.

Estos vecinos tienen una orden de desahucio para esta semana, pero eso no significa que se acaben ejecutando. Las negociaciones entre la propiedad y la defensa de los inquilinos se acostumbran a alargar hasta el último momento y en algunos casos pueden culminar con la suspensión del lanzamiento. La semana pasada, por ejemplo, durante el breve periodo en el que los decretos estuvieron vigentes –hasta que el PP, Vox y Junts los tumbaron– se detuvieron al menos una decena de desahucios en la capital catalana. En otros casos se aplazan para más adelante y se fija una nueva fecha. De hecho, había un centenar de desahucios previstos en Barcelona esta semana, pero una decena ya han quedado suspendidos.

A pesar de los tira y afloja entre las partes para evitar un desahucio forzoso, hay un número importante que se acaban ejecutando. El año pasado se programaron más de 2.000, de los cuales se terminaron ejecutando más de 1.300, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque ha habido un descenso importante de desahucios desde la pandemia –en el año 2019 se llevaron a cabo más de 2.000 lanzamientos–, existe un gran malestar general entre la ciudadanía promovido por el aumento del precio de los alquileres y las dificultades para acceder a un piso o una casa, especialmente en las zonas más tensionadas, como las grandes ciudades. A esto hay que sumar que el número de desahucios crece sostenidamente desde 2023, después de la tregua inesperada por el impacto de la covid, que permitió prorrogar muchos contratos.

Sin protección

Por todo ello, los sindicatos de inquilinos y el movimiento en defensa del derecho a la vivienda reivindicaban la necesidad de los decretos, que han tenido una vida muy corta. La situación deja sin protección a estas personas pendientes de un desahucio. Los dos decretos se publicaron el miércoles pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y estuvieron en vigor hasta el viernes. Con uno decae la posibilidad de que se pongan en marcha los llamados contratos de alquiler indefinidos: se pierden las prórrogas automáticas de los contratos que en algunos casos estarían acompañadas de indemnizaciones a los inquilinos –si no se cumple con la ley–. Con el otro desaparecen una batería de medidas, muchas de ellas sociales, también en materia de vivienda. Por ejemplo, la moratoria de algunos desahucios a familias vulnerables.

La suspensión de algunos desahucios de familias vulnerables, y también la compensación a ciertos propietarios en caso de que el juez detenga el desahucio, no era una medida del todo nueva. Una propuesta similar se puso en marcha durante la covid-19 y estuvo en vigor hasta diciembre de 2025. Se volvió a votar en enero de 2026, cuando se quería prorrogar, pero el PP, Vox y Junts votaron en contra. Entre 2020 y 2025, se habían conseguido paralizar hasta 70.000 desahucios de familias vulnerables sin alternativa residencial. En Cataluña, fueron 13.000, según los últimos datos del Observatorio DESCA, que desde entonces monitoriza su impacto. Durante este mismo periodo, el CGPJ ha contabilizado 160.000 desahucios que sí se llegaron a ejecutar.